Nos unimos en solidaridad con quienes coordinan las acciones que se llevarán a cabo el primer de agosto de 2012 en Canadá y en Latinoamérica en protesta contra la imposición de proyectos extractivos a gran escala, y en particular la minería industrial, en las comunidades sin su consentimiento previo, que pueden tener graves efectos en el bienestar de pueblos aborígenes y otros.
Como sede de casi el 60% de las empresas mineras cuyas acciones se cotizan en las bolsas de valores canadienses, y como principal fuente actual de capital para el sector minero de muchos países latinoamericanos, resulta vergonzosa la agresiva promoción que el gobierno canadiense hace de la industria minera en Latinoamérica, en especial cuando se toman en cuenta las frecuentes violaciones de los derechos individuales y colectivos en las comunidades afectadas por la minería, y la intransigencia del gobierno canadiense para hacer valer los controles obligatorios sobre su industria minera externa, a pesar de las distintas recomendaciones que ha recibido sobre esos casos.
En la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, Colombia, el Primer Ministro, Stephen Harper, dedicó la mayor parte de su discurso ante las autoridades gubernamentales y los líderes empresariales a promover la industria minera canadiense, declarando entre otras cosas: “Al mirar hacia el futuro, podemos ver una mayor inversión minera canadiense a lo largo de todo el continente americano; algo bueno para nuestra prosperidad mutua y que, por ende, es una prioridad para nuestro gobierno.” Al referirse a las leyes ambientales que su gobierno está en proceso de destrozar mediante el reciente proyecto de ley general presupuestaria, Harper promocionó la estabilidad legal, jurídica y normativa, la reducción de impuestos y la agilización de evaluaciones medioambientales como premisas necesarias para atraer la inversión extranjera canadiense a la región. De manera cínica mencionó la importancia de la ciencia en la determinación del resultado de las evaluaciones medioambientales, a la vez que en su propio país silencia a los científicos empleados por el gobierno y los despide en gran número.
Haciéndose la vista gorda sobre la proliferación de conflictos que incluyen aquellos en muchas obras mineras pertenecientes a empresas mineras canadienses en lugares que van desde Argentina hasta México, el Primer Ministro indicó además en su discurso cómo Canadá está ahora desviando el dinero del erario público, de su presupuesto de la cooperación internacional, hacia el fomento de asociaciones entre ONG y empresas mineras, pese a la sólida evidencia que indica que la minería a gran escala tiende a socavar las actividades sostenibles y pone en peligro el futuro de las comunidades afectadas.
Las comunidades no sólo se ven afectadas por los proyectos individuales; también las afecta el diseño de los propios marcos jurídicos que Harper dice que deberían mantenerse estables y que Canadá ha ayudado a promover, en conjunción con grupos financieros internacionales como el Banco Mundial y otros gobiernos extranjeros.
Recordamos que en Colombia, donde Harper ofreció su discurso y donde se ha planificado casi una docena de demostraciones para el próximo primer de agosto, Canadá ofreció asistencia técnica para desarrollar la ley de minería actual, que resultó decisiva para abrir el sector minero del país a las inversiones extranjeras. Los inversionistas canadienses han sido beneficiarios importantes de esas reformas y están en la mejor posición para beneficiarse aún más con el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, que refuerza los derechos empresariales sin ofrecer una protección equivalente a las comunidades y al medio ambiente. Asimismo, a pesar de haber convenido en redactar un informe anual sobre derechos humanos luego de la implementación de este tratado, el gobierno canadiense confirmó las sospechas de que esto era solamente un estratagema para tratar de mejorar las apariencias para que el tratado fuese aprobado en el parlamento. Esto se confirmó cuando en la primavera de este año el gobierno emitió un escrito de dieciocho páginas de largo sin ningún contenido relacionado con los derechos humanos. Los grupos de la sociedad civil colombiana indican que su gobierno no emitió nada al respecto.
Mientras tanto, Colombia sigue siendo el lugar más peligroso para los sindicatos, con la mayor tasa de desplazamientos poblacionales internos del mundo y un abrumador número de violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en las áreas con mayor abundancia de depósitos minerales en el país. Durante el año 2011, se elevó el número de amenazas hechas a defensores de los derechos humanos, en especial a los líderes de las comunidades desplazadas, y a quienes buscan recuperar sus tierras, expropiadas indebidamente por grupos paramilitares. El otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras en Colombia también ha llevado a una mayor inseguridad y conflictos, en vista de la superposición de muchas concesiones con áreas naturales protegidas, importantes fuentes de agua, territorios de comunidades indígenas y pueblos afro-colombianos, y terrenos empleados en labores agrícolas o de minería artesanal o de pequeña escala.
En tal contexto, y en momentos en los que las empresas mineras cuentan con leyes que pesan a su favor, además de la petición del gobierno y de la industria canadiense de mayor rigidez en la política pública para afianzar sus intereses en el continente americano, en detrimento de la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente, las promesas hechas de mayor responsabilidad social empresarial voluntaria no sólo suenan falsas sino que reflejan un terrible doble estándar. Ninguna empresa minera canadiense aceptaría jamás someterse voluntariamente a un marco normativo que regule su acceso al agua y a terrenos para sus operaciones industriales. Pero los pueblos indígenas, los campesinos y los habitantes de pueblos y ciudades, desde Argentina hasta México, están descubriendo que las medidas de protección para sus tierras, fuentes de agua y sus vidas con frecuencia ocupan un segundo plano respecto a las medidas ofrecidas a las inversiones empresariales. Cuando se alzan en protesta, frecuentemente son objeto de represión, penalización, amenazas y ataques.
Esta acción demuestra la oposición colectiva a las políticas impulsadas por empresas en el sector de la explotación y a las políticas del gobierno canadiense, e indica un movimiento hemisférico cada vez más coordinado, dirigido a responsabilizar a la industria de extracción de minerales por sus abusos sistemáticos.
En este día continental de movilización contra la mega-extracción canadiense de recursos, hacemos un llamado al pueblo canadiense para que tome conocimiento de las prácticas mineras injustas y de su impacto en las comunidades, tanto en Canadá como en el extranjero, donde participan empresas canadienses con mucha frecuencia y en las cuales muchos de nosotros quizás hayamos invertido, a sabiendas o no, mediante nuestros planes de ahorros públicos y privados. Demasiados de nuestros espacios públicos, que incluyen universidades e instituciones públicas, como el Museo de la Naturaleza de Ottawa, también están siendo objeto de la privatización y le ofrecen una promoción polarizada a las empresas mineras canadienses y a los ejecutivos que han hecho donaciones a tales instituciones, lo que seguramente también les ofrece exenciones fiscales generosas. Debemos demostrar mayor solidaridad, poner bajo la lupa nuestras inversiones y luchar por la desinversión. También, debemos reclamar los espacios públicos para el bien del pueblo.
De mayor importancia resulta la necesidad de que exijamos que el gobierno canadiense respete y promueva los derechos humanos individuales y colectivos, que incluyen los derechos de consentimiento libre, previo y informado de los pueblos indígenas, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho internacional, además del derecho de acceso a las fuentes de agua y a vivir en un ambiente sano y seguro; que regule las actividades de las empresas de la industria minera en el extranjero; que respete y defienda la eliminación de la cooperación internacional otorgada para el fomento de la asociación de organizaciones civiles con la industria minera; que se deje de dar apoyo político y económico a aquellas empresas objeto de graves denuncias de abusos a los derechos humanos y daños al medio ambiente; que se garantice el acceso de las personas que no sean ciudadanas a las cortes canadienses para dirimir daños sufridos como resultado de las actividades de empresas canadienses en el extranjero; y que se deje de negociar tratados de libre comercio y de inversiones bilaterales que entronen los derechos corporativos por sobre los derechos de la gente, los trabajadores y el medio ambiente.
Firmantes
- Alerta Minera Canadá/MiningWatch Canada
- Canadienses en Contra de las Injusticias Mineras en Perú
- Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)
- Consejo de Canadienses/Council of Canadians
- Fronteras Comunes/Common Frontiers
- Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA)
- Red de Solidaridad de las provincias marítimas con Guatemala ‘Rompiendo el Silencio’
- Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) – provincia de Ontario
- Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) - Nacional