(Toronto/Ottawa) Hoy, durante la Asamblea General Anual de OceanaGold en Toronto, se pidió a los accionistas de la compañía que examinen las aseveraciones de la compañía con respecto a los supuestos beneficios para las comunidades afectadas por sus operaciones en El Salvador y las Filipinas.

"Simplemente sus sumas no salen. OceanaGold no está actuando en el interés de las comunidades en El Salvador cuando se demanda al país por USD $250 millones de dólares por un permiso para operar una mina cuando nunca ha cumplido con los requisitos reglamentarios para obtenerlo", comentó Rachel Small del Consejo de los Canadienses en Toronto.

Se espera una decisión en breve sobre esta demanda en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. El caso, que se ha prolongado durante siete años, ha costado ya a El Salvador más de USD $12 millones en costos legales; recursos que serían mejor aprovechados en, por ejemplo, proporcionar un año de clases de alfabetización para 330,000 personas.

"Las afirmaciones de OceanaGold no tienen sentido. La compañía insiste en que la minería es buena para el país, pero los salvadoreños han sido notablemente claros que esta no es su opción deseada para las generaciones futuras en su país,  que ya está densamente poblado y con un gran estrés hídrico", comentó Jim Hodgson de la Iglesia Unida de Canadá.

Desde 2008, tres presidentes salvadoreños se han comprometido sucesivamente a no emitir nuevos permisos de explotación minera. Una encuesta de opinión del 2015 encontró que la oposición en El Salvador a la minería de metales es casi el 79,5% a nivel nacional y 83,9% en los municipios afectados por el proyecto El Dorado de OceanaGold.

"Las actividades de la Fundación de El Dorado de la compañía en El Salvador no compensan la intimidación ejercida durante los últimos siete años. Peor aún, este tipo de llamada filantropía corporativa podría agravar las divisiones sociales y contribuir a una mayor violencia en contra de los activistas medoiambientales de la comunidad local, como ya ha sido el caso", añadió Jen Moore de MiningWatch Canada, co-autora de un reciente reporte aerca de las actividades de la Fundación El Dorado en El Salvador.

Entre 2009 y 2011, cuatro activistas ambientales fueron asesinados en Cabañas, El Salvador. Más recientemente, varias organizaciones locales han recibido amenazas. Estos crímenes nunca se han investigado a fondo.

"Es particularmente vergonzoso que OceanaGold esté utilizando su experiencia en la mina Didipio en las Filipinas para tratar de lanzar este proyecto a los salvadoreños cuando, con base en lo que hemos visto sobre el terreno en Nueva Vizcaya, el legado de este proyecto es el desplazamiento de comunidades, promesas rotas, y degradación del medio ambiente", declaró Connie Sorio para KAIROS: Iniciativas Canadienses de Justicia Ecuménica.

Un comunicado de la coalición filipina Alyansa Tigil Mina frente la Asamblea General Anual de OceanaGold constató la demanda de organizaciones locales en Nueva Vizcaya quienes exigen el cierre de las operaciones de OceanaGold y la restauración de sus tierras, debido a impactos negativos en el agua y sus tierras de cultivo. El entrante gobernador de Nueva Vizcaya, Carlos M. Padilla, emitió una carta abierta reiterando que OceanaGold debería salir de la zona, enfatizando que los costos para la población filipina de la mina a tajo abierto ha superado por mucho los escasos beneficios.

Contacts:

• Jim Hodgson, Iglesia Unida de Canadá, jhodgson(at)united-church.ca, 416-231-5931 x4013
• Jen Moore, Alerta Minera Canadá , jen(at)miningwatch.ca, (613) 569-3439
• Rachel Small, Consejo de los Canadienses, rsmall(at)canadians.org, 647-769-2472
• Connie Sorio, KAIROS: Iniciativas Canadienses de Justicia Ecuménica, csorio(at)kairoscanada.org, (416) 463-5312 x240