23 June 2017, 9:25am EDT

OceanaGold, "la empresa minera de su elección"? No en El Salvador o las Filipinas

OceanaGold El Salvador Comercio e Inversión Internac. Impacto sobre Comunidades

(Ottawa / Washington, DC) Al examinar los informes que la empresa OceanaGold ha presentado para su asamblea general anual de accionistas que se llevará a cabo el 23 de junio en Toronto, es difícil creer que la empresa haya estado al centro de la controversia internacional, en 2016 y principios de 2017, por dos de sus proyectos mineros. Pero el ignorar problemas significativos que la empresa tiene en El Salvador y las Filipinas, no desechará los riesgos que la empresa sigue en torno a su reputación.

En octubre de 2016, un tribunal del Banco Mundial falló en contra de OceanaGold en una demanda multimillonaria contra El Salvador que duró más de siete años. El fallo determinó que la empresa no había cumplido con los requisitos legales para obtener un permiso de explotación y le ordenó pagar al país centroamericano $ 8 millones de dólares en costes legales. A finales de marzo de este año, el tribunal ordenó a la empresa pagar intereses sobre su deuda, la cual continúa pendiente hasta la fecha.

Días después, en marzo de 2017, alentada por la decisión del tribunal, la Asamblea Legislativa  de El Salvador hizo historia al prohibir la minería metálica a nivel nacional, cumpliendo así una demanda de doce años por parte de comunidades afectadas por la minería y la sociedad civil salvadoreña preocupada por la escases de agua en el país. Sin embargo, a pesar de haber eliminado a El Salvador de su inventario y ocultarlo en el documento a los inversionistas, OceanaGold no ha abandonado el sitio del fallido proyecto minero que ha generado conflictos en el norte del país.

"OceanaGold registró más de  $ 130 millones en dividendos de sus operaciones globales en 2016 y tiene todos los medios para liquidar rápidamente su deuda y despejar el proyecto El Dorado de su lista pero - misteriosamente - se niega. Los inversionistas y analistas de la empresa deberían aprovechar la oportunidad en la reunión de hoy para preguntar por qué se aferra a su reputación corporación abusiva", comentó Jen Moore de Alerta Minera Canadá.

Además, a principios de 2017, fue suspendida la mina de oro Didipio de OceanaGold en la provincia de Nueva Vizcaya, en la isla norteña de Luzón, en Filipinas. Sin embargo, la empresa apeló la decisión y continua operando la mina.

"Si confían en las presentaciones corporativas de la empresa, los inversionistas nunca conocerán la magnitud del descontento que existe entre las autoridades de gobiernos locales y residentes que han denunciado públicamente la destrucción de sus tierras agrícolas, de suministros de agua y y de sus hogares", declaró la Dra. Robin Broad, de la American University en Washington D.C.

A finales de marzo, La Dra. Broad acompañó al gobernador Carlos Padilla, de la provincia filipina de Nueva Vizcaya, a una visita a El Salvador en vísperas de la votación de la  salvadoreños y medios de comunicación para demostrar cómo OceanaGold se ha burlado de las normas y reglamentos en Filipinas - desde regulaciones ambientales hasta leyes laborales. Sobre el tema del agua, el gobernador Padilla observó que la mina Didipio de OceanaGold ha puesto en peligro una cuenca crítica y ha agotado los pozos y los embalses de riego de arroz, dañando a las comunidades circundantes.

La Secretaria del Medio Ambiente que había ordenado la suspensión de la mina Didipio no fue confirmada en mayo por el congreso filipino bajo la fuerte presión del lobby minero en Filipinas sin embargo los conflictos subyacentes no han desaparecido.

"Ignorar o engavetar los problemas que la empresa tiene en El Salvador y Filipinas no los hará desaparecer. Los inversionistas deben cuestionar definitivamente la elección que han hecho con esta firma que se conoce por los impactos negativos en las comunidades afectadas y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales hacia El Salvador ", concluyó Pedro Cabezas de la Asociación para el Desarrollo en El Salvador (CRIPDES) en San Salvador.

En febrero, 280 organizaciones de El Salvador, Filipinas y todo el mundo escribieron al CEO de OceanaGold, Mike Wilkes, pidiendo a la empresa que pague y salga de El Salvador.

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