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La Necesidad a la Cual Responde Alerta Minera Canada

Jamie Kneen Communications and Outreach Coordinator responsible for: strategic research, social media, and public engagement; our Africa program, environmental assessment, and uranium mining.

La actividad minera constituye una actividad de elevado interés en para las políticas públicas, los mercados financieros, y sobre todo para las comunidades y ecosistemas. A pesar de que la industria enfatiza su habilidad de generar bienestar económico y sus destrezas en ingeniería, la responsabilidad de la industria minera, de acumular riesgos, costos y obligaciones no han sido solucionado. La dominación de la industria en la arena de las políticas públicas ha prevenido una seria discusión sobre su status quo.

El verdadero legado minero incluye un estimado número de veintisiete mil minas abandonas en todo Canadá, billones de dólares de reparación obligatoria por la contaminación por drenaje ácido de minas, extensivas perturbaciones de cruciales áreas de hábitat, impactos sociales muy profundos en muchas comunidades mineras, y el traumático auge y la subsecuente caída de las economías locales. El costo de operaciones mineras canadienses en otras partes del mundo no ha sido menos dramático.

En los últimos años varias organizaciones ecologistas, de comunidades, y de pueblos indígenas — tanto regionales como nacionales están comprometidas en los conflictos mineros localizados, y las campañas que surgen de los impactos detrimentales del desarrollo minero. A pesar de algunas victorias y desafíos notables, claro que estos dispares esfuerzos no han sido suficientes para lograr un progreso real en tratar los impactos ecológicos, económicos y sociales de la industria minera moderna, ni de cambiar de manera importante el régimen de regulaciones inadecuadas de las minas en Canadá.

A pesar de las promesas considerables de parte de corporaciones y del gobierno, las promesas de sostenibilidad de los procesos "multiaccionistas", en los acuerdos tales como la Iniciativa Minera de Whitehorse, no han materializados en beneficio del interés público. Los resultados en todo el país son de régimen de políticas dominadas por la industria, una reducción de enforzamiento regulatorio, impactos ecológicos continuos, continua presión política sobre las comunidades para que se expongan a serios riesgos sin la adecuada información, sin garantías, y sin compensación.

Las comunidades, especialmente aquellas situadas en regiones remotas como las regiones norteñas de Canadá, se enfrentan muchas veces con el dilema de balancear las promesas de los beneficios a corto plazo y los potenciales impactos de alto costo a largo plazo. Sin el adecuado apoyo a comunidades locales, este dilema favorece a los intereses de la industria minera y no la sostenimiento de la comunidad.

Dentro de Canadá existen varios ejemplos de alto perfil sobre los déficits ecológicos, económicos y sociales dejados por la industria minera a nivel comunitario.

  • Tierras pertenecientes a los grupos indígenas Innu e Inuit fueron ocupados por el auge minero en Labrador;
  • la pérdida del hábitat del salmón y otros peces, en la Columbia Británica debido al drenaje ácido de las minas,
  • una profunda división social y política entre las comunidades que se enfrentan a la incertidumbre de costo y beneficio de las riquezas mineras;
  • el efecto negativo y acumulativo de el auge del diamante en el NWT sobre el hábitat del caribú y a largo plazo de la calidad del agua;
  • la negación por la industria del uso sostenible de las tierras y el establecimiento de áreas protegidas en el Yúkon y NWT;
  • los costos de limpieza de miles de tóxicas minas abandonadas y en bancarrota tales como Faro en Yúkon, y Kamkotia en el norte de Ontario;
  • los planes de abrir una mina de carbón en hábitats importantes en áreas adyacentes al parque nacional Jasper;
  • la des-regulación ambiental dirigida por las asociaciones mineras a nivel provincial y federal.

Los problemas no pueden ser mejor ilustrados que en la incapacidad de los procesos de evaluación de impactos ambientales, a lo largo de Canadá, establecidos para estudiar los riesgos y manejar los impactos de las minas. Los recientes casos de gran interés en los viciados proyectos y procesos incluyen: el BHP proyecto de diamantes y el estudio comprehensivo de Diavik en el NWT, las minas de South Kemess y Tulsequah Chief en BC, la masiva expansión de la mina de uranio en Saskatchewan, y la mina Cheviot en Alberta. La promesa de responsabilidad ambiental no ha sido cumplida.

Durante este tiempo la voz política de la industria y sus defensores ha crecido en Canadá. Las campañas de relaciones públicas de la industria, que cuentan con gran apoyo financiero y son multifacéticas, van desde la escuela primaria (ej.: Rock On Yúkon) hasta el lobby nacional parlamentario; estos esfuerzos no tienen competencia en su intensidad y persistencia.

Al mismo tiempo, el alcance global del capital canadiense en el sector minero, muchas veces apoyado por diplomáticos canadienses, políticos, y fondos gubernamentales, ha significado que muchas comunidades en muchas partes del mundo se hayan familiarizado con las compañías canadienses. Las organizaciones locales se preguntan qué se puede hacer para vigilar y controlar las acciones e influencias de estas corporaciones.

Explotando la influencia de la competición en inversiones globales, la industria ha hecho una campaña exitosa para obtener grandes reducciones y restricciones especiales en las regulaciones y los impuestos requeridos tanto en Canadá como en el exterior. Los cambios estructurales y las influencias políticas generadas por la industria a través de estas campañas son reconocidas por muchas organizaciones ecologistas, indígenas, y laborales como contrarias a las demandas de las comunidades y trabajadores por prácticas que garanticen la cultura esencial, el medio ambiente y la salud personal.

La capacidad de muchas comunidades y organizaciones para poder responder efectivamente a las presiones y amenazas de la industria minera es muy limitada. Los aspectos de dificultad técnica en el diseño y operación de las minas, la falta de expertos independientes encima de una fuerte presión política, asociada con las promesas multimillonarias que acompañan a los desarrollos mineros, crea increíbles demandas en grupos ecologistas y gobiernos indígenas y locales. Las intervenciones y las negociaciones son costosas y muchas veces divisoras, tienen pocas perspectivas de satisfacer los intereses locales.

Como respuesta a esta desalentadora fuerza política, ONGs y organizaciones indígenas de un amplio rango de sectores y regiones han venido trabajando hacia el establecimiento de una organización nacional que trabaje exclusivamente en reformas mineras, con el mandato de establecer un presencia real con los que "toman las decisiones" tanto en el sector público como en el sector privado en Ottawa y más allá. La investigación estratégicamente dirigida, la educación y la defensoría son necesarias para cambiar tanto las prácticas de las compañías mineras como las políticas públicas y así ofrecer garantías para individuales, comunidades y ecosistemas.

Alerta Minera extrae las lecciones aprendidas a nivel local para poder ir más allá de estar peleando de comunidad a comunidad o de mina a mina. Nosotros hacemos posible un cuestionamiento sistemático basado en la mejor información sobre los que "toman las decisiones", y en un análisis informado de las opciones para la reforma de las políticas de la industria minera. Alerta Minera busca las vías para crear alianzas estratégicas en Canadá e internacionalmente entre grupos que buscan promover las políticas mineras sostenibles.