Comunicado

Informe pide nuevas medidas para prevenir y reparar el daño de las empresas multinacionales

(Ottawa/Amsterdam) Una oficina gubernamental creada en el año 2000 para promover la conducta empresarial responsable por parte de las multinacionales no está logrando evitar ni reparar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas canadienses que operan en el extranjero, según un informe publicado hoy por Above Ground, Alerta Minera Canadá y OCDE Watch.

El informe, "Canadá ha vuelto.” Ahora, a Recuperar el Camino, analiza el modo en que el Punto Nacional de Contacto (PNC) de Canadá de las líneas directrices de la OCDE ha gestionado las denuncias de daños graves relacionados con proyectos extractivos canadienses. La finalidad de esta oficina es solucionar las quejas mediante “la facilitación del diálogo,” lo que requiere la participación voluntaria de las empresas. El Gobierno de Canadá se apoya en el PNC como un elemento central de su Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y lo define como un "mecanismo sólido y de probada eficacia para la resolución de quejas."

Entre las denuncias analizadas en el informe se incluyen alegaciones de malas prácticas empresariales que han provocado destrucción medioambiental, la muerte de decenas de mineros y desalojos violentos, así como agresiones y muertes a manos de la policía y de guardias de seguridad.

“En algunos casos, las condiciones que rodean a las comunidades afectadas han empeorado desde la presentación de su demanda al PNC,” afirma Geneviève Paul, responsable de programa en Above Ground. “Se necesita nuevas medidas para resolver conflictos y garantizar el acceso a los mecanismos de recurso para las personas perjudicadas por las multinacionales canadienses.”

La política del Gobierno de retirar el apoyo a la promoción comercial de las empresas que se niegan a participar en el proceso del PNC no está dando resultado. Se necesita mecanismos de rendición de cuentas más eficaces para abordar las situaciones perjudiciales que involucran a las empresas canadienses.

“Al contrario de lo que ocurre con otros PNC, el PNC canadiense aplica un umbral demasiado alto a la hora de aceptar las quejas y no formula conclusiones sobre si las empresas han infringido las Directrices en cuestión,” apunta Catherine Coumans, coordinadora de investigación de Alerta Minera Canadá.

“Las quejas que atiende directamente el PNC canadiense únicamente en dos ocasiones han dado lugar a un acuerdo entre las empresas y los demandantes,” afirma Joseph Wilde-Ramsing, coordinador de OECD Watch. “No se han implantado procedimientos de seguimiento efectivos para velar por que las empresas implementen realmente las recomendaciones del PNC o sus propios compromisos.”

Este informe se publica en un momento en que existe un impulso renovado por parte de la sociedad civil en favor de medidas efectivas de rendición de cuentas para las empresas en Canadá. Investigadores de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall informaron el mes pasado que al menos 44 personas han muerto y varios cientos han resultado heridas en conflictos relacionados con las minas canadienses en América Latina. La semana pasada, la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa publicó a modo de guía dirigida a los legisladores, una legislación modelo para la creación de una defensoría del pueblo que supervise los proyectos extractivos canadienses en el extranjero. Los principales partidos políticos de Canadá, a excepción de uno, declararon el año pasado que respaldarían una medida de este tipo.

Sobre los autores del informe

Above Ground promueve el respeto a los derechos humanos. Alentamos al Gobierno canadiense a que cumpla con su deber legal de proteger los derechos humanos de los abusos cometidos por el sector privado y a que proporcione acceso a la justicia a los perjudicados por empresas canadienses en el extranjero. Mediante la investigación, el análisis, la colaboración y la divulgación, establecemos la relación entre las empresas transnacionales y el abuso de los derechos humanos, y presentamos soluciones para la rendición de cuentas de las empresas en Canadá. Above Ground es un proyecto de la plataforma compartida Tides Canada, que respalda el trabajo sobre el terreno para crear soluciones atípicas para el bien común. Tides Canada es una organización benéfica canadiense dedicada al medio ambiente sano, a la igualdad social y a la prosperidad económica.

Alerta Minera Canadá es una iniciativa pancanadiense respaldada por organizaciones indígenas, ambientalistas, de justicia social y sindicatos de diversas partes del país. La organización trabaja sobre la necesidad urgente de una respuesta coordinada ante los riesgos para la salud, la calidad del agua y el aire, el hábitat acuático y la vida silvestre, así como los valores de las comunidades afectadas por la imposición de las prácticas y políticas mineras en Canadá y en el resto del mundo.

OECD Watch es una red mundial con más de 100 miembros en 50 países. Los miembros de la red son una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil unidas por su compromiso para velar por que las víctimas de las malas prácticas empresariales tengan acceso a reparación, que la actividad comercial contribuya al desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza y que las empresas rindan cuentas por sus acciones en el mundo.

Contacto de prensa:

  • Geneviève Paul, responsable de programa, Above Ground, (514) 618-7094 (celular), gpaul@aboveground.ngo (Entrevistas en inglés, francés y español)
  • Catherine Coumans, coordinadora de investigación de Alerta Minera Canadá, (613) 256-8331, catherine@miningwatch.ca (Inglés)

Más información sobre el PNC

Los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) son órganos gubernamentales que los países de la OCDE deben establecer para supervisar la implementación de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Las Directrices son normas no vinculantes para una conducta empresarial responsable. La función principal de los PNC es promover la efectividad de las Directrices, tanto difundiendo información sobre ellas como promoviendo la adhesión a las mismas a través de “casos concretos” de presuntas violaciones, en la resolución de demandas. Se espera de los PNC que actúen de conformidad con los “los criterios básicos de: visibilidad, accesibilidad, transparencia y responsabilidad.”