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Organizaciones Sociales de Colombia Repudian el Asesinato del Padre José Reinel Restrepo

Jen Moore Jennifer Moore worked as MiningWatch's first full-time Latin America Program Coordinator from 2010 to 2018.

El Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, repudiamos el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, párroco de Marmato y defensor del derecho del pueblo a pervivir y permanecer en su territorio.

El pasado viernes 2 de septiembre de 2011, el cuerpo sin vida del sacerdote fue encontrado sin sus documentos de identificación, junto a la motocicleta en la que se transportaba, en la vía que conduce entre Mistrató y Belén de Umbría en el Eje Cafetero Colombiano. Medios de comunicación relacionaron su muerte con un supuesto atraco, versión dudosa que puede estar ocultando la realidad de un asesinato relacionado con su trabajo de defensa de la población del municipio minero.

La semana anterior a los hechos, del 23 al 26 de agosto, el sacerdote Restrepo había visitado la ciudad de Bogotá junto con líderes del municipio para denunciar la zozobra que vive la comunidad por el megaproyecto de extracción minera de oro a cielo abierto que conlleva al desarraigo y pérdida de derechos de población afrodescendiente, indígena y mestiza de Marmato en el departamento de Caldas.

El padre Restrepo denunció que la empresa Medoro (ahora fusionada con la Gran Colombia Gold), de origen canadiense, había hecho circular información sobre la supuesta venta de la parroquia, confundiendo a la comunidad sobre la realidad en torno a la reubicación de la iglesia. Para verificar esta información, el mismo sacerdote se comunicó con la diócesis de Caldas y con el episcopado de la región indagando si efectivamente se había realizado esa venta, lo cual fue negado por esa autoridad eclesiástica.

A ojos de los líderes sociales en defensa de Marmato y del padre Reinel, estas situaciones han obedecido a la intención de sacar a toda costa a las personas que habitan el caso urbano de esa localidad para desarrollar la minería a cielo abierto; él había expresado públicamente en varias ocasiones que "solo a la fuerza podrán sacarme de la parroquia y del municipio."

Expresamos nuestra solidaridad con la familia del sacerdote y con su comunidad religiosa que pierde a uno de sus miembros comprometido con la defensa de los derechos humanos.

Antecedentes

En la municipalidad de Marmato en el departmento de Caldas, Colombia, conviven históricamente, población afrodescediente, indígena y mestiza. La economía de este municipio se ha sustentado en la pequeña minería, desarrollada por habitantes de la región en minas de socavón. Hace aproximadamente cuatro años, empresarios canadienses llegaron a la región adquiriendo títulos y tierras a los pobladores; esto a la vez fue el anunció de las intenciones de dejar cientos de personas sin empleo, fuera de las minas que habían trabajado a través de la pequeña minería, así como la reubicación del casco urbano y las instituciones allí asentadas (hospital, escuela, colegio, iglesia) a la vez que se incrementa la presencia de fuerza pública lo que la población siente como intimidación frente al libre ejercicio de los derechos y la pacífica expresión de sus reclamos.

El desarrollo del megaproyecto, igualmente, implicaría la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan esos territorios ancestralmente. Al respecto el estado colombiano ha expresado su voluntad de no llevar a cabo el proceso de consulta previa. Así lo expresó el exministro de Minas Hernán Martínez Torres el 29 de julio de 2009 indicando "dejó claro que no se desarrollará el proceso de Consulta Previa", actitud que se mantienen en el actual gobierno con la cual el estado colombiano desconoce sus obligaciones en materia de derechos humanos y en particular la surgida del Convenio 169 de la OIT ratificado en Colombia a través de la ley 21 de 1991 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Una filial de la empresa Medoro Resources presentó ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) más de 100 amparos administrativos para que le reconozcan propiedad sobre títulos mineros en Marmato, de minas que han estado a cargo de pequeños mineros, también llamados guacheros. Es evidente que al lado de este interés la multinacional ende quedarse con las minas para iniciar el desarrollo del proyecto de explotación a cielo abierto.

La intención reubicar el casco urbano y las comunidades adyacentes, se ha sustentado sobre la declaratoria de riesgos geomorfológicos mitigables en caso de que existieran.

Solicitudes

Al estado colombiano

- Desarrollar una investigación exhaustiva, seria y pronta por estos hechos y adoptar medidas para que la misma contribuya al esclarecimiento del crimen.

- Garantizar que los derechos de las comunidades y sus organizaciones, incluidos los de expresión y participación frente a la implementación de estos megaproyectos, no sean irrespetados.

- Garantizar a la población su derecho a permanecer en el casco urbano habitado ancestralmente.

- Garantizar que la iglesia, lugar de culto de la población católica, permanezca en el lugar en que se encuentra.

Al estado canadiense

- Tomar las medidas necesarias para impedir que las empresas de origen canadiense, o que tengan sus activos en ese país, generen o se beneficien de violaciones a derechos humanos.

- Garantizar que de ser necesario, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, serias y prontas en su jurisdicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

A la iglesia católica colombiana

- Mayor compromiso y apoyo a los párrocos locales en su labor de acompañamiento de las comunidades en la defensa de sus territorios.

- Exigencia firme al estado colombiano de acciones efectivas para el pronto esclarecimiento de este crimen.