Comunicado

Se pide a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que se investigue la no revelación de juicios secretos de una compañía minera canadiense

Source: 
Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP) - Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) - Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA)

(Guatemala City, Guatemala/Oakland, California/Toronto, Ontario) - La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) recibirá una petición para que investigue a una compañía minera canadiense, la cual tiene su sede en los EEUU y que ha instalado un proyecto minero en Guatemala. Esta petición está sustanciada en un informe de 35 páginas elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), con sede en Canadá, que es representante legal de la ONG estadunidense Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), así como del Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) de la Iglesia Católica guatemalteca.

El informe pide a la SEC que determine si la empresa Tahoe Resources Inc. ha incumplido con el requerimiento legal de revelar violaciones de los derechos humanos, así como de informar sobre demandas judiciales relacionadas con la mina El Escobal, propiedad de dicha compañía.  Tahoe sostiene que cuenta con un amplio apoyo comunitario para la operación de la mina, pero el informe del JCAP argumenta que el reporte anual de la Tahoe demuestra que la oposición a la mina es tan fuerte que incluso le ha sido imposible conectar sus instalaciones con la red eléctrica nacional. La SEC determinará si la Tahoe ha suministrado información falsa a los inversionistas.

Becky Kaump, de la oficina de la NISGUA en Guatemala, afirma que “persistentemente se han cometido violaciones de los derechos humanos contra las comunidades cercanas a la mina El Escobal, un proyecto iniciado sin el consentimiento comunitario”. Y añade Kaump: “En llamamientos internacionales que hemos hecho, hemos denunciado la violencia directa, las amenazas y la criminalización ejercidas contra los miembros de la comunidades”.

Tahoe niega cualquier responsabilidad por las amenazas y las muertes vinculadas con su mina en Guatemala, pero siete campesinos que fueron baleados por los guardias privados de la Tahoe en abril de 2013 están demandando a la compañía ante una corte de la Columbia Británica. El jefe de seguridad de la Tahoe, Alberto Rotondo, fue acusado, escapó mientras aguardaba la celebración de juicio en Guatemala, y fue recapturado en enero de 2016 en su nativo Perú.

Shin Imai, profesor en la Facultad de Derecho Osgoode Hall, de la Universidad York, en Toronto, descubrió las demandas presentadas por la Tahoe ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. “Me sorprendió encontrar que, entre bastidores, la Tahoe y los partidarios de la mina habían presentado demandas para intentar impedir que las comunidades realizasen plebiscitos sobre la minería. Y más sorprendente fue descubrir la demanda secreta contra el Presidente de Guatemala y media docena de otros funcionarios gubernamentales, en que se pedía protección contra las protestas que estaban entorpeciendo el proyecto minero”. JCAP informa que la Tahoe no ha revelado la existencia de estas demandas, y esta falta de información puede contravenir las leyes estadunidenses.

En enero de 2015, el Fondo de Pensiones del gobierno noruego, que cuenta con activos por valor de más de $850 mil millones de dólares estadounidenses, se desvinculó de Tahoe tras realizar una investigación que concluyó que la Tahoe constituye, y probablemente continuará constituyendo, un “inaceptable riesgo… por su relación con serias violaciones de los derechos humanos”.

Las copias de un resumen del informe y el informe completo se enlazan aquí: la carta de entrega y la denuncia presentada a SEC.

Para información adicional o la concertación de una entrevista, por favor, contactar con:

  • Shin Imai, abogado (Inglés o Español), Justice and Corporate Accountability Project, simai(at)justice-project.org, (905) 989-1327
  • Becky Kaump (Inglés o Español), Network in Solidarity with the People of Guatemala, becky(at)nisgua.org, 011 (502) 5575-2058
  • Moisés Divas Santos, Director (Español), Consejo Diocesano en Defensa de la Naturaleza, xanpiya(at)gmail.com, 011 (502) 5158-3503

Antecedentes

La violencia asociada a la mina El Escobal de la Tahoe, y la huida del jefe de seguridad de la Tahoe

Ha habido, en efecto, violencia asociada a la mina El Escobal, de la Tahoe, en Guatemala.

En marzo de 2013, el líder indígena de la etnia xinca, Exaltación Marcos Urcelo, fue hallado muerto un día después de haber sido secuestrado cuando regresaba a su casa tras asistir a un plebiscito sobre la minería en el poblado de Volcancito. En abril de 2014, la joven de dieciséis años de edad Topacio Reynoso Pacheco, que formaba parte del grupo de organizadores del movimiento contra la mina, fue asesinada, y su padre resultó gravemente herido, en un ataque contra su auto en Mataquescuintla. En abril de 2015, Telésforo Odilio Pivaral González, miembro del Comité en Defensa de la Vida y la Paz, en San Rafael Las Flores, que se opone a la mina, fue asesinado en una parada de autobús cerca de su casa en Volcancito. El padre de la joven Topacio Reynoso, Edwin Alexander Reynoso Bran, fue tiroteado de nuevo en octubre de 2015, cuando él y dos compañeros abandonaban las oficinas del alcalde de Mataquescuintla. Tanto el poblado de Volcancito como la municipalidad de Mataquescuintla realizaron plebiscitos, y la votación resulto adversa a la minería en su región. No se ha identificado a ningún sospechoso en ninguno de esos tiroteos, y Tahoe niega cualquier involucramiento en ellos. No obstante, los miembros de esas comunidades responsabilizan a la compañía.

El jefe de seguridad de la Tahoe Resources, Alberto Rotondo, fue arrestado en Guatemala bajo la acusación de ordenar el baleo de siete campesinos durante una protesta en abril de 2013. Tras ser sometido a juicio, resultó condenado a arresto domiciliario el 18 de diciembre de 2014. En noviembre de 2015, Rotondo escapó a Perú, donde fue recapturado el 22 de enero de 2016. Cinco policías guatemaltecos han sido arrestados por presuntamente colaborar en la fuga de Rotondo.

La información tergiversada sobre la oposición a la mina y sobre las demandas contra los plebiscitos comunitarios

Cinco municipalidades cercanas a la mina El Escobal han celebrado plebiscitos, oficialmente aprobados, sobre la conveniencia o no de la mina. La mayoría de los votantes en todos esos plebiscitos se pronunciaron en contra de las operaciones mineras en sus comunidades.

Los resultados se publicaron en el Diario de Centro América, periódico oficial de la República de Guatemala. La Tahoe y quienes la apoyan presentaron al menos cuatro demandas para tratar de detener los plebiscitos o invalidar sus resultados, pero la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha aplicado la legislación que permite a las comunidades celebrar plebiscitos. La Tahoe no ha divulgado ninguna de esas demandas, ni el impacto de los plebiscitos en los planes de expansión de la compañía.

El 9 de marzo de 2011, en su Informe Anual, Tahoe calificaba las protestas de “pequeñas”, con una “muy limitada participación” por parte de los miembros de las comunidades, y afirmaba que dichas protestas “no han tenido un efecto sustancial en las operaciones, en la situación financiera, el flujo de efectivo o los resultados finales”. En su Evaluación Económica Preliminar, de 7 de mayo de 2012, reiteraba que “el apoyo comunitario es muy alto”.

En el momento en que se publicaron el Informe Anual de 2011 y la Evaluación Económica Preliminar de 2012, en realidad la Tahoe estaba sometida a una significativa oposición comunitaria. En junio de 2012, solo un mes después de publicarse la Evaluación Económica Preliminar, la subsidiaria de la Tahoe, la Minera San Rafael, presentó secretamente una demanda ante la Corte de Constitucionalidad, en la que se quejaba de que las protestas “impedían su trabajo”, incluyendo la instalación de una línea eléctrica a través de una tierra reservada a esos efectos en la vecina municipalidad de Mataquescuintla. Entre los demandados aparecían el Presidente de la República, los ministros del Interior y de Defensa Nacional, el Director de la Policía Nacional, y los comisionados de la Policía Nacional en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa. Se les acusaba de no cumplir con su obligación de proteger la mina.

El Fondo de Pensiones del gobierno noruego se desvincula de la Tahoe

Un Consejo de Ética asesora al Fondo de Pensiones noruego acerca de si ciertas inversiones cumplen con las normas de rectitud establecidas en sus estatutos. En 2014, dicho Consejo realizó una revisión de los aspectos de derechos humanos relacionados con la Tahoe. El Consejo acopió informaciones provenientes de diversas fuentes, incluyendo los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y  de Amnistía Internacional, así como de la propia Tahoe, y presentó a esta última un borrador de sus conclusiones para que lo comentara. Al final, el Consejo determinó que “las respuestas que dio la compañía al Consejo hacen difícil que podamos concluir que los sistemas y estrategias de la compañía resultan adecuados para desvelar, prevenir y compensar las violaciones de los derechos humanos vinculadas con sus operaciones”.

Los tres puntos sobre los que se pide una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos

El pedido del JCAP a la SEC se basa en tres reparos sobre la situación de la Tahoe Resources Inc.:

Primero, el JCAP pide una investigación sobre si la Tahoe cumple con los requerimientos para que se le considere un “emisor privado extranjero”. En su Declaración de Divulgación para Inversionistas del año 2015, la Tahoe reveló que su estatus de emisor privado extranjero podía estar en riesgo. Puede ser que la Tahoe no debiera disfrutar más de ese estatus, y debiera someterse a estándares más rigurosos contemplados en la legislación de Estados Unidos.

Segundo, el JCAP pide que se someta a revisión el proceder divulgativo de la Tahoe, o la ausencia de él, en lo referente a la oposición comunitaria a la mina El Escobal; en lo referente a  sus demandas contra el Presidente de Guatemala y otros funcionarios gubernamentales, por no brindarle mayor protección contra las protestas; en lo referente a su demanda para detener o invalidar los plebiscitos en las comunidades acerca de la aceptación o el rechazo de la minería, y en lo referente a información clave relacionada con las violaciones de los derechos humanos.

Tercero, si la SEC determina que la Tahoe dejó de cumplir con el requerimiento de apropiada divulgación, el JCAP pide que la SEC investigue si ese incumplimiento puede dar lugar a una exigencia de responsabilidad personal de acuerdo con la norma 10b-5 de la Ley de Valores.

La petición brinda información sustantiva sobre el requerimiento de debida divulgación, a la vez que reconoce la autoridad y la  primacía de la SEC para investigar si la Tahoe cumple con los requerimientos para ser considerada como “emisor privado extranjero”, y si las acciones de la Tahoe pueden dar lugar a la exigencia de responsabilidad personal.