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Palabras de las comunidades afectadas tras levantamiento de la prohibición de la mega-minería en Chubut, Argentina

Val Croft

Communications Lead

La semana pasada, la legislatura provincial de Chubut (Argentina) votó a favor de permitir la explotación minera a cielo abierto en determinadas zonas de la provincia, anulando importantes protecciones medioambientales que llevaban casi 20 años prohibiendo esta práctica. En respuesta a tales noticias, las comunidades salieron inmediatamente a las calles para protestar de manera pacífica, enfrentándose a una gran violencia y represión policial.

Esta votación, que es claramente contraria a la voluntad del pueblo de Chubut, beneficia a la empresa minera canadiense Pan American Silver, quien adquirió el proyecto Navidad al comprar la empresa Aquiline Resources en el 2010. Pan American Silver sabía que la legislación ambiental tendría que ser revocada antes de convertir el gran depósito de plata en una mina operativa, y aun así adquirió el proyecto.

En una entrevista realizada en el 2020, el fundador de Pan American Silver, Ross Beaty, desestimó convenientemente la presencia de los pueblos indígenas Mapuche-Tehuelche y de las poblaciones afectadas al señalar que: "Pan American compró una empresa en Argentina que tenía el mayor recurso de plata del mundo. Era un yacimiento fabuloso en medio de un lugar perfectamente bueno para la minería, en medio de una especie de tierra de nadie barrida por el viento en el sur de Argentina. Y tenía todas las razones técnicas del mundo para ser un lugar realmente bueno para construir una mina. No había pérdida de biodiversidad, ni problemas medioambientales, ni gente, ni nada... El yacimiento es perfecto para nosotros y, en algún momento, van a cambiar la ley y permitir la minería a cielo abierto".

Parece que las palabras de Ross Beaty, pronunciadas al más puro estilo colonial, reclamando la meseta de Chubut como si fuera terra nullius, pueden convertirse en realidad ahora que el proyecto de zonificación minera ha sido aprobado. Al día siguiente de la votación en la legislatura de Chubut la semana pasada, Pan American Silver emitió una declaración sugiriendo que la empresa sabe lo que es bueno para el pueblo, que su proyecto "puede beneficiar al pueblo de Chubut". Estas declaraciones claramente contrastan con las protestas masivas del pueblo chubutense en contra de la aprobación de la ley. Igualmente, en una declaración que suena bastante hueca y que va en línea de las declaraciones del año pasado de Ross Beaty, la empresa dijo que seguirá participando en un "diálogo abierto y transparente con las comunidades" para obtener los permisos correspondientes.

Ayer, más de 30 organizaciones internacionales firmaron una declaración en solidaridad con las comunidades y organizaciones de Chubut que se ven afectadas por la ley de zonificación minera. A continuación, compartimos algunas de las voces de las comunidades que han dicho rotundamente "NO" a la mega minería durante décadas, reivindicando así su autodeterminación.

Comunicado por Iván Paillalaf del Pueblo Mapuche-Tehuelche Comunidad de Laguna

El pueblo Mapuche Tehuelche desde hace siglos, desde que los españoles y luego el Estado argentino comenzaron a querer conquistar nuestro territorio, se ha posesionado en la defensa de los Ngen Mapu, en las fuerzas de los Newen que habitan el territorio, en defensa del agua, en la defensa del territorio mismo. Por eso siempre nos vamos a pronunciar en contra tanto de la mega minería como de contra de cualquier actividad contaminante. En este momento, dignamente nuestra posición es seguir firme en la lucha, seguir defendiendo con todo lo que podemos, mediante todos los medios posibles el territorio el agua y hacer lo posible para frenar este atropello.

Ahora lo que está pasando es que la legislatura está violando todos los derechos legales y constitucionales que como pueblos tenemos aprobó una ley que legaliza la explotación megaminera contaminante en el territorio del pueblo Mapuche-Tehuelche que hoy son los departamentos Gastre y Telsen. Los cuales a fines del siglo XIX fueron usurpados por el Estado argentino mediante sus campañas militares-genocidas. Por eso lo único que podemos sentir ahora es mucha indignación, mucha bronca, pero a la vez, esto nos confirma algo que cualquier persona consciente en esta provincia, de este territorio sabía y es que en este momento nos están gobernando las mineras, que el Estado genocida y que solamente la lucha organizada, la lucha del pueblo en las calles va a frenar este atropello. Continuaremos exigiendo que se respeten nuestros derechos de todas las maneras posibles como lo hemos hecho desde hace siglos y esperamos contar con el apoyo de toda la gente consciente de Abya Yala y del mundo, porque esto no es un hecho aislado. El capitalismo extractivista en todo el mundo está queriendo imponerse sobre lo más sagrado, que es la vida, el agua y esto no lo podemos permitir.

Comunicado d​​e Cristina Agüero de No A La Mina Esquel

Con la aprobación de este proyecto se han vulnerado nuestros derechos más básicos. No se ha respetado el convenio 169 de la OIT, el acuerdo de Escazú con el principio de no regresividad en protección ambiental, se ha desoído a la comunidad científico técnica, la comunidad médica y pediátrica, comunidad educativa, de salud, sindicatos y a cientos de organizaciones y asambleas que se han pronunciado en contra de la zonificación minera.

No se han investigado las denuncias realizadas sobre el proyecto desde que se presentó hasta hoy. A principios de diciembre con la aprobación de modificaciones a leyes específicas de acceso a la justicia, allanaron el camino restringiendo el acceso a los amparos, limitando el otorgamiento de medidas cautelares y ante la posibilidad de que los temas sean tratados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut salteando instancias judiciales previas de considerarlo necesario, cuando perversamente se acaba de conformar el STJ con personajes que responden al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Pedimos a la población que se sume al pedido de derogación, a denunciar al gobierno nacional y provincial como responsables del estallido social y a las empresas saqueadoras denunciarlas por la presión sobre las comunidades y el ofrecimiento de dádivas y prácticas extorsivas.