Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informe: El Instituto Canadiense Internacional para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (CIIEID)

Una vez más, el gobierno canadiense ha establecido un mecanismo mal concebido, cuyo fin es promover los intereses de aquellas empresas mineras canadienses que operan en el extranjero: el Instituto Canadiense Internacional para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (CIIEID)[*]. Durante una presentación realizada ante la Asociación Minera de Canadá en junio de 2013, el ex ministro de Desarrollo Internacional, Julian Fantino, aseguró a los representantes de la industria que el Instituto «será su mayor y mejor embajador».[1]

Si bien es cierto que tanto las comunidades afectadas por las minas como sus organizaciones representativas y los gobiernos podrían verse favorecidos si existiera información académica independiente, el ciieid no brindará asesoramiento de manera independiente. Tampoco gozará de mucha credibilidad, debido al interés directo del gobierno canadiense en este Instituto, a su objetivo declarado de promover y proteger los intereses de las empresas extractivas canadienses en el extranjero, así como por su pobre trayectoria.

La fundación del ciieid se hizo posible gracias a una donación de $24.6 millones de dólares otorgada por la Agencia Canadiense Internacional para el Desarrollo (CIDA), que ahora forma parte del Departamento de Asuntos Extranjeros, Comercio y Desarrollo (DFATD). Su lanzamiento formal se llevó a cabo el 29 de enero de 2014, cuando fue presentado como el resultado de una alianza entre la Universidad de Columbia Británica (UBC), la Universidad Simon Fraser (SFU) y la Escuela Politécnica de Montreal.

Dicho Instituto tiene como presunta misión trabajar con los gobiernos a nivel nacional, regional y local, con el objetivo de que la extracción de recursos contribuya al crecimiento sostenible y a la disminución de la pobreza. Con este supuesto fin, en mayo de 2013 se firmó un acuerdo de contribución entre la ubc y cida que llevó a la fundación del CIIEID.

Si se analizan los ejemplos de participación de cida en la gobernanza de la industria extractiva en otros países y dicho acuerdo de contribución, resultan evidentes las razones por las cuales el Instituto no podrá cumplir con los objetivos enunciados.

El CIIEID no cumplirá con los objetivos que ha enunciado por las razones siguientes:

  1. CIIEID no es independiente en relación al gobierno de Canadá;
  2. CIIEID no es independiente de las empresas extractivas canadienses;
  3. CIIEID promoverá el crecimiento de la industria extractiva y no la disminución de la pobreza;
  4. Las contribuciones realizadas por el gobierno canadiense, destinadas a la gobernanza en el ámbito de los recursos naturales existentes fuera de Canadá, se caracterizan por privilegiar en mayor medida la inversión y la rentabilidad que la disminución de la pobreza o la protección de las comunidades, de los trabajadores y del medio ambiente.

1. CIIEID no es independiente en relación al gobierno de Canadá
El gobierno canadiense estableció y financió el CIIEID.

El acuerdo de contribución estipula que el gobierno canadiense ejercerá control sobre todas las declaraciones públicas iniciales que realice el Instituto, estableciendo que, «en su etapa inicial» dicho Instituto «no hará ningún anuncio público respecto a este acuerdo, al proyecto o a información alguna contenida en los documentos aquí anexos, ni en Canadá ni en el extranjero, sin dar aviso con sesenta (60) días de anticipación y obtener el permiso por escrito para ello por parte de CIDA. En circunstancias excepcionales, CIDA, según su exclusiva discreción, podrá aceptar que se le dé aviso con menos de sesenta (60) días de anticipación». Aun así, «Todo aquel contenido que vaya a utilizarse en cualquier medio y se relacione directamente con el proyecto deberá ser aprobado por CIDA y contará con los reconocimientos correspondientes respecto a la donación tanto de CIDA como de la Organización».[2]

Asimismo, el acuerdo de contribución establece que el gobierno continuará ejerciendo influencia sobre el Instituto a través de su consejo consultivo, el cual estará integrado por altos funcionarios gubernamentales y por representantes de la industria y de otros sectores. Dicho consejo consultivo asesorará al consejo directivo del Instituto en lo que tiene que ver con «el desarrollo y la evaluación continua de la estrategia, en relación a los objetivos y las prioridades del Instituto», así como también respecto a cómo «comunicar e impulsar la visión y los programas del Instituto ante las partes interesadas externas, tales como los gobiernos, las organizaciones sin ánimo de lucro y la industria.»[3]

2. CIIEID no es independiente con respecto a las empresas extractivas
El financiamiento otorgado al ciieid por el gobierno canadiense alcanzará para cinco años de operación. Para garantizar la sostenibilidad del Instituto en el futuro, éste solicitará financiamiento a otras fuentes, entre las cuales se incluye la industria extractiva. En este sentido, la empresa New Gold Inc. y la Asociación para la Exploración de Minerales de Columbia Británica ya han otorgado donaciones en efectivo.

El acuerdo de contribución enumera entre sus socios estratégicos a varias empresas canadienses, brasileñas y mexicanas, así como a asociaciones mineras, por ejemplo, African Minerals Ltd., Colossus Minerals, Goldcorp, Fresnillo, Keegan Resources, New Gold, Inc., Vale, Teck Resources, la Asociación para la Exploración de Minerales de Columbia Británica, la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) y el Instituto Canadiense de Minas, Metalurgia y Petróleo (CIMM).

La industria extractiva también estará representada en el consejo consultivo mencionado anteriormente.

3. CIIEID promoverá el crecimiento de la industria extractiva, no la disminución de la pobreza.

Dado que el financiamiento inicial otorgado por el gobierno de Canadá para el establecimiento del ciieid proviene de fondos de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA), dicho Instituto deberá cumplir con la Ley de Rendición de Cuentas de la oda en Canadá.[4] Esta ley establece que la oda tiene que promover la reducción de la pobreza, tomar en cuenta las opiniones de los pobres y guardar congruencia con las normas internacionales existentes en torno a los derechos humanos.

Sin embargo, en consonancia con aquellas acciones del gobierno canadienses que han terminado por vincular la ODA a los intereses de la iniciativa privada, el acuerdo de contribución establece que los programas se centrarán en aquellas áreas a las que se ha destinado la mayor cantidad de inversión canadiense. En este sentido, para determinar cuáles de sus programas se encuentran en el «Rango A», el Instituto utilizará como criterio principal la identificación de «la presencia significativa de una inversión de capital canadiense en el sector extractivo en un país que resulte prioritario para cida o en el que se tenga otra relación bilateral de importancia».[5]

En noviembre de 2013, una «delegación de reconocimiento»[6] del ciieid viajó a Perú con el fin de examinar los retos existentes en el sector extractivo. El Departamento de Asunto Exteriores de Canadá señaló que la embajada canadiense en Perú brindó información y contactos a dicha delegación y que «patrocinó una mesa redonda destinada a que los contactos principales de las empresas canadienses compartieran sus puntos de vista en torno a los retos, las herramientas, los recursos y las lagunas de especialización existentes».[7] El acuerdo de contribución también hace referencia a los países siguientes: Uganda, Malí, Sudáfrica, Brasil, México, Ecuador y Mongolia.

Particularmente, cabe señalar que, en aquellos países que dependen del sector minero para generar crecimiento económico, la minería tiende a profundizar la pobreza en lugar de aliviarla, creando rezagos de largo plazo en el desarrollo a nivel nacional y local como consecuencia de los daños provocados al medio ambiente y a la salud de la población, de las pérdidas de medios de vida vinculados a la producción agrícola y del desplazamiento social.[8] Generalmente, se argumenta que la solución de estos problemas suele fincarse en una mejor «gobernanza», en una más equitativa distribución de los ingresos mineros, llamados a menudo la «maldición de los recursos», y en su reinversión. Sin embargo, el desarrollo de tal gobernanza puede ser sumamente costoso,[9] además de que implica un desvío de los recursos destinados a aquellas actividades que han demostrado disminuir la pobreza. Aunado a ello, cada vez más las empresas petroleras, gaseras y mineras están exigiendo el cumplimiento de los términos establecidos en los tratados de libre comercio y de inversión, los cuales impiden que los gobiernos «anfitriones» instrumenten medidas encaminadas a fortalecer la autodeterminación y el bienestar de las comunidades y de los trabajadores.

4. Los desembolsos anteriores del gobierno canadiense orientados al manejo de los recursos naturales en el extranjero han terminado por privilegiar la inversión y la rentabilidad antes que la disminución de la pobreza y la protección de las comunidades, de los trabajadores y del medio ambiente.

Honduras: Alrededor del año 2000, poco después de que en el valle de Siria empezara a operar la mina San Martín de Goldcorp, el pueblo hondureño pudo constatar que la ley minera, aprobada con toda celeridad tras la llegada del huracán Mitch en 1998, no daba cabida a que las comunidades que sufrieran consecuencias negativas debidas a la actividad minera pudieran presentar recursos legales que impidieran esta situación. Por ello, las comunidades presionaron para que se prohibieran la minería a cielo abierto y el uso de ciertas toxinas en las actividades mineras, y para tener el derecho a pronunciarse desde un principio y expresar su decisión de permitir o rechazar la presencia minera en sus tierras. En este sentido, se produjeron avances, pues en 2006 el gobierno hondureño decretó una moratoria a todo proyecto minero nuevo y posteriormente, en 2009, un proyecto de ley incorporó las demandas populares poniéndose a debate el proyecto de ley minera. Sin embargo, tras el golpe de estado militar ocurrido en junio de 2009, estos logros quedaron suspendidos. En aquel momento, a raíz del golpe y de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos subsecuentes, Canadá se abstuvo de denunciar o de imponer sanciones. El proyecto de ley minera nunca fue objeto de debate.

Después de las elecciones de 2009, ampliamente caracterizadas como fraudulentas, las autoridades canadienses actuaron con rapidez, abogando por una ley minera que satisficiera a esta industria y por la derogación de la moratoria.[10] En 2012, en lo que vino a ser la culminación de varias actividades impulsadas por el gobierno canadiense, CIDA patrocinó la participación de expertos técnicos para facilitar que el proyecto de ley minera fuera finiquitado. Aprobada en enero de 2013, la ley abre las puertas a nuevos proyectos mineros en el que hoy es el país más violento de la región, representando un retroceso en relación a lo que había propuesto el pueblo hondureño.[11] A pesar de los elevados niveles de corrupción existentes entre las fuerzas policiales y de la creciente cooperación entre policías y militares, la ley minera establece un impuesto de seguridad sobre las actividades mineras que asciende a 2%. El mismo terminará convirtiéndose en un incentivo directo que promoverá que las fuerzas de seguridad se dediquen a proteger los intereses corporativos.

Colombia: A mediados de los años noventa, CIDA financió un proyecto de asistencia técnica destinado a reformar la ley minera de Colombia.[12] Dichas reformas fueron aprobadas en 2001, en el contexto de una guerra que aún se libraba y que había provocado que la población rural, indígena y afrocolombiana sufriera de manera desproporcionada entre los millones de víctimas del desplazamiento forzado y de la violencia sistemática, en especial en las áreas ricas en minerales.[13] Tales reformas, asentadas con el apoyo de abogados que trabajaban estrechamente con la industria minera, allanaron el camino para lograr el desmantelamiento de la minería estatal, la criminalización de la minería artesanal y de pequeña escala, la supeditación del uso de la tierra a los intereses de las empresas mineras y para limitar del rol de las autoridades encargadas del medio ambiente.[14]

Asimismo, las reformas vinculadas al ámbito minero provocaron una creciente inseguridad y un incremento de los conflictos. Estos últimos se vieron evidenciados en los siguientes ejemplos:

  • El pueblo de Marmato, integrado por un importante número de afrocolombianos y una comunidad embera-chamí, con su larga historia de minería artesanal y de pequeña escala, se encuentra movilizado en contra de la empresa Gran Colombia Gold,  la cual pretende desplazar al pueblo para abrir en su lugar una mina a cielo abierto.
  • El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán ha realizado numerosas marchas a las que han asistido miles de personas en la ciudad de Bucaramanga, para expresarse en contra de Eco Oro Minerales y de otras empresas de exploración que pretenden construir minas de oro industriales en el área de humedales, fuente de agua para millones de personas que viven río abajo. Ya han sido militarizadas las comunidades rurales que dependen de la minería a pequeña escala y de la agricultura. Entre las repercusiones que tendrían los megaproyectos propuestos, se encuentran la pérdida de los medios de vida y la transformación radical de las poblaciones afectadas.
  • Las comunidades afrocolombianas del departamento de Cauca y los pueblos indígenas de Taraira en el departamento amazónico de Vaupés, luchan en contra de los intentos realizados  por Cosigo Resources para entrar en sus comunidades sin su consentimiento y cooptar a sus líderes a fin de que permitan las actividades mineras en sus territorios. 

Durante 2013, las movilizaciones que se produjeron a nivel nacional en Colombia, revelaron la creciente oposición a la minería industrial, a la vez que plantearon la demanda de que se revoquen los contratos y las concesiones que afectan a los territorios indígenas.[15] Asimismo, entre dichas demandas se exige que se garantice que las comunidades y la minería tradicional y de pequeña escala tengan una efectiva participación en la elaboración de las políticas mineras.[16]

Perú: Entre 1998 y 2011, cida aportó $17.7 millones para financiar el Proyecto de Reforma de Recursos Minerales Peruano Canadiense (PERCAN), en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas de Perú, cuyos objetivos son similares a los perseguidos por el ciieid.[17] Durante este período, el sector minero se convirtió en el principal motivo desencadenante de los más de cien conflictos socioambientales que tuvieron lugar en el país.

Por ejemplo:

  • En 2002, los resultados de la votación realizada por los habitantes de Tambogrande dieron cuenta de la contundente oposición existente ante los planes de construir una mina de oro a cielo abierto de Manhattan Minerals, la cual hubiera significado el desplazamiento de la mitad del pueblo. Desde ese entonces, se produjo la quiebra de Manhattan Minerals y, actualmente, la empresa peruana Buenaventura se encuentra presionando para tener acceso al área mencionada.
  • En 2009, un numeroso contingente del pueblo indígena achuar, que habita la zona amazónica del norte de Perú, realizó un bloqueo durante 58 días. El objetivo del mismo fue manifestar, entre otras cosas, su rechazo a la búsqueda de oro que Dorato Resources pretendía realizar en el nacimiento de sus ríos. El bloqueo fue suspendido tras la muerte de 33 policías, indígenas y vecinos del lugar, no sin antes visibilizar ante la atención nacional la necesidad de que se diera cumplimiento a la obligación de contar con el consentimiento comunitario previamente a la implementación de cualquier actividad minera. Este conflicto continúa a la par de otras luchas cuyo motivo principal sigue siendo la falta de respeto por la autodeterminación comunitaria. Un ejemplo de ello lo constituye la lucha emprendida por la Comunidad Campesina de Cañaris en contra de los planes de abrir una mina de cobre a cielo abierto en el altiplano del norte de Perú de Candente Copper principalmente por sus posibles impactos en fuentes de agua.
  • En La Libertad, la Asociación Interdepartamental por la Defensa de los Derechos Ambientales ha hecho un llamado a la empresa Barrick Gold, destinado a que la misma elimine la contaminación acuífera provocada por su mina de oro a cielo abierto Lagunas Norte. Asimismo, el municipio de Santiago de Chuco emitió una ordenanza encaminada a proteger sus fuentes de agua ante la expansión de la mina. Además, debido a la creación de organizaciones paralelas que tienen el efecto de marginalizar sus demandas, la Asociación ha denunciado los proyectos de alianza entre varias ong y Barrick Gold, los cuales son financiados por CIDA.

En vista de que las actividades de cida se encuentran orientadas a promover la construcción de alianzas con empresas mineras y a fomentar la autorregulación de las mismas, el Instituto Norte-Sur de Canadá y la organización peruana Cooperacción han concluido que dichas actividades «no son innovadoras en absoluto y tienden a repetir mecanismos que no han tenido éxito».[18] Entre otros cambios urgentes, las organizaciones y las redes de la sociedad civil peruana han solicitado que se realice un ordenamiento territorial y planificación para el uso sostenible del territorio, que se respete la autodeterminación de las comunidades indígenas y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, y que se brinde protección a las fuentes de agua.[19],[20]

[*] N. del T.: Todas las siglas en este documento se derivan del correspondiente nombre en inglés
[1] Kim Mackrael, Globe and Mail, “Huge opportunities’ for Canadian mining industry to work in developing countries,” 19 de junio de 2013.
[2] cida, “Contribution Agreement: Canadian International Institute for Extractive Industries and Development,” Implemented by the University of British Columbia, Proyecto # S-065811, firmado el 23 y 24 de mayo de 2013.
[3] Acuerdo de contribución, mayo de 2013
[4] http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-2.8/page-1.html
[5] Acuerdo de contribución, mayo de 2013.
[6] Departamento Canadiense de Asuntos Extranjero, Comercio y Desarrollo (dfaid), “csr e-Bulletin”, 2013 – número 18.
[7] DFAID, 2013
[8] Coumans, Catherine. January 2012. CIDA’s Partnership with Mining Companies Fails to Acknowledge and Address the Role of Mining in the Creation of Development Deficits. See also Coumans, Catherine. December 2013. Mining and development – how much will it cost us to clothe the naked emperor? See also Whose development? Mining, local resistance and development agendas y Whose development? Mining, local resistance and development agendas
[9] Ibid.
[10] Alerta Minera Canadá, “Canada’s Subsidies to the Mining Industry Don’t Stop at Aid,” junio de 2012
[11] Alerta Minera Canadá, “Honduran Mining Law Passed and Ratified, but the Fight is Not Over,” 24 de enero de 2013
[12] CENSAT-Agua Viva and MiningWatch Canada, “Land and Conflict: Resource Extraction, Human Rights, and Corporate Social Responsibility - Canadian Companies in Colombia”, septiembre de 2009.
[13] Americas Policy Group, “Briefing Note: Mining”, abril de 2012
[14] Americas Policy Group, abril de 2012.
[15] Congreso de los Pueblos, “Llamamiento a la Minga Indígena, Social y Popular,” 12 de octubre de 2013; 
[16] Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, “Paro Nacional Agrario y Popular: Pliego Nacional de Peticiones Agropecuarias y Populares,” 19 de agosto de 2013.
[17] Bonnie Campbell, Etienne Roy-Gregoire y Myriam Laforce, uqam, “Regulatory Frameworks, Issues of Legitimacy, Responsibility and Accountability – Reflections drawn from the percan initiative,” en: Governance Ecosystems: csr in the Latin American Mining Sector, Ed. Julia Sagebien y Nicole Marie Lindsay (2011), Palgrave McMillan.
[18] José De Echave C., Cooperacción and The North-South Institute, “Guests at the Big Table? Growth of the Extractive Sector, Indigenous/Peasant Participation in Multi-Partite Processes, and the Canadian Presence in Peru,” diciembre de 2010.
[19] Alternativas al Extractivismo, “El Perú y el Modelo Extractivo: Agenda para el Nuevo Gobierno y Necesarios Escenarios de Transición,” 24 del marzo de 2011.
[20] Red Muqui y Comunicaciones Aliadas, “Agua para Todos y para Siempre