José Tendetza tendría que haber estado en Lima, Perú la semana pasada en las charlas sobre cambio climático, siendo una de las imponentes voces indígenas que tomarían la palabra sobre la destrucción de las actividades de minería y energía que países como Canadá acarrean tanto en su comunidad como en tantas otras de los países del sur.
José Tendetza, líder indígena shuar de Zamora Chinchipe, Ecuador, rechazaba ser desplazado de su territorio para Mirador, el proyecto ilegal de oro y cobre que actualmente se halla en construcción. Este proyecto pertenece hoy al consorcio chino CRCC-Tongguan, y hasta agosto del 2010 fue propiedad de Corriente Resources, empresa minera junior de Vancouver, Canadá. CRCC-Tongguan aún tiene una filial en Vancouver.
El 2 de diciembre, un grupo de mineros halló el cuerpo sin vida de José, amarrado con una cuerda azul en un afluente del río Zamora. En las fotografías de la policía, indica el dirigente shuar Domingo Ankuash, hay evidencia de que fue torturado. Tendetza había desaparecido el 28 de noviembre, y su cuerpo se enterró incluso antes de que se notificara a su familia sobre la muerte.
En un primer momento, la policía alegó que murió en un accidente de pesca. Luego el gobierno dijo que probablemente haya sido por estrangulación. La familia y amigos de José no creen ninguna de estas historias y exigen una investigación completa, imparcial e independiente con apoyo internacional, haciendo a su vez un llamado de atención sobre el aumento de violencia en relación al desarrollo de este proyecto, incluyendo la muerte de dos otros oponentes a la mina, ambos shuar, ultimados desde el 2009: Bosco Wisum y Fredy Taish.
No nos encontramos ante el primer caso de violencia vinculado al proyecto Mirador. A finales del 2006, estando el proyecto aún en manos de Corriente Resources, el estado reprimió violentamente a pobladores manifestándose en contra del proyecto, al igual que a dos periodistas y un diputado. El diputado fue secuestrado, amarrado y vejado por soldados en la propiedad de la empresa, lo cual se denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estos hechos llevaron a la suspensión del proyecto, y, luego, un decreto constitucional debería finalmente haber resultado en su clausura. Sin embargo, al menos parcialmente gracias a los inagotables esfuerzos de la Embajada Canadiense en Ecuador, el decreto no se aplicó al proyecto en su totalidad.
Conforme lo que estipula el Mandato Minero, de índole constitucional y actualmente en vigencia, aprobado por la Asamblea Constitucional de Educador en 2008, el proyecto Mirador debería haber perdido todas o la mayor parte de sus concesiones mineras debido a que se superponen con nacimientos de agua y áreas protegidas, y que carecen de consulta previa con las comunidades indígenas y campesinas afectadas. Pero al emitirse el mandato, la Embajada Canadiense se esmeró de parte de esta y otras empresas mineras para garantizar que no afectara sus proyectos y que contaran con un espacio privilegiado en la redacción de una nueva ley de minería.
El proyecto sigue siendo objeto de numerosas quejas, incluyendo en una audiencia ante la CIDH en Washington DC este octubre pasado, que contó con la asistencia de José Tendetza y otros dirigentes comunitarios de Ecuador. El gobierno de Ecuador no asistió.
Las autoridades canadienses podrían haber intervenido en estas quejas, pero optaron mantenerse al margen.
En julio del 2013, un grupo de ecuatorianos de comunidades afectadas presentaron una petición en contra del proyecto Mirador ante el Punto de Contacto Nacional canadiense (PCN), ente a cargo de la administración de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. El PCN canadiense se rehusó a tomar en consideración las serias alegaciones, incluyendo el desplazamiento forzado y la falta de consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. Tras un año de demora, publicó una evaluación preliminar de la queja, indicando que no seguiría adelante y que las alegaciones carecían de fundamento. El PCN no brindó explicación detallada alguna, y en ningún momento solicitó mayores detalles de parte de los querellantes, aunque sí entabló diálogos con la empresa durante meses. Si Canadá se hubiera pronunciado sobre esta queja, habría podido ayudar a disipar y frenar la escalada de violencia y represión en Ecuador.
José Tendetza no tenía por qué morir. El gobierno de Canadá estaba al tanto de las tensiones y podría haber intervenido.
Sin embargo, siempre que se mantenga la impunidad en torno a grandes proyectos mineros como éste con el apoyo tanto de Canadá como del estado “anfitrión”, se mantendrán las condiciones propicias para éste y muchos otros actos de violencia y destrucción. Ya sea en Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Colombia, Perú, Tanzania, Sudáfrica o Papúa Nueva Guinea, la lista de proyectos mineros canadienses manchados con sangre es larga.
Se necesita, con urgencia, un Defensor del Pueblo independiente en Canadá, con la capacidad de investigar y sancionar a las empresas que no cumplan con la reglamentación, y el acceso garantizado de las comunidades afectadas por la minería a los tribunales canadienses.
Sin embargo, esto sólo responderá a los daños que ya se han ocasionado. Para prevenir mayores daños, el estado canadiense debe dejar de contribuir al problema al fomentar y facilitar de manera deliberada, licenciosa, e incondicional proyectos mineros en todo el mundo.