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Minería en Canadá: Una Introducción al Marco Legal

Ramsey Hart, Alerta Minera Canadá y Dawn Hoogeveen

Los autores quieren agradecer a Viviane Weitzner, Myriam Laforce, Zaraí Toledo Orozco, Patricia Rojas y Gonzalo Bustamante por sus comentarios sobre este documento.

Contactos: ramseyhart(at)miningwatch.ca; dawnhoog(at)gmail.com

Introducción

Minería en Canadá: Una Introducción al Marco Legal es una respuesta a los pedidos de miembros de comunidades, activistas y académicos canadienses y de fuera del país acerca del funcionamiento de las leyes sobre la minería en Canadá. El documento presenta aspectos relacionados a la legislación minera canadiense desde una perspectiva que no es técnica, más bien muestra algunos casos emblemáticos y hace referencia a  los resultados de algunas de las reformas hechas en la materia. Con el fin de hacer accesible la información a la mayor cantidad de público, hemos tratado de no extendernos en los contenidos, pero hemos añadido enlaces donde puede encontrarse información más detallada. Adicionalmente, el texto busca complementar otros documentos de carácter más técnico ya existentes,[1], así como también espera poder proporcionar una perspectiva crítica que parece ausente en otros documentos que abordan el tema. Esperamos que esta información pueda contribuir a que el lector tenga un entendimiento realista sobre las fortalezas y debilidades del marco legal canadiense, así como que sea de ayuda para mejorar los estándares sociales y medioambientales de las leyes de minería en Canadá y a nivel internacional.

De acuerdo a lo propuesto, el texto buscará responder las siguientes preguntas claves:

  1. ¿Cómo está regulada la minería en Canadá y quién es el “propietario” de los recursos?
  2. ¿Cómo obtienen acceso a la tierra las compañías mineras en Canadá?
  3. ¿Existen áreas donde no se puede realizar la actividad minera?
  4. ¿Cómo son consultadas las comunidades y los pueblos indígenas sobre las actividades mineras, y en donde se respeta su consentimiento?
  5. ¿Cómo se evaluan los proyectos mineros antes de su aprobación?
  6. ¿Qué legislación existe para proteger el medio ambiente durante la exploración y explotación minera?
  7. ¿Cómo son distribuidas las ganancias producto de la minería entre las empresas, los diversos niveles del gobierno, las naciones indígenas y las comunidades locales?
  8. ¿Qué pasa al terminar una operación minera? ¿Son restauradas las áreas empleadas para la actividad minera?

Nota: Este documento podría ser actualizado cada cierto tiempo para incluir los cambios que ocurran dentro del marco político y legal minero, así como para continuar desarrollando los temas tratados. Por favor, sírvase contactar con nosotros para darnos sus comentarios, recomendaciones o ideas sobre otros temas que deberían ser incluidos.

1. ¿Cómo está regulada la minería en Canadá y quién es el “propietario” de los recursos?

En Canadá, el gobierno tiene la propiedad de la mayoría de los recursos minerales. Sin embargo, esta propiedad absoluta es cuestionada por varios grupos indígenas que nunca han cedido sus territorios y otros que han logrado la firma de Tratados para su uso, aunque la propiedad del subsuelo sigue en disputa. En resumen, son muy pocas las entidades privadas y grupos indígenas que son propietarios de los recursos minerales en Canadá. Canadá tiene territorios federales y provincias que cuentan con gran autonomía relativa (políticamente Canadá es una Federación compuesta por diez provincias y tres territorios). De acuerdo a la Constitución fundacional canadiense, la actividad minera es un asunto de jurisdicción provincial. En los territorios, tradicionalmente los asuntos mineros se atendían en la jurisdicción federal, pero actualmente están en proceso de ser devueltos al gobierno territorial. En el territorio de Yukon, este proceso ha sido completado, mientras que en los otros dos territorios, Nunavut y los Territorios del Noroeste (NWT), el Departamento Federal de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte (Aboriginal Affairs and Northern Development) se mantiene como la autoridad. Las diferencias entre los territorios se deben a cuestiones históricas y políticas, propias y únicas de cada región. Cada una de las diez provincias y el territorio de Yukon tienen sus propias legislaciones mineras así como sus propias leyes y políticas que regulan la actividad minera. A nivel federal, las Regulaciones Mineras de NWT y de Nunavut son aplicables sólo en dichos territorios, mientras que otras leyes federales como la Ley de Pesca (Fisheries Act), la Ley de Evaluación Ambiental (Environmental Assessment Act) y la Ley de Explosivos (Explosives Act) son aplicables en todo Canadá.

En la mayor parte de Canadá, la propiedad privada de la tierra no incluye la propiedad o los derechos del subsuelo. Esto significa que una empresa minera puede conseguir derechos mineros en propiedad privada. El área total de propiedad privada en Canadá es relativamente pequeña (aproximadamente 11% de la superficie del país[2], y solo una parte pequeña de estas áreas privadas se encuentra en zonas donde hay actividad de exploración minera activa. (Véase pregunta número 2)

En Canadá, donde los grupos indígenas han negociado Acuerdos sobre Reivindicaciones de Tierra (land claims) la propiedad sobre el suelo y el subsuelo se tratan de forma separada. En muchos casos, los grupos indígenas han negociado los derechos sobre la superficie de la tierra, pero la Corona todavía tiene la propiedad del subsuelo. En otros casos, los grupos indígenas pueden obtener el título de propiedad sobre el suelo y el subsuelo. El Acuerdo o Tratado por la Reivindicación de Tierras en el territorio Nunavut (The Nunavut Land Claim Agreement)[3] muestra los dos casos. Los Inuit obtuvieron derechos sobre el 20% del suelo del territorio Nunavut, pero solo obtuvieron la propiedad completa, incluyendo derechos sobre los minerales, para el 2% del territorio. Otro ejemplo es el de la nación de los Tli’Cho en los Territorios Noroeste (Northwest Territories), quienes interpusieron una Reinvidicación de Tierras en el 2003.[4] Dentro de su territorio, la nación indígena Tli’Chologró la mayoría de los derechos del subsuelo.

Algunas naciones y organizaciones indígenas han establecido sus propios códigos y políticas para la actividad minera (Véase pregunta número 4). En los lugares donde estos grupos tienen derechos sobre el suelo y el subsuelo y/o poseen tratados de auto-gobierno que el estado reconoce, la autoridad sobre estas políticas y códigos es relativamente clara. En otros, donde la posesión de la tierra o el auto-gobierno no ha sido negociados con el Estado, los grupos indígenas tienen que luchar para que sus protocolos sean respetados por los gobiernos provinciales, territoriales y federal, y por las industrias.

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2. ¿Cómo obtienen acceso a la tierra las compañías mineras en Canadá?

Las compañías minera logran acceso a la tierra en Canadá “demarcando una concesión” sobre los minerales del subsuelo. Históricamente, esto implicaba físicamente colocando postes o marcadores en la tierra para demarcar su concesión sobrelos minerales. Luego, las compañías tienen que registrar su concesión mineral con la autoridad provincial o territorial competente, según sea el caso. En las provincias de British Columbia, Newfoundland y Labrador, Ontario y Quebec, el proceso físico de demarcar las concesiones mineras ha pasado a hacerse vía internet, a través de la demarcación en un mapa en línea. Esto ha hecho que el acto físico de demarcación en el territorio sea innecesario. El pedido de derechos vía internet ha generado controversia porque, por un lado ha terminado con los empleos que generaba la actividad física de demarcar la propiedad, además facilita el pedido de grandes extensiones de territorio y dificulta el monitoreo de las demarcaciones por parte de los pueblos indígenas. Un aspecto positivo de esta forma de demarcación en línea, sin embargo, es que evita las posibles consecuencias negativas de enviar gente y su equipaje a zonas agrestes sólo para demarcar derechos sobre los recursos minerales.[5]

Después de que el pedido de demarcación queda registrado, las actividades en el territorio deben empezar lo más pronto posible a fin de mantenerlo “en buen estado” y para que el pedido sea considerado vigente. Si es que no ocurriera ningún trabajo luego de establecerla concesión, los derechos sobre el territorio expiran después de un determinado plazo, normalmente dos años. Aunque hay áreas donde no se pueden pedir derechos sobre los recursos minerales (este tema será desarrollado en la siguiente pregunta), muchos territorios están disponibles para compañías mineras y compañías de prospección minera en el marco de lo que se conoce como el sistema de “libre entrada”. La libre entrada proporciona acceso a amplias áreas de territorio, permiso para realizar actividades de prospección, libertad para reclamar derechos sobre la tierra sin consultar, y tener acceso y derechos exclusivos para proseguir con labores de exploración y extracción, además de poder vender los minerales encontrados. Tradicionalmente, han existido muy pocas formas de detener a las compañías mineras de ejercer su derecho de exploración y extracción una vez que la concesión ha sido registrado. No hay nada dentro del sistema de libre entrada que garantice el respeto al derecho de las poblaciones indígenas a dar su consentimiento previo, libre e informado (véase pregunta 4), o la protección de los intereses de las municipalidades y/o de los dueños de las propiedades.[6] El establecimiento o registro de las concesiones mineras crea asimismo, puede generar impedimentos para otras propuestas para el uso del territorio, incluyendo aquellas provenientes de los pueblos indígenas y de la creación de áreas protegidas (Véase también pregunta número 3). Este sistema de libre entrada está siendo cuestionada en diversas partes de Canadá.

En al provincia de Ontario, el sistema de libre entrada ha sido modificado para que las compañías mineras se vean legalmente obligadas a consultar a los pueblos indígenas antes de empezar cualquier actividad de exploración. Este cambio en la legislación minera en Ontario fue resultado de un largo proceso de reformas a la Ley Minera (Mining Act) en la provincia en 2009, logrado por la presión ejercida por los grupos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil sobre el gobierno provincial. Sin embargo, aún no es claro que impacto tendrá estas reformas, debido a que las regulaciones que acaban de emitir el gobierno provincial están muy ambíguas en términos del procedimiento para la consulta y no garantiza que va a obligar el consentimiento antes de aprobar un permiso para la exploración minera.

El proceso de “modernización” de la Ley Minera de Ontario también incluyó una restricción a futuras concesiones mineras en propiedad privada en partes de la provincia que se encuentran altamente pobladas y  proporcionó una opción para que los dueños de propiedad privada puedan solicitar que su tierra sea retirada de las que están disponibles para ser demarcadas.[7] En la provincia de Quebec, un proyecto de reformas a la ley minera[8] designa zonas urbanas y áreas recreacionales como áreas no disponibles para la exploración minera. No obstante, municipalidades y grupos ciudadanos han argumentado que esta reforma no es suficientemente contundente dado que la ley aún le da preferencia a las actividades mineras antes de cualquier otra actividad en áreas rurales, incluyendo la agricultura.

Muchos de los acuerdos sobre los territorios indígenas en el norte de Canadá han establecido procesos para la revisión de los proyectos de exploración y/o proyectos mineros para proveer con más datos a los grupos indígenas y con eso, contribuir a la toma de decisión respecto a dichas actividades. Esto incluye el acuerdo de Nunatsiavut, James Bay y Northern Quebec, y el Acuerdo de territorio Nunavut (Véase también pregunta número 5 para mayor información sobre las juntas de revisión).

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3. ¿Existen áreas donde no se puede realizar la actividad minera?

Canadá tiene varias áreas protegidas que han sido designadas por el gobierno federal, provincial y territorial para la conservación de los ecosistemas naturales y que no pueden ser sujetos a exploración o actividad minera. Existe asimismo, un sistema de Parques Nacionales a cargo del gobierno federal que cumplen el mismo objetivo en zonas declaradas de importancia nacional en cada una de las 39 regiones naturales en el país. Estos parques han sido creados bajo el marco legal de la Ley de Parques Nacionales (National Parks Act).[9] Actualmente, dicho sistema cubre un área de aproximadamente 300,000 km² que equivale al 2.25% de la superficie en Canadá.[10] No se permite concesiones mineras o cualquier actividad minera en los Parques Nacionales.

El gobierno federal también tiene a su cargo otros dos tipos de áreas protegidas, Las Áreas Nacionales de Vida Salvaje (National Wildlife Areas) y Los Santuarios de Aves Migratorias (Migratory Bird Sanctuaries). Estas áreas están designadas específicamente para la conservación de la vida de especies salvajes específicas y aunque no están exentas de ser electas para actividad minera, requieren de una autorización especial para que ésta tenga lugar. Cada una de las provincias y territorios también cuentan con áreas protegidas en sus respectivas jurisdicciones, en la mayoría de las cuales no permiten actividades de exploración o explotación minera. Esta red de áreas protegidas varía en la cantidad de área cubierta. Con los gobiernos provinciales y federal, la suma de las áreas protegidas abarca aproximadamente el 9.4% de todo el territorio de Canadá, y de esta, el 94% no está disponible para la minería.[11]

En los casos en que la minería está permitida en un área protegida es usualmente porque la concesión minera se hizo previamente a la protección de la zona. En muchos casos en Canadá, la creación y expansión de áreas protegidas ha sido difícil dado que en el pasado ya se habían otorgado derechos a terceros sobre los recursos minerales de dichas tierras. Ejemplos de esta situación los tenemos en los casos de Tombstone Park en el Yukon[12], Parque Nacional de Nahanni en los NWT[13], en el área protegida de Rivière George en Quebec y en el Bosque Protegido Wolf Lake en la provincia de Ontario[14].

Las provincias de Nova Scotia y New Brunswick tienen legislación que protege las cuencas hidrográficas para asegurar la conservación y abastecimiento del agua. En New Brunswick, la minería está restringida o prohibida en las cuencas de acuerdo a la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act)[15] y en Nueva Escocia, según la Ley Ambiental (Environmental Act).[16]

Canadá posee también 16 Reservas de Biósfera reconocidas por la red internacional UNESCO. La designación de las Reservas de Biósfera no prohibe la exploración o la explotación minera. Las Reservas de Biósfera incluyen la protección de áreas fundamentales para la conservación y zonas de amortiguamiento o zonas de transición[17]. En Canadá la mayoría de las áreas fundamentales de conservación que forman parte de las Reservas de Biósfera también son parques nacionales y provinciales, por lo que en estas zonas no se permiten la minería, aunque en otras áreas dentro de las Reservas de Biósfera si lo puedan realizar. En la actualidad, se realiza la exploración minera en por lo menos dos Reservas de Biosfera canadienses (Clayoquot Sound, en la provincia de British Columbia y Manicouagan-Uapishka, en Québec).

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4. ¿Cómo son consultadas las comunidades y las naciones indígenas sobre las actividades mineras, y en donde se respeta su consentimiento?

La sección 35 de la Constitución de Canadá (1982) reconoce y afirma la existencia de “derechos y tratados indígenas”, y frecuentemente se menciona esta sección para la defensa de los derechos indígenas en el país. Se han logrado importantes decisiones en las cortes[18] a favor de los derechos indígenas y actualmente, es firmemente reconocido en la jurisprudencia que los gobiernos tienen el deber de “consultar e adaptarse” a los grupos indígenas en sus decisiones cuando estas pueden afectarlos directamente o atentar contra sus derechos, tal como otorgar una concesión minera, dar permiso para la exploración minera o algo similar. Este derecho indígena de “consulta y acomodo”[19] proviene del principio del “Honor de la Corona” y del objetivo de reconciliación entre la Corona y los Pueblos Indígenas y entre los intereses indígenas y los de la sociedad. Sin embargo, pese a lo que dice la ley, frecuentemente en Canadá se otorgan concesiones mineras y dan permiso para las actividades mineras con muy poca o ninguna consultación. Antes del desarrollo de una mina en Canadá, casi siempre incluir algun proceso de consultación, pero sigue siendo muy difícil para los grupos indígenas lograr modificaciones en el desarrollo de un proyecto minero o que su derecho a decir no sea respetado. El Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC por sus siglos en inglés) es el derecho de participar en el proceso de toma de decisiones y el derecho de decir “sí” o “no” a las decisiones y actividades que pueden afectar a los territorios y los recursos de los pueblos indígenas. FPIC está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas (UNDRIP 2007) la cual Canadá respaldó en el 2010.[20]

Según lo estipulado por el FPIC, el consentimiento debe ser dado sin coerción o manipulación y previamente a que los planes en cuestión sean aprobados por el gobierno. Para que esto sea así, la población indígena debe tener la información adecuada de manera que pueda entender en su totalidad las consecuencias positivas y negativas de los proyectos que pretenden ejecutarse. Es importante también, que las comunidades tengan la oportunidad de tomar sus decisiones según sus propios procesos y tradiciones. De acuerdo al FPIC, los derechos indígenas a la propiedad deben estar garantizados en el marco legal nacional y debe hacerse uso de procesos de consultación y toma de decisiones consensuales y transparentes.[21]

Pese a que Canadá ha aprobado la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas (DNUDPI), ni el gobierno federal ni los gobiernos provinciales han establecido mecanismos claros para asegurar que las obligaciones estipuladas por la Declaración se cumplan. Precisamente, una de las razones invocadas por Canadá para no aprobar la DNUDPI es la incompatibilidad del derecho de FPIC cuando es interpretado en términos de derecho a veto con la legislación nacional. Estos gobiernos, así como la industria, continúan validando conceptos y formas de consulta e inclusión imprecisos y arbitrarios en lugar del consentimiento. Esto no garantiza el derecho de las comunidades a decir “sí” o “no” a las decisiones y las actividades que se pretenden hacer en sus territorios. [22]

Al finalmente aprobar la DNUDPI, Canadá asume una postura en que el derecho de “consulta y acomodo” interno sería la traducción al derecho de FPIC. Sin embargo, un análisis de los contenidos y del objetivo del derecho de “consulta y acomodo” y de FPIC muestran que estos son distintos incluso cuando el derecho de FPIC no se interpreta como derecho de veto. Sus principales diferencias son que en el FPIC la consulta tiene como objetivo (de “buena fe”) el obtener el consentimiento indígena, en cambio en el derecho de “consulta y acomodo” no se busca el consentimiento indígena y este consentimiento sería solo uno entre otros tipos de “acomodo”. Por otro lado, mientras el derecho de “consulta y acomodo” tiene como principal objetivo el conciliar los intereses de la sociedad dominante, el derecho de FPIC tiene como objetivo la autodeterminación indígena en el marco de los Estados-nación.

Las únicas áreas en Canadá en donde el consentimiento es un requisito sin ambigüedad son las áreas contempladas en los Tratados de Tierra en donde se han reconocido los títulos a la propiedad de los pueblos indígenas. Hay que mirar cada tratado negociado y firmado para saber las especificidades. Por ejemplo en Nunatsiavut[23], los títulos de propiedad Inuit sobre las tierras y los recursos minerales han sido reconocidos, lo cual ha dado lugar a que la población tenga la autoridad para tomar decisiones sobre sus tierras. Los Inuit de Nunatsiavut han desarrollado sus propios estándares para la exploración minera, los mismos que incluyen el consentimiento antes de las actividades de exploración en sus tierras.[24]

En los NWT, las compañías mineras son incentivadas a informar a las poblaciones indígenas en donde se ha resuelto su título sobre las tierras antes de empezar con la demarcación de concesiones mineras. Sin embargo, esto difiere de lo señalado por el Consentimiento Libre, Previo e Informado, dado que no siempre se busca el consentimiento de las poblaciones indígenas a pesar de tener títulado sus territorios. Ya que en muchas parte de Canadá no se han resuelto los títulos de los pueblos indígenas a sus territorios y no se han establecido regulaciones claras para la consultación adecuada, muchos grupos indígenas han desarrollado sus propios protocolos para relacionarse con la industria minera y proteger sus territorios. Ejemplos de esto incluyen la nación de los Tlingit del río Taku[25] y la nación Kitchenuhmaykoosib Inninuwug.[26] Estos protocolos no son reconocidos oficialmente por los gobiernos federal o provinciales, sin embargo, un caso llevado a corte ha generado respaldo sobre su importancia en el proceso de consultación.

Los requerimientos legales establecidos para la consulta e inclusión de los pueblos indígenas han hecho que varias compañías mineras desarrollen acuerdos con comunidades indígenas durante las fases de exploración y explotación de los proyectos mineros. El Departamento Federal de Recursos Naturales (Natural Resources Canada - NRCAN) ha hecho una compilación de estos acuerdos pero no ha llevado a cabo una revisión seria de sus contenidos o si han sido fracasos o éxitos[27].

Los acuerdos de exploración pueden incluir: protocolos de comunicación y consulta; financiamiento para capacitación para que se pueda trabajar con una empresa o realizar una revisión independiente de un proyecto; apoyo para el entrenamiento de los miembros de la comunidad para incrementar sus capacidades laborales para trabajar en el proyecto; compromisos de empleo para los miembros de la comunidad; y contribuciones económicas a la comunidad. Asimismo, pueden haber “trampas” en dichos acuerdos como: lenguaje ambíguo sobre acuerdos financieros; requerimientos para la no interferencia en el proyecto por parte de los miembros de la comunidad; la suposición implícita o promoción de acuerdos de exploración que respalden fases posteriores del proyecto; además de la generación de conflictos, división y desconfianza dentro de las comunidades cuando la toma de decisiones en torno a los acuerdos no es transparente. En cuanto a los acuerdos ante la fase de explotación de los proyectos mineros, véase pregunta número 7.

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5. ¿Cómo se evaluan los proyectos mineros antes de su aprobación?

La mayoría de las minas nuevas en Canadá serán sujetas a cierto nivel de Evaluación Ambiental (conocido como EA, por sus siglas en inglés) antes de entrar la fase de explotación. En algunas regiones, particularmente en los “territorios” (que son las zonas norteñas: Yukon, NWT y Nunavut), las actividades de exploración minera también podrían ser sujetas a una evaluación si en la revisión preliminar del proyecto se encuentran motivos de preocupación sobre sus impactos posibles. En las provincias, la reciente reformada Ley de Evaluación Ambiental federal (conocida por sus siglas en inglés como CEAA 2012)[28] aplica para la mayoría de proyectos mineros, aunque la nueva ley permite que se subsistituye procesos de evaluación provincial para el proceso de evaluación federal que requieren autorización federal.

En los territorios del Yukon, NWT y Nunavut, las evaluaciones ambientales federales han sido generalmente remplazadas por procesos de revisión regional que fueron desarrollados como parte de la resolución de los títulos sobre los territorios de las poblaciones indígenas. En Nunavut, hay una Junta de Revisión de Impacto de Nunavut, aunque la CEAA aún aplica para los proyectos cuyos impactos son transfronterizos o de “interés nacional”; en estos casos se lleva a cabo un proceso de revisión conjunta. En los NWT, la Junta de Revisión del Valle de Mackenzie es responsable para la evaluación ambiental en gran parte del territorio, pero la CEAA aún aplica dentro del territorio Inuvialuit (Inuit)y tal como en Nunavut, si es que hay asuntos transfronterizos o de interés nacional. En el caso de Yukon, el proceso de aplicación de la CEAA ha sido remplazado por el proceso de la Junta de Evaluación Ambiental Yukon. La CEAA 2012 específica que el proponente del proyecto (es decir la parte interesada) explique los potenciales efectos ambientales de su proyecto en temas de jurisdicción federal, como los pueblo indígenas, impactos inter-provinciales, pesca y aves migratorias. Los proyectos se someterán a una evaluación inicial después de la cual podrían o no ser sujetos de una evaluación comprensiva, además pueden ser rechazados si la evaluación encuentra efectos significativos, aunque también tienen posibilidades de ser aprobados si es que “dadas las circunstancias tales consecuencias son justificables”. Quienes proponen el proyecto son responsables por conducir y completar una investigación técnica para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La EIA debe incluir perspectivas de las comunidades afectadas y contestar a sus inquietudes. Una vez terminada, la EIS está disponible para revisión y comentarios por parte del publico, los pueblos indigenas y las distintas agencias del gobierno. En algunos casos, el gobierno convoca un panel independiente de revisión para que lleve a cabo un proceso de evaluación de la EIA y convocar audiencias públicas sobre el proyecto.[29] La evaluación por parte del panel independiente es generalmente considerada más rigurosa y cuenta con mayor participación pública. Los criterios para que un proyecto sea revisado por un panel dependen de la potencialidad de tener efectos ambientales negativos y/o alta preocupación sobre el proyecto en la sociedad.

Uno de los propósitos de la CEAA 2012 es promover el desarrollo sustentable, sin embargo tiene una trayectoria pobre de análisis sobre la sostenibilidad de los proyectos en la mayoría de los casos. Evaluaciones de sustentabilidad relativamente rigurosas han sido aplicadas a los proyectos del niquel de Voisey’s Bay, el proyecto de oro y cobre Kemess North, el proyecto de basalto Whites Point y el proyecto de gas MacKenzie.[30] Whites Point y Kemess North, junto con la reciente decisión de rechazar el proyecto de oro y cobre Prosperity son unos de los pocos ejemplos en donde la evaluación ambiental federal resultó en el rechazo de un proyecto.

Un aspecto importante de la CEAA ha sido la asignación de un presupuesto para la participación en general y para la participación indígena, ello ayuda a que los grupos con  interés en el proyecto puedan participar efectivamente en el proceso de evaluación. El nuevo proceso a través de la CEAA 2012 también incluye financiamiento para la participación, sin embargo aquellos que siguen los cambios en la ley y en su implementación cuestionan cuán limitados son los tiempos, las restricciones sobre quién puede participar y la disminución de la cantidad de financiamiento disponible para la participación pública y de la población indígena. [31]

El proceso provincial de evaluación ambiental (EA) varía en distintas partes del país. Todas las provincias, salvo Ontario, automáticamente revisan los proyectos mineros de mayor envergadura (pero no las actividades de exploración) aunque Quebec tiene un umbral de 7,000 toneladas por día para exigir un proceso de evaluación ambiental provincial. Los procesos provinciales han sido criticados por ser tan susceptibles a la influencia política, la falta de transparencia, la falta de respeto por los derechos indígenas y por la poca participación pública en los procesos. Las críticas hechas en la provincia de British Columbia al proceso deevaluación del proyecto Prosperity son un ejemplo de estas preocupaciones.[32]

Aunque no siempre con buenos resultados, los grupos indígenas participan activamente en los procesos de EA a nivel territorial y provincial. Estas revisiones representan una importante oportunidad para que ellos puedan entender y documentarlos posibles impactos sobre sus derechos, además la legislación canadiense establece que se requiere de la participación de buena fe de los pueblos indígenas en los procesos de consulta tal como los EAs. Sin embargo, en sí mismo, los procesos de evaluación ambiental no son adecuados para enfrentar y resolver los temas relacionados al respeto de los de derechos indígenas y de sus títulos de propiedad. Esto se demuestra claramente en la manera de que muchos veces los pueblos indígenas terminen participando en aquellos procesos como partes interesadas y no como titulares de derechos. Adicionalmente a la aprobación de la evaluación ambiental, los proyectos mineros deben tener otras autorizaciones específicas para el uso de la tierra y del agua, la construcción de su campamiento, para el cierre de la mina (Véase: pregunta 8), etc. Dichas autorizaciones pueden resultar en pequeños cambios al proyecto pero rara vez derivan en cambios significativos, y mucho menos ponen en riesgo que la EA detenga el proyecto.

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6. ¿Cuál legislación existe para proteger el medio ambiente durante la exploración y la  explotación minera?

La minería puede tener un amplio rango de impactos ambientales durante la fase de exploración y las fases de desarrollo y explotación de las minas.[33] Estos impactos pueden ser focalizados, o como en el caso de la contaminación del agua, extensivos.

La mayoría de las leyes mineras en las provincias, el Yukon y a nivel federal hacen relativamente poco para proteger el medioambiente durante la exploración y la explotación minera. Comúnmente, los controles ambientales provienen más bien de otras leyes de protección ambiental, o leyes relacionadas a la pesca o el agua. Algunas de estas leyes tienen versiones a nivel provincial y federal, aunque por lo general se ha tratado de conservar los mismos estándares en todas ellas. En teoría, las disposiciones de la mayoría de las leyes que protegen el medio ambiente aplican para las actividades de exploración, pero dado que ellas usualmente ocurren en regiones apartadas, con poco control del gobierno, su supervisión y aplicación es muy difícil. En la provincia de Quebec por ejemplo, la exploración minera está exenta de varias regulaciones importantes de la Ley de Calidad Ambiental.[34]

La provincia de British Columbia tiene un Código de Salud, Seguridad y Reclamación (Health, Safety and Reclamation Code)[35] que aplica controles ambientales sobre la exploración y la explotación minera, incluyendo disposiciones para proteger el suelo y el agua, así como para rehabilitar los lugares post- actividades. Mientras que los estándares generalmente son positivos y comprensivos, en vez de establecer normas claras y medibles lo que sería mejor, solamente requiere de actividades que minimicen los riesgos.

En la provincia de Ontario, la Ley Minera “modernizada” aprobada en el 2009 incluye disposiciones para emitir permisos para la exploración y exigir la rehabilitación de los lugares explorados, pero la reglamentación para la ejecución de estos mandatos aún no ha sido escrita.

Tal como se mencionó anteriormente, el gobierno del territorio de Nunatsiavut (el pueblo Inuit de Labrador) ha desarrollado una regulación muy completa para la exploración.[36] Además de  incluir disposiciones para que haya consentimiento, la regulación cuenta con disposiciones para la creación de una línea de base o colección de datos de referencia, la protección de la vida salvaje y la limpieza del área.

La Asociación de Prospectores y Mineros de Canadá (PDAC por sus siglos en inglés), una organización industrial, ha desarrollado un conjunto de estándares y buenas prácticas para la exploración minera llamado “E3 Plus”.[37] Estos estándares representan directrices razonables, sin embargo su aplicación es totalmente voluntaria y usualmente, en la práctica, no son respetados.

Una de las leyes ambientales federales más importantes (y también una de las más antiguas) que aborda el tema de las actividades mineras es La Ley de Pesca.[38] Junto con la Ley de Evaluación Ambiental federal, la Ley de Pesca ha sufrido cambios importantes que han sido de gran preocupación para los pueblos indígenas, defensores del medio ambiente, científicos, investigadores y organizaciones del derecho en el interés público. La Ley de Pesca aun previene arrojar sustancias dañinas para la pesca en aguas donde habitan peces, pero los hábitats protegidos se limitan a la pesca comercial, recreacional y indígena, y a actividades que podrían causar daños más drásticos. Ademas, estos cambios aumentan el poder del gobierno para evitar las protecciones generales a través de la aprobación de regulaciones que permiten impactos negativos.

Un ejemplo de tales regulaciones es la Regulación de Efluentes de la Minería Metálica  (conocido como “MMER” en inglés) que fue promulgado en el 2002 y permite arrojar efluentes mineros a las aguas superficiales siempre y cuando se cumplan con 9 parámetros.[39]  Esta ley también exige que se realicen exámenes de toxicidad de los efluentes mineros, así como monitoreos biológicos aguas debajo de la mina. Estos monitoreos han demostrado que pese al relativo cumplimiento de las regulaciones, los efluentes mineros tienen efectos negativos sobre las comunidades de especies acuáticas que habitan aguas abajo de la mina. La MMER también permite que los cuerpos de agua, ricos en peces, puedan ser reclasificadas como Áreas de Embalse de Relaves, para que de esta manera puedan ser usados como depósito de los residuos mineros.[40]

La Ley de Protección Ambiental Federal (CEPA por sus siglas en inglés) incluye disposiciones para el transporte seguro, el almacenamiento y la eliminación de combustibles y sustancias tóxicas.[41] También incluye requisitos para informes sobre las emisiones de sustancias tóxicas, y las mineras tienen la responsabilidad de publicar información sobre las sustancias tóxicas de los botaderos, relaveras, efluentes y de las emisiones en la atmósfera. Esta información está disponible en el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (National Pollutant Release Inventory), aunque por muchos años la industria minera estuvo exenta de reportar dicha información en torno a sus botaderos y relaveras. MiningWatch Canada ha peleado exitosamente ante la Corte Federal para que tal información esté más disponible. Sin embargo, en una revisión hecha en 2011 sobre el cumplimiento de la CEPA, la Comisión del Ambiente y del Desarrollo Sustentable encontró fallas considerables en su aplicación.[42]

Las provincias y territorios tienen diferentes regulaciones para el descargo de los efluentes mineros, el manejo de residuos sólidos, las emisiones ambientales y el ruido. El monitoreo y reporte sobre el cumplimiento de las regulaciones dependen en gran medida de las propias empresas. En la provincia de Ontario, la mitad de las veinte operaciones mineras actuales declararon haber tenido excedentes en los efluentes por encima de los requeridos en 2010. Muchos de estos fueron relativamente menores, pero varias mineras si han presentado problemas graves en más de una ocasión, incluyendo los efluentes que fueron letales para la trucha y el zooplancton Daphnia magna. La mayoría de esos excedentes no fueron penalizados con cargos o multas, sólo requirieron que los operadores desarrollen un plan de acción para mejorar la situación. [43]

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7. ¿Cómo son distribuidas las ganancias producto de la minería entre las empresas, los diversos niveles del gobierno, las naciones indígenas y las comunidades locales?

Las regalías mineras y los impuestos mineros son recaudadas en base de la producción minera por los gobiernos provinciales, territoriales o federales, según sea la jurisdicción correspondiente. Cada provincia, El Yukon, los NWT y Nunavut tienen distintas leyes que regulan las tasas de regalías. Las regalías son altamente dependientes de lo que se considera como “ganancia definida minera” (“defined mining profits”) y no sobre el valor bruto de la producción.[44]

Desde el 2010 en Nuvanut así como en los NWT, las regalías son aplicadas en una escala móvil. Si el valor de la producción de la mina es mayor que 5 millones de dólares, entonces la tasa de las regalías será equivalente al 5%. Con una producción entre 5 a 10 millones de dólares, la tasa de regalías aumenta al 6% y va incrementándose en 1% por cada millón de dólares adicional en la producción, hasta un máximo de 14%[45]. Otras jurisdicciones aplican regalías desde el 5% (es el caso del Impuesto Minero en la provincia Ontario para mineras que se encuentran alejadas) hasta el 17% (como el Impuesto Minero en la provincia de Manitoba).[46] Dado que las regalías están basadas en las ganancias y las compañías buscan considerables deducciones en el cálculo de las mismas, el valor de la producción mineral que se retiene en materia de regalías es mucho más bajo que la tasa de impuestos sugerida, y en promedio, mucho menor que el 4% del valor de la producción.[47]

Además de las regalías instituidas para compensar el uso de un recurso público, las compañías mineras deben pagar impuestos corporativos sobre la renta provincial que van desde el 8.25% hasta el 15%, además de impuestos sobre la renta federal del 18%. Al igual que con las regalías, las empresas pueden declarar siniestro significativamente sus costos de producción y exploración, por lo que pueden reducir sustancialmente el monto a pagar de sus impuestos a la renta o hasta el pago total de los mismos.[48]  

Malcolm Taggart, del Comité de Recursos del Ártico Canadiense, examinó el promedio anual de pagos mineros en los territorios del norte de Canadá entre 1992 y 1997, incluyendo tarifas, regalías y costos administrativos. Según su análisis, durante este período los pagos recaudados de la industria minera no cubrían los costos administrativos, los subsidios y la promoción de la industria.[49] Taggart también sugierió que son los gobiernos territoriales los que más ganan en términos de ingresos, debido a la cantidad de impuestos que recaudan y que provenienen de los impuestos a la renta de los salarios de los trabajadores de las minas. Hallazgos similares fueron registrados por MiningWatch y el Instituto Pembina publicados en el 2002.[50]  

La firma de Acuerdos sobre los Territorios Indígenas ha dado lugar a convenios para la repartición de los pagos mineros recaudados con algunos pueblos indígenas. Por ejemplo, el Acuerdo sobre los Territorios Indígenas de Nunavut (NLCA por sus siglas en inglés) establece que el gobierno federal pague un porcentaje del total de las regalías recibidas (50% de los primeros $2,000,000 y un 5% de cualquier regalía adicional) a través de un fideicomiso a los Inuit y también les da el derecho a recibir directamente el total de los pagos de las regalías sobre la tierra donde ellos poseen los derechos del subsuelo. El NLCA también requiere la firma de un “Acuerdo sobre los Impactos y los Beneficios de los Inuit” (IIBA por sus siglas en inglés) entre una de las tres organizaciones Inuit y una compañía minera que opera en su territorio. El IIBA detallaría otros potenciales beneficios que serían proveídos a los Inuit en reconocimiento y compensación por los posibles impactos de la minería. Algunos de los factores que podrían ser considerados en el IIBA serían: empleo, capacitación, oportunidades de negocios, protección ambiental y monitoreo, protección a los lugares y prácticas culturales, vivienda y protección a la salud. Aunque Nunavut es una de las pocas jurisdicciones en Canadá donde el Acuerdo de Impactos y Beneficios (IBA por sus siglas en inglés) es requerido por ley, hay muchos ejemplos donde estos acuerdos han sido firmados por las compañías mineras con las comunidades indígenasa manera de paliativos otorgados por los impactos que su actividad tendría sobre su territorio, además les ayudan a conseguir y demostrar la aprobación social del proyecto (pese a que el deber de consultar técnicamente concierne a los gobiernos provincial, territorial y federal). Al respecto, el kit de herramientas del IBA es una excelente fuente desarrollada por la Fundación Gordon que explica algunas de las complejidades en las negociaciones de los IBAs.[51]

Dado que la mayoría de los IBA son negociados fuera de un marco legal, la repartición de la recaudación y otros beneficios a través de IBA depende de lo negociado entre las compañías y las comunidades. Estas negociaciones podrían incluir pagos de montos fijos, un porcentaje de las ganancias, acciones en la compañía, o una combinación de ellos. Adicionalmente a los pagos monetarios, IBAs normalmente incluyen acuerdos para el entrenamiento y contratación de miembros de la comunidad participante. Una buena práctica emergente de los IBAs es la inclusión de disposiciones para que se realicen monitoreos independientes y rigurosos de las operaciones mineras, así como mecanismos permanentes de diálogo y resolución de conflictos. En la provincia de British Columbia, el gobierno provincial ha firmado acuerdos con dos comunidades indígenas para compartir un porcentaje de las regalías de los proyectos mineros dentro de sus territorios.[52] Los detalles no han sido proporcionados aún, pero una fuente señala que uno de los acuerdos es por un tercio de las regalías aplicadas a las ganancias.[53] El gobierno provincial ha dicho que prefiere negociar más acuerdos mina por mina en lugar de abordar las cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos indígenas y sus territorios.[54]

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8. ¿Qué pasa al terminar una operación minera? ¿Son restauradas las áreas empleadas para la actividad?

El legado de la historia minera canadiense incluye la destrucción de paisajes, contaminación del agua y lugares peligrosos producto de las operaciones mineras. Afortunadamente, desde los años 1980, se han sido establecidas varias regulaciones a lo largo del país para que las compañías mineras rehabiliten las áreas una vez que hayan terminado su trabajo en la zona. Siguen los cuestionamientos, sin embargo, sobre si las leyes son realmente pertinentes o adecuadas para lidiar con los peores escenarios, si la extensión total de los sitios mineros puede ser verdaderamente rehabilitada y en torno a la necesidad para el cuidado a muy largo plazo o perpetuo de los sitios mineros cerrados. Los aspectos claves de las regulaciones preventivas incluye exigir que la compañía operante desarrolle un plan de cierre de minas así como provee una garantía económica para que en el caso de caer en bancarrota o abandona el área en cuestión, el gobierno tendrá la posibilidad de acceder a los fondos necesarios para la rehabilitación del sitio. Las especificaciones legales y las políticas requeridas para los planes de clausura y para el aseguramiento de los fondos de reabilitación varían alrededor del país. Estas especificaciones fueron revisadas extensamente en un reporte del 2006 hecho por Joseph Gastrilli para La Iniciativa de Zonas Mineras Huérfanas y Abandonas. [55]

Un tema de preocupación es el hecho de que las cantidades y los tipos de garantía económica que las compañías otorgan no son siempre de dominio público. Revisiones en los Estados Unidos han señalado repetidas veces que las garantías publicadas por las compañías operadoras para la rehabilitación de las áreas de mina están generalmente basadas en aproximaciones arbitrarias de los costos que se necesitarían para tal actividad.[56] La mina de oro Mount Nansen en el Yukon, la mina Cantung en el NWT y la mina Jerico Diamond en Nunavut son ejemplos canadienses recientes de mineras que quebraron y los fondos de garantía destinados para la rehabilitación fueron insuficientes.[57]

Típicamente, la garantía económica consiste en bonos o efectivo, aunque en algunas jurisdicciones como en la provincia Ontario, también está permitida la “auto-garantía”. Este último significa que si la compañía tiene una buena calificación en lo que refiere a crédito, entonces se pueden usar esos fondos disponibles para rehabilitar la zona. La calificación crediticia no obstante, es un indicador muy voluble y dependiente de la solvencia de la compañía, de modo que la auto-garantía no asegura en absoluto que la compañía no pueda irse de la zona sin asumir sus responsabilidades. Así que, aunque Ontario tiene uno de los estándares más prescriptivos y detallados en materia de rehabilitación de tierras en Canadá, la provincia corre el riesgo de que las condiciones económicas de una empresa que se “auto-garantía” cambiarán y el gobierno provincial se quedaría con los costos de la cierre de sus operaciones.

El plan de cierre de las áreas mineras y una implementación exitosa del mismo no hará que la zona vuelva a su estado natural previo a las actividades extractivas, y de hecho, las áreas pueden presentar cambios en distintos grados de acuerdo al tipo de minería que tuvo lugar. Para todas las minas, la rehabilitación incluye la remoción de las construcciones y equipos, además de asegurar que no haya nada que pueda representar un peligro (como los tajos abiertos o pozos) y minimizar los riesgos permanentes medio ambientales.[58]

Las minas subterráneas más pequeñas que ponen sus desechos en las zonas minadas probablemente tengan un impacto físico menor. Las grandes minas y aquellas a tajo abierto en cambio, alteran dramáticamente las zonas. Su rehabilitación incluirá la habilitación de depósitos de desechos para aumentar la estabilidad, el posible tapado o relleno con capas diseñadas para tal fin y su revegetación. Las especies nativas son usualmente usadas para el proceso de revegetación, pero la flora original difícilmente puede ser restablecida durante el proceso de cierre. Incluso, para protejer las capas diseñadas para el relleno, podría ser importante tratar de prevenir el establecimiento de la vegetación nativa que pueda tener raíces profundas y con ello, pueda dañar las capas superiores del suelo que funciona como barreras de ingeniería. Según las leyes, una vez que las actividades del plan de cierre han sido completadas, las tierras donde hubo actividad minera vuelven a quedar bajo el control gubernamental y la autoridad de la jurisdicción canadiense correspondiente, lo que absuelve potencialmente a la compañía de cualquier responsabilidad futura. En realidad, son pocos los sitios que han sido retornado en una manera planificada y controlada debido en gran parte a la falta de claridad en materia de política que guíe sobre los mecanismos y el financiamiento necesario para tal propósito.[59] Cuando en la provincia de Manitoba retornaron al gobierno zonas donde había tenido lugar el proceso de cierre de minas, la provincia encontró que había varios costos adicionales significativos que exigía el mantenimiento de estos sitios que no habían sido anticipados. La provincia de Ontario rechazó la propuesta de Barrick Gold que buscaba renunciar a la mina Renabie; un lugar que ha venido teniendo problemas ambientales, incluyendo la lixiviación de cianuro proveniente de los relaves. En la provincia de Quebec la practica de retomar los sitios mineros es más común, y en la provincia de Saskatchewan hay un programa elaborado para asegurar que la empresa deje recursos financieros para los gastos de mantenimento futuros.

El tratamiento a largo plazo del agua es el asunto más serio en el proceso de cierre de una zona luego de concluir la actividad minera. Mientras que las áreas de desecho pueden ser “re-diseñadas” y su superficie revegetada con mucha vegetación y grandes campos de pasto verde, lo que realmente importa es cómo los residuos pueden reaccionar al agua que fluye bajo la superficie. Cuando los residuos son almacenados en el agua para reducir los riesgos de drenaje ácido de mina y la lixiviación de metales, las paredes del embalse, los drenajes de agua, y otras características de diseño deben ser tratadas y vigiladas a perpetuidad. Esto representa un reto sustancial, legal, financiero y ético para la industria, para las entidades regulatorias así como para las comunidades afectadas.[60] Donde se requiere un activo y continuo tratamiento de las aguas, los costos y los requerimientos de manejo a largo plazo deben ser considerados antes de la aprobación del proyecto. Algunos expertos en la materia, por ejemplo el Centro para la Ciencia en la Participación Pública, recomienda que se debería negar licencias para cualquier proyecto minero que requiere tratamiento del agua a largo plazo debido a que significa un riesgo demasiado alto para el pueblo afectado quien al final tendrá que garantizar los costos de la mitigación y remediación de los impactos.[61]

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NOTES

[1] Regulación ambiental de la Industria Minera en Canadá: Información sobre los Requerimientos Legales y Regulatorios (Environment Regulation of the Mining Industry in Canada: An Update of Legal and Regulatory Requirements). www.gordonfn.org/resfiles/enviro-mining.PDF

[2] The Canadian Encyclopedia, Crown Land: http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/crown-land

[3] Acuerdo sobre posesión de tierra Nunavut (Nunavut Land Claim Agreement): http://nlca.tunngavik.com/

[4] El acuerdo Tli’Cho (Tli’Cho Agreement): http://www.tlicho.ca/tlichogoverment/ourstory

[5] Para más información sobre demarcación online veáse el siguiente artículo en la revista online the Sudbury Mining Solutions: http://www.sudburyminingsolutions.com/articles/Exploration/09-09-ontario-to-introduce-electronic-map-staking.asp

[6] Para más información sobre el sistema de “libre entrada”, véase: Undermining Our Future  http://wcel.org/resources/publication/undermining-our-future-how-mining%C2%92s-privileged-access-land-harms-people-and-en

También puede consultarse, “Free-entry Mineral Regimes and Aboriginal Title Northern Perspectives”.v25, no. 3,  Otoño-Invierno: 1998-1999. http://www.carc.org/pubs/v25no3/4.htm, y

Origins of Mining Regimes in Canada & The Legacy of the Free Mining System, www.yorku.ca/cerlac/EI/papers/Lapointe.pdf

[7] Ministerio del Desarrollo del Norte, Minería y Silvicultura. Ontario Mining Act de Modernización (Ministry of Northern Development, Mines and Forestry. Ontario Mining Act Moderinization): http://www.mndm.gov.on.ca/mines/mining_act_e.asp, y la respuesta de MiningWatch Canada a la propuesta de modernización del Ontario's Mining Act”: www.miningwatch.ca/miningwatch-canada-responds-ontarios-proposals-modernized-mining-a

[8] Decreto número 14 de Quebec: http://www.mondaq.com/canada/x/133108/Mining/Bill+Amending+The+Mining+Act, http://quebecmeilleuremine.org/content/amendements-au-projet-de-loi-14-nettement-insuffisants

[9] Departamento de Justicia. Acto de National Parks, 2002 (Department of Justice. National Parks Act. 2002). http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/N-14.01/index.html

[10] Parques Canada, Plan de Sistema Nacional de Parques, 2009 (Parks Canada, National Parks System Plan. 2009). http://www.pc.gc.ca/docs/v-g/nation/nation1.aspx

[11] Medioambiente Canadá. Áreas Protegidas, 2011 (Environment Canada. Canada’s Protected Areas. 2011). http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=en&n=478A1D3D-1

[12] Yukon Conservation Society “No to Mineral Exploration in Tombstone Park”, http://www.yukonconservation.org/miningdocuments/Tombstone%20PRESS%20RELEASE.doc

[13] La reserva de zinc en Nahanni procede: http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2011/12/09/prairie-creek-approval.html

[14] Save Wolf Lake Coalition: http://savewolflake.org/index.php/press-releases/11-report-exposes-two-decades-of-errors-and-omissions-behind-failure-to-protect-temagamis-wolf-lake

[15] La ley del Agua Limpia en New Brunswick (The NB Clean Water Act), http://laws.gnb.ca/en/ShowTdm/cs/C-6.1// (Sección 14); Información sobre el programa de protección de cuencas en New Brunswick: http://www.gnb.ca/0009/0373/0001/0002-e.asp

[16] La ley del Ambiente en Nueva Escocia (NS Environment Act): http://nslegislature.ca/legc/statutes/envromnt.htm (Section 105)

[17] UNESCO, Biosphere Reserves - Zoning Schemes, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/main-characteristics/zoning-schemes/

[18] Especialmente desde los fallos “Haida” (2004), “Taku River” (2004) y “Mikisew Cree” (2005) de la Corte Suprema.

[19] La formulación completa de este derecho indígena en Canadá es “el deber de la Corona a consultar, y cuando sea adecuado, a adaptar conductas que tengan impactos adversos potenciales sobre derechos indígenas o de Tratados establecidos”.

[20] UNDRIP: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html

Kairos hoja de datos sobre UNDRIP: http://www.kairoscanada.org/dignity-rights/indigenous-rights/undrip-factsheet-on-canadas-commitment-to-endorse-the-declaration/

[21] “Consentimiento Libre, Previo e Informado: Dos casos de Suriname” (“Free, Prior and Informed Consent:  Two Cases from Suriname”  The Forest Peoples Programme and Association of Saramaka Authorities (2007)): http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2010/free-prior-and-informed-consent-two-cases-suriname

“Aboriginal Peoples and Mining in Canada: Consultation, Participation and Prospects for Change” North-South Institute (2002)

[22] Mecanismo experto de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, Quinta session: United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples Fifth Session, 9-13 July 2012 Joint submission by Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee), Assembly of First Nations, Amnesty International, Canadian Friends Service Committee (Quakers), Union of British Columbia Indian Chiefs, Native Women’s Association of Canada, Treaty Four First Nations, Haudenosaunee of Kanehsatake, Indigenous World Association, First Peoples Human Rights Coalition, KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives: http://www.nationtalk.ca/modules/news/article.php?storyid=61372

[23] Labrador Inuit Reclamo de Tierra (Labrador Inuit Land Claim): http://www.nunatsiavut.com/index.php/en/lilca

[24] Estándares para la exploración minera en Nunatsiavut ( Nunatsiavut Mineral Exploration Standards) http://www.nunatsiavut.com/index.php/en/lands-and-natural-resources/mineral-exploration-standards

[25] Política minera de la nación de Tlingit del río Taku (Taku River Tlingit First Nation Mining Policy): http://trtfn.yikesite.com/downloads/mining-policy.pdf

[26] Declaración y Protocolo de Consulta sobre las cuencAas de KI (KI Watershed Declaration and Consultation Protocol): http://kilands.org/2011/10/14/ki-protects-watershed-and-sets-consultation-protocol-through-referenduml/

[27] Recursos Naturales Canada, Mapeo de Acuerdos Indígenas (Natural Resources Canada, Aboriginal Agreements Map): http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/sites/www.nrcan.gc.ca.minerals-metals/files/files/pdf/abor-auto/aam-eac-e2012.pdf

[28] Ley de Evaluación Ambiental Canadiense (Canadian Environmental Assessment Act) 2012: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Redirector.aspx?RefererUrl=%2fHousePublications%2fPublication.aspx%3fLanguage%3dE%26Mode%3d1%26DocId%3d5697420%26File%3d9&File=74#15

[29] Paneles de Revisión: http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B053F859-1#panel

[30] Gibson, Robert B., Sustainability-Based Assessment Criteria and Associated Frameworks for Evaluations and Decisions: Theory, Practice and Implications for the Mackenzie Gas Project Review (January 26, 2006).

[31] West Coast Environmental Law, Who is Silenced under Canada’s new environmental assessment act?: http://wcel.org/node/1501; Environmental Laws Matter – Environmental Assessment: http://www.envirolawsmatter.ca/environmental_assessment

[32] Haddock, M. 2011. Comparación entre la evaluación de British Columbia y la evaluación ambiental federal sobre la minera Prosperity. Instituto Northwest. http://northwestinstitute.ca/downloads/NWI_EAreport_July2011.pdf /

Para información adicional sobre el proceso de evaluación ambiental desde la perspectiva indígena, véase: Herramientas de evaluación de los pueblos autóctonos de British Columbia: http://www.fneatwg.org/#

Herramientas para la evaluación ambiental de la jefatura de Ontario: http://www.cooeatoolkit.org/

[33] EMCBC, Mining and Environment Primer: http://www.miningwatch.ca/emcbc-mining-and-environment-primer-environmental-impacts-mining

[34] Regulación respecto a la ley de Calidad Ambiental  (the Environment Quality Act):http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R3_A.htm

[35] Salud, Seguridad y Códigos de Reclamos para la minería en British Columbia (Health, Safety and Reclamation Code for Mines in British Columbia): http://www.em.gov.bc.ca/Mining/HealthandSafety/Pages/HSRC.aspx

[36] Regulaciones para la exploración Nunatsiavut (Nunatsiavut Exploration Regulations): http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc070039.htm

[37] E3 Plus: http://pdac.ca/e3plus/

[38] Ley de Pesca (Fisheries Act): http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-14/

[39] Regulación para los Relaves del Metal Minero (Metal Mining Effluent Regulations): http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2002-222/

[40] Para más información sobre la Parte 2 de la MMER: http://www.miningwatch.ca/Lakes_and_Streams_at_Risk

[41] Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act): http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-15.31/

[42] Reporte del Comisionado del Ambiente y del Desarrollo Sustentable. Diciembre del 2011. Capítulo 3 (2011 December Report of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development Chapter 3—Enforcing the Canadian Environmental Protection Act, 1999) http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_cesd_201112_03_e_36031.html

[43] Resumen Mensual de las Aguas Residuales de la Industria, Ontario 2010. Todas las regiones (Ontario 2010 Industrial Sewage Monthly Summary- All Regions): http://www.ene.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@ene/@resources/documents/resource/stdprod_089166.pdf  

[44] Recursos Naturales Canada: “Revisión de los Principales Instrumentos para Impuestos” (Natural Resources Canada “Overview of Main Tax Instruments”): http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/mining-taxation-regime/3683#mntx

[45] Cuadro de la estructura de las principales tasas de impuestos: http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/mining-taxation-regime/3540#tab4

[46] Cuadro de la estructura de las principales tasas de impuestos: http://www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/mining-taxation-regime/3540

[47] Análisis de MiningWatch sin publicar sobre la información de Natural Resources Canada and Mining Association of Canadá.

[48] Un ejemplo de esto se encuentra en el Reporte a la Sociedad de Beers 2010: http://www.debeerscanada.com/files_3/pdf_documents/2010rts/07_economics.pdf

[49] Taggart, Malcom 1998  “The Free Entry Mineral Allocation System in Canada’s North: Economics and Alternatives” Canadian Arctic Resource Committee (p 22)

[50] MiningWatch and Pembina Institute, Looking Beneath the Surface: http://www.miningwatch.ca/en/canadas-mining-industry-strikes-gold-taxpayers-wallet-federal-taxpayers-spend-13000-each-mining-job

[51] http://www.ibacommunitytoolkit.ca/

[52] Nota de Prensa del gobierno de BC, 24 y 15 de Agosto, 2010 ( B.C. Government Press Releases, August 24 and 25, 2010) http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2009-2013/2010EMPR0030-000979.htm

[53] Revista de Minería Canadiense, 29 de Agosto, 2010 (Canadian Mining Journal, August 29, 2010) http://www.canadianminingjournal.com/news/aboriginal-relations-bc-agrees-to-share-new-afton-royalties/1000383239/

[54] Nota de prensa: “Primer Clark rompe una estrategia de los pueblos autóctonos de larga data” (BC Premier Clark breaks with decades-long first nations strategy) Fuente: Globe and Mail, Nov 4 2011 http://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/bcs-premier-clark-breaks-with-decades-long-first-nations-strategy/article4182796/

[55] Informe sobre el marco legislativo, reglamentario, y la política relativa a las medidasde colaboración, responsabilidad, y la financiaciónen relación con las minas huérfanas o abandonadas, contaminadas que operan en Canadá (Report on the Legislative, Regulatory, and Policy Framework Respecting Collaboration, Liability, and Funding Measures in relation to Orphaned/Abandoned, Contaminated, and Operating Mines in Canada), http://www.abandoned-mines.org/publications-e.htm

[56] Kuipers 2000, Kupiers y Zuzulock 2003, Chambers 2005: http://www.csp2.org/reports.htm

[57] Véase el caso de Mt. Nansen: http://www.emr.gov.yk.ca/aam/mount_nansen.html, el caso de Cantung: http://www.carc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94:new-independent-report-confirms-taxpayers-at-risk-from-cantung-mine&catid=41:mining-and-sustainability&Itemid=153 y Jericho: http://www.cbc.ca/news/business/story/2008/12/15/tahera-jericho.html

[58] Rehabilitación y clausura de zonas mineras (Mine Site Reclamation and Closure): http://www.ontario.ca/en/information_bundle/mineral/STEL02_038816.html

[59] La Política Guía en Canadá para el Proceso de Cierre luego de actividades mineras y el Manejo de la Responsabilidad a Largo Plazo: Un Documento Guía: http://www.abandoned-mines.org/pdfs/PolicyFrameworkCanforMinClosureandMgmtLiabilities.pdf.

[60] La Teoría y la Practica del Cuidado Permanente de las Áreas Contaminadas (The Theory and Practice of Perpetual Care of Contaminated Sites): http://www.miningwatch.ca/publications/theory-and-practice-perpetual-care-contaminated-sites

[61] Centro para la Ciencia en la Participación Pública, David M. Chambers, Ph.D., “Posicionamiento sobre el Tratamiento de Aguas para Minas en Perpetuidad”, junio de 2007: http://www.csp2.org/files/reports/Perpetual%20Treatment%20Paper.pdf