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Oruro: Encuentro de Justicia Ambiental y Minería en America Latina

Jamie Kneen Communications and Outreach Coordinator responsible for: strategic research, social media, and public engagement; our Africa program, environmental assessment, and uranium mining.

Los días 9 al 11 de marzo pasado se reunieron en Oruro, Bolivia, representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de Iglesias de América Latina para compartir y discutir la situación de injusticia ambiental que enfrentan comunidades y organizaciones, producto de las políticas de atracción de capitales mineros transnacionales en la región. Representantes de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Guatemala discutieron la realidad minera latinoamericana enfocando los conflictos que dejan en evidencia la insustentabilidad de la actividad.

La organización anfitriona, Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) de Oruro, hizo público el encuentro organizando una mesa de discusión la noche del 9 de marzo con participación de 4 invitados de América Latina. En dicha mesa se trataron temas relacionados a las estrategias de las empresas mineras frente a la oposición y resistencia de las comunidades y, la respuesta de las comunidades frente a dichas estrategias mineras.

Conflictos mineros

Se desatacan elementos comunes a los conflictos y que están conformados por el atropello a los derechos de las comunidades locales, las mentiras y engaños diseminados por las empresas mineras para lograr apoyo de la población, la criminalización de la oposición a la minería.

Un segundo periodo de incremento de inversiones mineras en la región amenaza con convertirse en un extendido foco de conflictos entre empresas mineras y comunidades afectadas. La ubicación de los yacimientos en las cabeceras de cuenca y la presión sobre los recursos hídricos genera un gran rechazo por parte de comunidades y asentamientos humanos.

En todos los países de la región donde hayan llegado las empresas mineras hay oposición y conflictos. Es la realidad actual de América Latina y no se ve una salida a este problema mientras las empresas mineras se consideren con el derecho de realizar minería allí donde hayan minerales, no importando la amenaza a las aguas, desplazamiento forzado de comunidades y oposición de afectados por los riesgos a los ecosistemas y a la salud de la población.

Cada vez se torna más difícil para las empresas mineras vender las bondades de sus actividades toda vez que las comunidades locales y organizaciones de apoyo están cada vez mas informadas de los impactos negativos de la minería.

Se suma a ello los escasos o nulos aportes mediante impuestos y regalías, el socavamiento de la débil institucionalidad nacional, la instauración y uso de la corrupción política y social y las presiones ilegítimas que debilitan aun más las democracias en la región.

Frente a la oposición de las comunidades la respuesta es la cooptación, las amenazas, la militarización y el uso de la fuerza.

Proyectos como Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina son cuestionados con fuerza desde puntos de vista técnicos, sociales, ambientales, económicos y éticos. La fundición de la Oroya en Peru por su parte es considerada una fuente de polución que convierte a esa localidad como una de las más contaminados del planeta y evidencia lo inconveniente de convivir con la minería.

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina

En este contexto, las organizaciones presentes acordaron formalizar el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y fortalecer así la articulación entre quienes luchan en la región por la justicia ambiental, los derechos de las comunidades y la defensa de los ecosistemas afectados por la minería.

Los participantes de las Iglesias, sacerdotes, religiosos y laicos manifestaron su compromiso con los derechos de los más pobres vulnerados por las empresas mineras en diferentes países de la región y la voluntad de articularse con la lucha de las comunidades y organizaciones en defensa de sus derechos, los ecosistemas y la integridad de la Creación.

El Observatorio cuenta con un sitio web que difunde información sobre los conflictos mineros en la región, las campañas en curso y las acciones de solidaridad frente a la agresión de las empresas mineras y sus aliados contra dirigentes de comunidades y profesionales opuestos a la minería - www.conflictosmineros.net.

Solidaridad con amenazados

Los asistentes, representantes de organizaciones e Iglesias de la región acordaron solidarizar con quienes se ven amenazados por sus actividades críticas a la minería.

Se trata del Sacerdote de Limón, Ecuador, Juan de La Cruz Rivadeneira acusado injustamente de acciones violentistas contra la empresa de generación eléctrica, y del Sacerdote Marco Arana, sujeto de acoso, amenazas y seguimientos por su labor de defensa ambiental y social en Cajamarca, Perú donde se encuentra operando la mina de oro mas grande del continente: Minera Yanacocha.

Las acciones paramilitares y de inteligencia propiciadas por las empresas mineras y con el silencio cómplice de los gobiernos se han ido transformando en las estrategias de intimidación generalizadas en la gran mayoría de los conflictos mineros de la región.

A cada momento se suman nuevas denuncias de acoso, persecución, enjuiciamiento injustificado y amenazas de todo tipo a lideres que denuncian la insustentabilidad de la minería.

Esta realidad requiere de amplias acciones de solidaridad para proteger la integridad de quienes ejercen el derecho de oposición a la minería y la defensa de las comunidades afectadas y los ecosistemas dañados o amenazados.

El encuentro permitió ratificar la voluntad de fortalecer el trabajo de las organizaciones y articular mejor las iniciativas y luchas locales dándoles un carácter regional que permita enfrentar de mejor forma los conflictos entre comunidades, organizaciones y empresas mineras.

Declaración de Oruro
"Unidad, solidaridad y defensa de nuestros derechos frente a la industria minera"

Bolivia, 11 de marzo del 2007

Reunidos en Oruro, Bolivia, país de larga tradición minera, hoy contaminado y empobrecido por el saqueo indiscriminado de sus recursos, las organizaciones de comunidades y pueblos afectados por la minería, las instituciones ecologistas, de derechos humanos y de las Iglesias, en el marco del Encuentro Latinoamericano de Justicia Ambiental y Minería, realizado entre los días 09 al 11 de marzo, sobre la base de nuestras experiencias, consideramos: 

Que, la agresiva expansión de la industria minera en Latinoamérica, bajo el argumento de "desarrollo económico", esta generando conflictos y afectando los derechos de un número creciente de comunidades y poblaciones, provocando el despojo de sus tierras, desplazamientos forzados, migraciones, y daño irreparable al medio ambiente que es la base fundamental para la vida.

Que, la industria minera es responsable del saqueo y destrucción de los recursos naturales por más de 500 años, generando una enorme deuda ecológica y la apropiación de bienes comunes como el agua y el suelo, afectando las soberanías nacionales y la pérdida de valores e identidad cultural.

Que, el Estado y los gobiernos han abandonado su rol de protección de los derechos humanos, de regulación y fiscalización ambiental de los proyectos de exploración y explotación minera, y se han empeñado en generar políticas favorables para atraer la inversión, principalmente transnacional.

Que, la poderosa influencia de las empresas mineras transnacionales en todos los niveles de gobierno, su intervención directa en la vida de las comunidades, y el control de gran parte de los medios de comunicación, son algunas de sus estrategias de dominio, corrupción y campañas públicas en contra de nuestras organizaciones e instituciones.

Que, las acciones de hostigamiento, amenazas, agresión física y asesinato de líderes sociales en ámbitos donde se desarrollan conflictos entre empresas mineras y comunidades son prácticas crecientes en los países de Latinoamérica.

Que, la criminalización de la legítima defensa de los derechos vulnerados ha dado lugar a verdaderas operaciones de control territorial por parte de las empresas mineras, cuya manifestación más clara es la militarización, haciendo uso de fuerzas públicas y privadas, contra las comunidades afectadas por sus proyectos extractivos. La corrupción, cooptación de dirigentes y ONGs son complemento frecuente a estas operaciones.

Por lo señalado, declaramos que:

Rechazamos las prácticas criminales e impunes de las empresas, gobiernos e instituciones que atentan contra los derechos de las comunidades y nos sumamos a la creciente respuesta de la sociedad civil y la resistencia de las comunidades.

Abogamos por el fortalecimiento y articulación de las diversas experiencias de lucha que están logrando sensibilizar a amplios sectores de la población y avanzar en la recuperación de sus derechos y territorios.

A partir de estas experiencias y buscando confluir con estos procesos de resistencia acordamos constituirnos como Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, para fortalecer la unidad, solidaridad y la defensa de nuestros derechos.

Expresamos nuestra solidaridad con los líderes sociales, defensores ambientales y de derechos humanos, e instituciones de los países de Latinoamérica, que vienen sufriendo hostigamiento y represión por parte de las empresas mineras y los Estados.

Llamamos a los gobiernos de los Estados de América Latina y a las instituciones del sistema de las Naciones Unidas a que asuman políticas y mecanismos para garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería y eviten asumir programas que facilitan y legitiman las malas prácticas de la industria minera. 

Conscientes que los pueblos de América Latina se ponen de pie para defender sus derechos, reafirmamos nuestra esperanza y nuestra opción por la defensa de la dignidad de la vida, el derecho a la tierra, el territorio, el agua, los bosques, el aire.

Llamado a los Obispos para Tener en Cuenta en las Orientaciones Pastorales que Puedan Darnos en La Aparecida

Los sacerdotes, religiosas y religiosas, laicos y un pastor metodista reunidos en el Encuentro Latinoamericano sobre Justicia Ambiental y Minería en América Latina, realizado en Oruro-Bolivia, los días 9 al 11 de Marzo de 2007, nos dirigimos a los obispos de nuestro continente que participarán en la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano de "La Aparecida" para pedirles tengan en cuenta algunas de nuestras preocupaciones pastorales y las incorporen en las orientaciones que puedan darnos para animar nuestro testimonio de vida cristiana en medio de nuestros pueblos:

Vivimos en América Latina una etapa de crecimiento intensivo de las inversiones, en las industrias extractivas, que están generando impactos destructivos sobre el medio ambiente y provocando el crecimiento de conflictos sociales, los cuales han llegado a poner en peligro la vida misma de las personas; frente a todo ello, la iglesia renovará sus esfuerzos por seguir educando y trabajando para favorecer la justicia de la cual será fruto la paz.

Constatando que estas actividades están causando el sufrimiento de la tierra, haciendo sufrir las personas, especialmente a las más pobres, que tienen menos recursos para protegerse, nuestra Iglesia deberá seguir profundizando en su opción por la vida, la opción preferencial por los pobres y la defensa del ambiente.

Se ha roto la comunión con Dios, la comunión con los hombres y mujeres, así como la comunión con la creación. La Iglesia deberá pronunciar su mensaje profético de denuncia de lo que está ocurriendo y anunciar la esperanza promoviendo acciones que conduzcan a una pastoral de la reconciliación con Dios, los hombres y mujeres, y la creación.

Han surgido en el continente, líderes y movimientos ecologistas que defienden y protegen la vida, por cuya opción de vida están siendo amenazados por aquellas fuerzas que destruyen la creación. En algunos casos, se ha ocasionado la muerte de estos líderes, por el hecho de defender la creación amenazada. Como Iglesia, defensora de la vida, estamos urgidos a la solidaridad con quienes son perseguidos y amenazados.

La destrucción de la tierra y del agua ponen en peligro la vida misma y la sostenibilidad de las comunidades nativas, indígenas y campesinas. La Iglesia profundizará su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades más excluidas y amenazadas en su propia sobre existencia.

Estamos llamados a valorar la cultura y la sabiduría de las comunidades indígenas apegadas a la tierra en las que reconocemos la presencia de Dios, nuestra tarea evangelizadora anunciará el Evangelio y fortalecerá la espiritualidad de defensa de la vida.

Desde el anuncio del Dios de la Vida que nos fortalece enriqueceremos nuestras celebraciones y nuestra vida sacramental, siempre abierta a la contemplación del don de la creación que fue hecha buena y que hemos desfigurado.

Firman:

P. Eduardo Chepillo – Chile
P. Juan de la Cruz Rivadeneira – Pastoral Schuar – Ecuador
P. Erick Gruloos – San Miguel de Ixtahuacan - Guatemala
P. Marco Arana Zegarra – Perú
P. Miguel Córdova OMI - Perú
Daniel Le Blanc OMI – Perú
P. Seamos P. Finn – OMI, Washington USA
Hna. Isabel Ramírez – Centro Vicente Cañas – Cochabamba, Bolivia
Hno. Gilberto Pawels OMI – Oruro, Bolivia
Sr. Luis Faura – Pastoral Salvaguarda de la Creación - Chile
Pastor Modesto Mamani – Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia