(Ottawa) En un informe publicado a finales de septiembre por Alerta Minera Canadá y el International Civil Liberties Monitoring Group (Observatorio Internacional de los Derechos Civiles – ICLMG por sus siglas en inglés) se vinculan de forma directa los intereses de la minería canadiense en el continente americano a la intensificación de la represión y violencia hacia comunidades afectadas por la minería.

El informe demuestra, brindando evidencia de cinco países, el apoyo del gobierno canadiense y de las empresas mineras canadienses en volver la ley contra personas y grupos que luchan por el agua, las tierras, sus medios de subsistencia y sus formas de vida.

“Lejos de garantizar el acceso completo de las comunidades afectadas por la minería a la protección bajo la ley, los gobiernos – incluyendo el canadiense – han tergiversado la ley con el fin de proteger y promover los intereses mineros, orientándose en contra de las defensoras y los defensores del medioambiente”, resalta Jen Moore, coordinadora del Programa de América Latina, Alerta Minera Canadá.

“Se ha vuelto una guerra de baja intensidad contra las comunidades y las organizaciones que luchan por la justicia ambiental en América Latina. Con frecuencia se las tilda de terroristas o enemigas del estado. Existen casos en que se les imputan cargos falsos resultando en agotadores procesos judiciales que cada vez con mayor frecuencia implican el riesgo de encarcelamiento, y pueden llevar a amenazas de muerte, militarización de sus comunidades, o asesinatos”, agrega.

El informe sostiene que el modelo de extracción industrial de minerales que promueve Canadá en el extranjero se ve influido por la desregularización del sector extractivo en el país, y por el carácter colonialista del pasado y presente. Desde esta perspectiva, la cual ha cobrado un mayor impulso en los últimos años, quienes se oponen se convierten en una amenaza al interés nacional y por ende en destinatarios/as de investigaciones, auditorías fiscales, recortes de financiamiento, y vigilancia policiaca.

“En ningún lugar se ve esto más explícitamente que en la aprobación de la ley anti-terrorista de 2015, la cual otorga mayores facultades a las agencias de inteligencia canadienses e incluye, en una nueva definición del término seguridad, el prevenir la interferencia en cualquier tema referente a la estabilidad económica o financiera de Canadá. De esta manera se hace una clara advertencia a los Pueblos Indígenas y grupos ambientalistas que defienden la tierra y el medio ambiente”, dice Roch Tassé, anterior coordinador nacional del ICLMG.

Aspectos destacados del informe

Tanto en Canadá como en el resto del hemisferio, muchos gobiernos le otorgan una importancia primordial a la extracción de recursos para impulsar el crecimiento económico, desatendiendo otros sectores o incluso a costa de ellos. Esto lleva a una demanda inigualada de tierra y otros recursos, como el agua y la energía. En América Latina, la dependencia económica en la extracción intensiva de recursos primarios se denomina “extractivismo”.

En el momento que los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, campesinos, ambientalistas, periodistas y otras personas se pronuncian en contra de este modelo de crecimiento económico, de proyectos específicos y/o de sus impactos, se vuelven objetivos de amenazas, acusaciones, y difamación que buscan señalarlos/as y sancionarlos/as como enemigos/as del estado, en contra del desarrollo, delincuentes, criminales y terroristas. En los peores casos, se llega a la violencia física y a asesinatos.

Guatemala, Perú y México brindan ejemplos de la criminalización intensificada, donde la desregularización neoliberal del sector minero ha tenido pocas interferencias desde la década de los 90.

En Guatemala las empresas canadienses han ejercido un rol dominante en el sector minero y han contado con el apoyo permanente de la Embajada Canadiense, a pesar de los serios impactos para las comunidades afectadas. La criminalización de las comunidades afectadas por la minería se ha intensificado durante el gobierno repleto de escándalos del (hoy anterior) Presidente Otto Pérez Molina. Alrededor de 90 personas que participaron en la organización de consultas populares sobre la minería, o en protestas pacíficas en contra de la mina de plata Escobal, de Tahoe Resources han sido criminalizadas, incluyendo a varias de ellas que fueron encarceladas durante meses. En este caso, la criminalización ha llevado a la violencia y a la militarización, incluyendo un plan piloto que impulsa el estado, liderado por un coronel militar e implementado a nivel local, que concibe las iniciativas locales como amenaza a la seguridad nacional.

En Perú, Canadá viene gastando desde los años 90 decenas de millones de dólares de la cooperación internacional en proyectos que refuerzan ya sea la ausencia del estado o su servilismo hacia los intereses corporativos, y la suma dependencia en las rentas mineras a corto plazo. El vertiginoso aumento de conflictos mineros se ha visto acompañado de cambios legislativos resultando en más estrictos castigos por protesta social y un mayor grado de impunidad policial en el uso de violencia letal contra manifestantes. Desde el 2006 hasta el 2014, fueron ultimadas 230 personas, y 3.318 resultaron heridas en conflictos socio-ambientales, principalmente en relación a proyectos mineros. Los entes agresores a menudo son las fuerzas armadas del estado, por sobre las cuales las empresas pueden regir. A mediados del 2014, alrededor de 400 personas sufrían persecución judicial por acusaciones generalmente falsas realizadas por empresas, personal de las empresas, o fiscales, incluyendo rebelión, terrorismo y violencia.

México es el destino predilecto de la inversión minera canadiense en el extranjero desde la firma del Tratado de Libre Comercio, y es uno de los países más violentos para la defensa de la tierra y el medio ambiente, donde la criminalización fácilmente puede llevar al asesinato. Quienes con frecuencia llevan a cabo homicidios rara vez son responsabilizados, mientras que la militarización viene en aumento, así como el control territorial de grupos criminales. A su vez, el uso de la tortura refleja la misma escalofriante tendencia, lo que implica un riesgo particular para la población encarcelada.

La criminalización y el asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca en el 2009 en relación a la mina “Payback” de Blackfire Exploration, en Chiapas, ilustra de qué manera el concepto de “diplomacia económica” del gobierno canadiense puede contribuir a la represión y a la violencia, o evitar abordar estos temas. La Embajada Canadiense en México estaba al tanto de las tensiones vinculadas a la mina de Blackfire; el mismo Abarca le había comunicado a la Embajada el uso de empleados armados para intimidar a manifestantes pacíficos/as. Cuando detuvieron a Abarca, pocas semanas luego de haberle comunicado lo mencionado a la Embajada, esta última recibió unas 1.400 cartas indicando preocupación por la vida de Abarca. Sin embargo, la respuesta de la Embajada se orientó hacia disipar dudas sobre la legitimidad de la operación de Blackfire. Tres meses después, Mariano fue asesinado. Todos los sospechosos del asesinato estaban vinculados a la empresa, y aún no se ha hecho justicia. La Embajada ha rechazado cualquier responsabilidad en el hecho y sostenía que el demostrar cualquier apoyo a dirigentes comunitarios/as criminalizados/as implicaría interferir en la soberanía mexicana. Lo que resulta revelador es que no alberga las mismas reservas en relación al cabildeo de funcionarios y agencias mexicanas en nombre de empresas canadienses.

En Ecuador, el cabildeo canadiense para limitar las reformas a la ley de minería – y mantener la dependencia en el modelo económico extractivista – ha contribuido a una nueva ola de criminalización a pesar de notables intentos en los últimos años de lograr una mayor protección de las personas y del medio ambiente.

La Embajada Canadiense desplegó un fuerte cabildeo en contra de la aplicación de un decreto constitucional de 2008 que debería haber suspendido la mayor parte de las concesiones mineras en el país por no haberse llevado a cabo la consulta previa con las comunidades, y debido a su superposición con fuentes acuíferas y otras zonas sensibles. Asimismo, la Embajada ubicó a las empresas canadienses en puestos privilegiados respecto a la elaboración de la nueva ley de minería de 2009, en la que casualmente no se incorporaron los estándares propuestos en el decreto constitucional. Una vez aprobada la ley, las empresas canadienses continuaron ejerciendo presión para debilitarla. Mientras tanto, se utilizó la ley en contra de las comunidades que hace tiempo se oponen a los grandes proyectos de la industria extractiva debido a su impacto en las fuentes de agua, los bosques, y la economía y cultura local. Se ha criminalizado a dirigentes comunitarios/as bajo cargos de terrorismo, a menudo con detenciones arbitrarias y sentencias de prisión preventiva, debiendo además afrontar campañas de difamación, a veces organizadas por funcionarios, que buscan deslegitimizar sus demandas.

Canadá brinda un ejemplo final, al estar viviendo su propia ola de desregularización, dependencia, y retroceso hacia un estado cada vez más intolerante de la creciente disidencia pública ante el extractivismo. En la última década, en informes del Canadian Security Intelligence Service (Servicio de Inteligencia y Seguridad de Canadá – CSIS por sus siglas en inglés) y de la Royal Canadian Mounted Police (Policía Real Montada de Canadá - RCMP por sus siglas en inglés) y en documentos sobre políticas del gobierno – sobre todo en relación a estrategias anti-terroristas – los intereses económicos han sido equiparados a los “intereses nacionales” de Canadá, y se señala a los grupos opuestos a estos intereses como amenazas a la seguridad nacional de Canadá. Ya sea CSIS o la RCMP vigilan y se han infiltrado en grupos que se oponen a las políticas del gobierno, sobre todo en relación a los sectores energéticos y extractivos. La reciente aprobación de la ley antiterrorista C-51 da pie a mayores preocupaciones en torno al incremento de poder, entre otros temas, que se les concede a agencias de inteligencia canadienses, a utilizarse en contra de grupos indígenas y otras organizaciones opuestas a las prioridades extractivistas del gobierno.

En resumen, el informe observa que se está volviendo cada vez más peligroso y dificultoso para las comunidades afectadas y las organizaciones que luchan por los derechos indígenas, la autodeterminación, y la justicia ambiental en el continente americano alzar la voz y llevar a cabo sus tareas. Conforme empeora esta situación, el gobierno canadiense utiliza cada vez más sus servicios de diplomacia, ayuda internacional y políticas de comercio e inversión para promover y favorecer los intereses de las empresas mineras canadienses, y para influir en las decisiones sobre proyectos extractivos y políticas pertinentes. La tendencia en Canadá a reprimir y desregularizar a favor de los proyectos de minería, gas y petróleo concuerda con el modelo que el gobierno canadiense promueve en el extranjero.

En su conclusión, el informe delinea una serie de ideas y recomendaciones. El objetivo de este documento es fomentar el debate y acciones creativas para proteger la disidencia en defensa de la tierra y el medio ambiente, y cuestionar el rol de Canadá en la promoción del modelo de desarrollo económico subyacente que ubica a las comunidades en tan peligrosa desventaja.

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