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Blockades in Morona Santiago (Source: PSHA)

Las compañías mineras canadienses son parte del problema a medida que aumenta la represión de los movimientos indígenas y sociales en Ecuador

Kirsten Francescone Latin America Program Coordinator Kirsten Francescone works to support communities, organizations, and networks in the region struggling with mining conflicts.

MiningWatch expresa una fuerte preocupación por el "Estado de Excepción" (Estado de emergencia) declarado por el presidente ecuatoriano Lenin Moreno el 3 de octubre, que busca otorgar poderes excepcionales a las fuerzas policiales y militares para reprimir las movilizaciones de la sociedad civil e indígena contra los el llamado “Paquetazo”. La eliminación de los subsidios del gobierno a la gasolina y el diésel la semana pasada fue la gota que colmó el vaso en una serie de medidas de austeridad económica que buscan "abrir" a Ecuador a la inversión extranjera según lo ordenado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros prestamistas internacionales que han estado renegociando la sustancial deuda externa de Ecuador.

El grupo Comunanalisis denunció hoy (declaración adjunta), los prestamistas internacionales y las instituciones financieras presionaron al gobierno para que firmara el acuerdo de 2019 con el FMI que privilegia la inversión extranjera como una forma de proporcionar garantías para los préstamos de miles de millones de dólares. Al demostrar que tienen "proyectos mineros estratégicos" que generarán divisas, el gobierno ha podido renegociar la deuda.

El FMI también aconsejó a los funcionarios ecuatorianos que modifican el régimen tributario aplicable al sector minero para eliminar las acciones de "desincentivos a la inversión" que han sido aplaudidos por el FMI y las compañías mineras por igual.

Las comunidades están atrapadas en la línea del frente defendiendo sus territorios contra la amenaza que representa la extracción minera en sus territorios, un asalto que cuenta con el pleno apoyo del gobierno nacional, las instituciones internacionales de crédito y los bancos financieros  y empresas extranjeros (principalmente canadienses, aunque también australianas y chinas).

Las empresas canadienses también tienen la culpa del aumento de la violencia en las comunidades indígenas y campesinas que se oponen a la posición de brazo fuerte del gobierno.

Porque el gobierno no las obliga a las empresas mineras y petroleras pagar, manifiesta Accion Ecologica (pronunciamiento adjuntado)? 

Según la base de datos de MiningWatch Canada, en 2019 había 12 empresas mineras con sede en Canadá con más de 40 proyectos mineros en el país. Entre ellos se encuentran los proyectos que se han denominado "estratégicos" y, por lo tanto, se han incorporado a los ingresos anticipados para pagar la deuda externa, como el proyecto Loma Larga de INV Metals, que se opuso sinceramente en la provincia de Azuay, y el proyecto Fruta del Norte de Lundin Mining en Provincia de Zamora Chinchipe. 

También es importante mencionar que los territorios donde ha resurgido una fuerte resistencia a las compañías mineras canadienses en el último mes son los mismos territorios a los que se ha enviado al ejército para reprimir los bloqueos actuales. El 17 de agosto, el Tribunal Constitucional dictaminó que, a pesar de los pronunciamientos del Viceministro de Minas y el Presidente, el gobierno central no puede evitar ni anular las consultas populares sobre la minería en los territorios afectados por la minería, ya que están garantizados en la constitución. Si bien el tribunal rechazó la pregunta del referéndum presentada por la provincia antiminera de Azuay, respaldó la lucha y la oposición en curso de las comunidades afectadas por el proyecto Loma Larga en el sensible ecosistema de páramo (páramo).

Más aún, el 20 de agosto, una asamblea en la provincia de Intag, a la que asistieron 2.000 personas, emitió un comunicado en el que daba a las compañías mineras dos meses para retirarse por completo de sus comunidades. Estas declaraciones fueron dirigidas a tres compañías, una de las cuales es una compañía canadiense. Cornerstone Capital Resources ha estado tratando de explorar en el área a través de acuerdos de empresa conjunta con la empresa minera estatal ecuatoriana ENAMI. Sus actividades han sido objeto de críticas y oposición en todo el país.

El 23 de agosto, el gobierno de los pueblos indígenas Shuar Arutam se declaró libre de minería, exigiendo la salida de empresas mineras, la mayoría de las cuales son canadienses (Aurania Resources, Luminex Resources y Solaris Copper). El mismo día en que se declaró el "Estado de excepción" y el ejército estaba atacando los bloqueos Shuar, Aurania Resources anunció que había conseguido instalar a su equipo de perforación en territorio Shuar, comenzando la perforación esta semana. (Los manifestantes de Shuar Arutam están siendo gasificados por los militares mientras escribimos).

Los bloqueos aún se mantienen firmes en muchos de los principales proyectos canadienses destacados anteriormente, a pesar de los intentos activos y continuos de la policía y el ejército de gasificar, abusar y arrestar a los manifestantes. Cerca de 200 personas han sido arrestadas y un manifestante ha sido reportado muerto.

La tensión en torno a los proyectos mineros está llegando a un punto de ruptura, como lo demuestra la reciente quema del campamento minero de Río Blanco. El gobierno ecuatoriano y las compañías mineras están incitando a la violencia al negarse a tomar en serio la oposición local. Como expresión de frustración, las comunidades están tomando la justicia en sus propias manos.

La organización indígena nacional CONAIE (declaración adjunta), en respuesta a la declaración del gobierno, manifestó su propio estado de emergencia, pidiendo a la policía y al ejército que se retiren de los territorios indígenas o que sean "detenidos y sometidos a la justicia indígena".

Las empresas canadienses están intentando utilizar el discurso de la deuda externa del gobierno para justificar sus proyectos a los inversores, a pesar de los costos humanos y ecológicos. Pero esto no refleja la realidad sobre el terreno y la resistencia innegable y generalizada a las actividades mineras en el país. Mientras escribo esto, los Shuar Arutam están siendo gaseados por los militares en sus bloqueos. La presencia continua de compañías canadienses en el área causa una amenaza real a las vidas de las comunidades y los pueblos indígenas que defienden sus territorios del inminente desastre socio-ecológico.