(Ottawa/Toronto) El Congreso General Ngäbe-Buglé y Campesino solicitó una audiencia con James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante su visita en Panamá que comienza hoy.
Las autoridades tradicionales de los Pueblos Ngäbe Buglé mencionan violaciones de su derecho a la autodeterminación en relación a proyectos transnacionales, inclusive hidroeléctricos, mineros y turísticos. Los proyectos más controversiales incluyen el de la hidroeléctrica Barro Blanco, y Cobre Panamá, un proyecto de minería de cobre a cielo abierto, propiedad conjunta de la empresa canadiense First Quantum y de la coreana LS-Nikko Copper Inc.
El Congreso alega que en el 2010 el gobierno de Panamá impuso su propio sistema electoral en la comarca, la cual es un área administrativa semi-autónoma en el noroccidente del país, con el propósito de facilitar el acceso a los recursos naturales. Asimismo, denuncia la represión y violencia dirigida por el Estado en recientes protestas, y el incumplimiento del derecho de los Pueblos Ngäbe Buglé al consentimiento libre, previo e informado en relación a los proyectos propuestos.
La carta a James Anaya concluye indicando que “[q]uisiéramos investigar formas de superar los obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de nuestro pueblo, de conformidad con su mandato”. La firman las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé al igual que miembros de diferentes movimientos y comités.
La Asociación Rey Quibian, del Pueblo Ngäbe, es una de las organizaciones firmantes. Este grupo representa a comunidades indígenas que se ven amenazadas por el desplazamiento debido al gigantesco proyecto minero de cobre de la compañía First Quantum, que contempla tres tajos de extracción en el distrito norteño de Donoso, al exterior de la comarca Ngäbe Buglé.
Alerta Minera Canadá, el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés) y el Dr. Daviken Studnicki Gizbert de la Universidad de McGill presentaron dos informes a la oficina del Relator Especial apoyando la carta del Congreso General.
El primer informe aborda el incumplimiento del derecho a la autodeterminación política de los Pueblos Ngäbe Buglé que surge de la aprobación del Decreto Ejecutivo 537 de junio del 2010. El segundo brinda información general sobre violaciones de los derechos humanos en relación a la imposición de proyectos de minería industrial vinculados con intereses canadienses en Panamá, en las últimas tres décadas.
Contactos:
- Shin Imai, Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP) , Facultad de Derecho Osgoode Hall, York University (647) 524-2312
- Dr. Daviken Studnicki-Gizbert, McGill University (514) 398-4400 ext 09370
- Jen Moore, Coordinadora del Programa de Latinoamérica, Alerta Minera Canadá (613) 569-3439