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Comunicado: Por el aniversario de una denuncia por alegaciones de corrupción en el caso Blackfire, la Red Mexicana de Afectados por la Minería – Chiapas hace una llamada para poner fin a la impunidad y para una respuesta por parte de las autoridades canadienses y del estado de Chiapas a dos solicitudes para mayor información.
Opinión: Rick Arnold, antes coordinador de Fronteras Comunes Canadá, plantea que el proyecto de RSE financiado por la Agencia Canadiense de Desarollo Canadiense (ACDI) con la ONG Visión Mundial y Barrick Gold podría estar orientado a la disminución de la oposición local ante un proyecto minero de Barrick en La Libertad, Perú en lugar que el desarrollo económico local.
Carta: Dos ciento y treinta tres organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando su preocupación sobre decisiones recientes que debilitan la eficaz de los mecanismos para protejer a los derechos humanos de las comunidades afectadas por la minería y otros megaproyectos en las Américas. Se entregó la carta poco tiempo después de que la CIDH tomó la decisión el 7 de diciembre de 2011 para modificar las medidas cautelares para la protección de 18 comunidades Maya indígena y Sipapakense afectadas por la mina...
Carta Abierta: El Coordinador General del Coordinador Andino de Organizaciones Indígenas (CAOI) escribió a Ministra Bev Oda, Barrick Gold y la ONG Visión Mundial para solicitar que no se realice un proyecto tripartito de la Responsabilidad Social Empresarial en La Libertad, Perú, sino velar por el respeto de los derechos indígenas.
Carta abierta: En el contexto de la creciente actividad minera de empresas canadienses en Colombia y la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, organizaciones ecuménicas y sociales de Canadá llamen al Ambajador Canadiense en Bogotá para que asegure que las empresas mineras candienses operando en el país respeten al derecho al consentimiento libre, previo e informado antes de realizarse cualquier actividad minera, como consta en la legislación nacional e internacional. La carta responde a una acción urgente emitido por las autoridades del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta en Caldas, Colombia.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue adoptado en 1998 y puede ser visto como un precedente, de acuerdo con el señor Gómez, para el establecimiento de un tribunal internacional de crímenes ambientales. Él cree que tal institución es esencial para acabar con la impunidad de la cual gozan las empresas multinacionales, causantes de daños ambientales a gran escala y a largo plazo. Él explica cómo este sueño se haría toda una realidad.
En Argentina, el movimiento por la protección del medio ambiente estuvo originalmente en manos de grupos aislados y algunos académicos que hacían reflexiones dentro de las aulas universitarias. De ahí, las comunidades preocupadas por su bienestar adoptaron la lucha, y hoy en día ha llegado hasta las salas de los tribunales. El Sr. Gómez habla sobre los retos y sus esperanzas con respecto al futuro de su país. Él también comparte una interesante visión de como los jueces pueden eficazmente buscar justicia en casos ambientales, argumentando que la atención del público ayuda a contrarrestar...
Una serie de universidades argentinas se han negado a aceptar donaciones de empresas mineras y el Sr. Gómez recomienda a las instituciones canadienses de considerar con cuidado las prácticas de dichas empresas antes de recibir tal tipo de financiación.
El Sr. Gómez destaca cinco tipos de investigaciones relacionadas con la operación minera, desde las cuestiones ambientales hasta las preocupaciones sobre la pérdida de ingresos al Estado argentino.
El Sr. Gómez describe lo que él llama el 'círculo cerrado' en cuanto a las empresas mineras autorizadas a operar sin tener debidamente en cuenta el medio ambiente y que, posteriormente, usan sus grandes ganancias para asegurar la impunidad. El señor Gómez está convencido de que su oficina debe concentrarse en el procesamiento de directores de empresas como los autores intelectuales de delitos ambientales-lo cual es posible bajo la ley argentina aunque difícil de hacer a pesar de que el país está administrado por un gobierno relativamente progresista.