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Decisión de CIADI alienta a El Salvador en disputa minera

Decisión de CIADI alienta a El Salvador en disputa minera

Los activistas contra la minería, argumentan que la decisión del 14 de octubre del CIADI, en el caso Pacific RIM, ofrece sólo un aplazamiento, planea utilizar la atención creada por el fallo para presionar por una prohibición permanente de la minería metálica en El Salvador.

Redacción: Elisabeth Malkin

Fotografía: Luis Tobar

(Ciudad de México, México) El gobierno de El Salvador y los opositores de la minería obtuvieron una victoria importante este mes, cuando un panel de arbitraje rechazó la demanda de una empresa minera australiano canadiense de que se le otorgase US$314 millones en indemnización después de que se le negara un permiso para perforar en busca de oro. Pero los activistas contra la minería, argumentando que la decisión del 14 de octubre ofrece sólo un aplazamiento, planea utilizar la atención creada por el fallo para presionar por una prohibición permanente de la minería metálica en El Salvador

Desde 2008 ha estado en vigencia en el país una moratoria administrativa de permisos mineros; sin embargo, a menos que la Asamblea Legislativa unicameral la apruebe como ley, un nuevo presidente podría romper con sus predecesores simplemente ordenando que los funcionarios empiecen a examinar las solicitudes.

“Las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, así que no podemos quedarnos con los brazos cruzados”, dice Pedro Cabezas, del programa de minería y derechos humanos de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes), una organización de desarrollo rural que integra una alianza llamada la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.

 Añade Cabezas: “Es una larga lucha que se prolongará muchos años”. La primera ronda de esta lucha implica a una empresa llamada Pacific Rim, que solicitó un permiso para abrir una mina de oro en el departamento nor-central de Cabañas en 2004 después de varios años de exploración. A diferencia de sus vecinos Guatemala y Honduras, El Salvador no tiene minería a gran escala, y rápidamente comenzó a formarse oposición pública contra Pacific Rim.

Dada la densa población de El Salvador y la presión sobre sus recursos hídricos, los opositores de la minería temían especialmente que la mina de oro podría contaminar el Lempa, el río más largo del país y fuente de agua para prácticamente la mitad del país. Aunque el gobierno de derecha de ese momento acogió a Pacific Rim, la solicitud de la empresa para una concesión no cumplió con los requisitos legales, de acuerdo con documentos de la decisión arbitral. Entre los problemas estuvieron la falta de un permiso ambiental y no haber adquirido derechos sobre la tierra para la mayor parte de la concesión.

La minería metálica atrajo creciente oposición a nivel nacional. La Iglesia Católica Romana se declaró contra ella, y varios estudios académicos confirmaron la vulnerabilidad del pequeño país a esta industria.

La oleada contra la minería hizo que el gobierno de derecha declarase la moratoria, que se ha mantenido en vigor durante dos gobiernos sucesivos de izquierda. Una evaluación externa a la industria encargada por el gobierno en 2011 sostuvo que El Salvador no estaba preparado para aceptar grandes proyectos mineros. El estudio apuntó a varios problemas, entre ellos la fragilidad ambiental del país además de la debilidad de las instituciones encargadas de regular y supervisar las empresas mineras.

 Asimismo, la geología del país ha atraído sobre todo el interés de empresas mineras más pequeñas que tienen menos recursos para mitigar los daños ambientales. Por último, el informe señaló que hay un intenso conflicto social en torno a los proyectos mineros. “No estamos contra la inversión”, dice Lina Pohl, ministra de ambiente de El Salvador. Pero, añade, “primero hay una serie de condiciones que tienen que cumplirse para que la minería sea aprobada”.

En respuesta a la moratoria, en 2009 una subsidiaria de Pacific Rim llamada Pac Rim Cayman llevó a El Salvador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o CIADI, un panel de arbitraje del Banco Mundial en Washington, D.C. Pacific Rim, que tiene su sede en Canadá, fue adquirida en 2013 por Oceana Gold, una empresa australiano-canadiense que continuó con la demanda de arbitraje.

La empresa estima que perdió US$314 millones en ganancias potenciales debido a que el proyecto fue detenido, una cifra que es más de 1% del Producto Interno Bruto de El Salvador. En su demanda, Pac Rim Cayman dijo que había hecho la inversión inicial en la exploración en El Salvador porque las autoridades acogieron el proyecto y llevaron a la empresa a creer que, si se encontraba oro, le concederían permisos para abrir una mina.

Después de siete años el panel decidió a favor de El Salvador, conviniendo en que nunca se le solicitó al gobierno que emitiese un permiso de explotación minera a Pacific Rim. Denegó a la empresa cualquier tipo de indemnización y ordenó que OceanaGold reembolsara a El Salvador $8 millones en honorarios legales.

En un comunicado, la empresa dijo que evaluaría sus próximos pasos, sugiriendo que puede apelar. La disputa en torno a Pacific Rim se había convertido en una prueba para las organizaciones que se oponen al uso del arbitraje conforme a los tratados internacionales de comercio e inversión.

Activistas y grupos ecologistas dicen que las grandes empresas utilizan el CIADI para impugnar el derecho de los gobiernos a establecer normas de salud y seguridad. Una serie de tales casos presentados contra países latinoamericanos ante este tribunal se relacionan con disputas sobre minas o yacimientos de petróleo y gas. “Es un mecanismo de arbitraje que se creó para proteger a las corporaciones en los países en desarrollo”, dice John Cavanagh, director del Institute for Policy Studies de Washington, D.C.

Jamie Kneen, portavoz de Mining Watch Canada, dice que las empresas utilizan la amenaza del arbitraje como forma de presionar a los gobiernos. “No hay necesidad de agotar otras vías antes de ir al tribunal de inversiones”, dice. “No es un último recurso, es un primer recurso”.

En El Salvador, los activistas califican el fallo como una victoria moral, pero dicen que se necesita una nueva ley para prohibir la minería metálica antes de las elecciones de 2019, que podrían llevar al poder un gobierno de derecha.

Pese al apoyo público a la prohibición, la Asamblea Legislativa ha sido reacia a aprobarla, dice Cabezas. Mientras tanto, Oceana Gold y otras empresas mineras todavía tienen presencia legal en El Salvador a pesar de que sus actividades han sido congeladas por la moratoria. Dice Cabezas: “Si yo fuera la empresa, seguiría con el caso hasta que las condiciones cambien.”