(Bozeman, Montana/Ottawa, Ontario) Las concesiones mineras otorgadas a empresas de propiedad canadiense y china en Ecuador son ilegales y deberían anularse en cumplimiento con el Mandato Minero, indica un Memorial en Derecho presentado ayer ante la Corte Constitucional de Ecuador por las organizaciones el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC por sus siglas en inglés) y Alerta Minera Canadá.
El Mandato Minero es una norma a nivel constitucional vigente desde abril del 2008. La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el Mandato Minero ordenando la revocación de concesiones mineras que hubieran sido otorgadas sin consulta previa a comunidades afectadas y en caso de superponerse con nacimientos de agua o áreas protegidas, entre otros criterios. Si bien este tipo de normas a nivel constitucional son obligatorias y no están sujetas a revisiones ni recursos, las autoridades ecuatorianas no han logrado hacer cumplir el Mandato en ciertos casos, incluyendo casos de proyectos mineros altamente conflictivos que el estado actualmente considera “estratégicos”.
“El no implementar el Mandato Minero en su totalidad viola el estado de derecho y sienta un peligroso precedente en el cual la ley se aplica en algunos, pero no en todos los casos. A su vez, la situación actual consolida ilícitamente violaciones a los derechos de las comunidades afectadas por la minería en Ecuador, incluyendo el derecho al debido proceso, a vivir en un ambiente sano, a la consulta previa, y al agua, entre otros”, indica el abogado y autor del informe Lewis Gordon, Director de EDLC.
El memorial compila evidencia de documentos oficiales, tales como una reciente auditoría de la Contraloría General de Ecuador, con objeto de demostrar que el Mandato Minero permanece vigente y que existen importantes concesiones mineras canadienses y chinas, carecientes de consulta previa y que se superponen con nacimientos de agua o áreas protegidas, que han sido ilícitamente excluidas del Mandato.
La evidencia documentada en el memorial demuestra que el proyecto Loma Larga, de INV Metals/IAMGOLD (anteriormente denominado Quimsacocha y propiedad de IAMGOLD en su totalidad), el proyecto Río Blanco de Junefield Mineral Resources (anteriormente propiedad de International Minerals Corporation), y los proyectos Mirador y San Carlos Pananza, de CRCC Tongguan (anteriormente propiedad de la empresa canadiense Corriente Resources) deberían haber perdido la mayor parte o la totalidad de sus concesiones mineras. Es probable que las concesiones de minerales que recibieron otras empresas registradas en Canadá deberían haber sido anuladas también.
Las autoridades de Ecuador efectivamente anularon más de 1.000 concesiones mineras, mayormente por falta de pago de tasas de concesión, y en áreas que presuntamente no presentaban depósitos minerales potencialmente significativos.
“La Corte Constitucional sólo evaluará las responsabilidades al interior de Ecuador. Sin embargo, las autoridades canadienses también son responsables hasta cierto punto, dado el grado de cabildeo que efectuaron en representación de empresas canadienses cuando se aprobó el Mandato. En la actualidad, en vez de perder las empresas sus concesiones, como debería ser, se criminaliza a las comunidades y a quienes los apoyan en la lucha para defender la tierra y el agua”, indicó Jen Moore, Coordinadora del Programa con América Latina de Alerta Minera Canadá.
EDLC y Alerta Minera Canadá presentaron el memorial en calidad de amicus curiae (“amigos de la corte”), en apoyo a dos demandas interpuestas ante la Corte Constitucional que buscan el cumplimiento del Mandato Minero. La Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA) y la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA) interpusieron la primer demanda en agosto del 2011 y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y Acción Ecológica interpusieron la segunda en junio del 2012. EDLC y Alerta Minera Canadá no forman parte de estas demandas.
Contactos:
- Lewis Gordon, EDLC, lewis(at)edlc.org, (406) 586-8294
- Jen Moore, Alerta Minera Canadá, jen(at)miningwatch.ca, (613) 569-3439