El gobierno panameño no protegió a la población contra la brutalidad policial y la criminalización de los manifestantes, especialmente ambientalistas, sindicalistas y estudiantes de universidades públicas. Cuatro personas fueron asesinadas en un contexto en el que el gobierno, la empresa minera canadiense (First Quantum), la policía, los principales medios de comunicación y los grupos empresariales alimentaron el odio entre pro mineros y manifestantes.