Este capítulo fue escrito por Caren Weisbart, Jennifer Moore, y Charlotte Connolly.
En este capítulo analizamos el decisivo apoyo de la Embajada de Canadá en Guatemala para la puesta en operación de la mina Escobal de Tahoe y, a su vez, la sutileza con que las autoridades canadienses se ampararon en la identidad canadiense de la empresa, o en su falta, dependiendo del contexto y de los intereses en juego. Por un lado, se la consideraba a Tahoe lo suficientemente canadiense como para acceder al apoyo del cuerpo diplomático norteño a la hora de evitar alzas en las tasas de regalías mineras en Guatemala y facilitar la adquisición de la licencia de explotación. Por otro lado, las autoridades canadienses indicaban que Tahoe era estadounidense y negaban tener influencia al surgir problemas en torno a la criminalización de protestas pacíficas y la violencia hacia comunidades. Al indagar sobre el carácter discriminatorio de la diplomacia canadiense en Guatemala se resalta el rol, si bien indirecto, que puede ejercer un gobierno extranjero en la consolidación de la violencia estructural y el racismo, posibilitando el tipo de daños que provoca la minería en las comunidades afectadas, ampliamente documentado en Guatemala y en otras partes de América Latina.