Sería imposible resumir en un solo recurso más de una década experiencias y reflexiones de todos los actores involucrados en este movimiento. No obstante, quisiéramos contribuir al esfuerzo por rescatar el legado y algunas de las lecciones de esta lucha, de voz de cinco personas que forman parte del movimiento a nivel nacional e internacional. Se trata de  Vidalina Morales,  de la Asociación de Desarrollo Económico Social – ADES; Pedro Cabezas, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador – CRIPDES; Saúl Baños, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho- FESPAD;  Manuel Pérez-Rocha del Instituto de Estudios Políticos de Washington D.C. – IPS; y Jen Moore de Mining Watch Canadá.   Estos compañeros y compañeras comparten sus reflexiones  sobre las estrategias que durante años utilizó la empresa minera  Pacific Rim/Oceana Gold en su intento de extraer oro en El Salvador, así como la forma en que el movimiento enfrentó estas estrategias  y construyó el camino hacia la prohibición total de la minería metálica. Esperamos que sus experiencias y reflexiones sean retomadas por otros movimientos que enfrentan amenazas similares en su intento por detener la destrucción de sus territorios.

1. Minería en El Salvador

El Salvador no es un país tradicionalmente minero.  En el país se practica la actividad minera en menor escala, aunque también existen experiencias de proyectos mineros corporativos que en el pasado dejaron daños importantes en el medio ambiente y el agua. El conflicto armado interno que sacudió al país en los años 70 y 80 alejó por un tiempo  a las grandes empresas mineras, que sin embargo volvieron en la década del 90 después de la firma de los acuerdos de paz. Fue cuando comenzó la apertura económica neoliberal y se implementaron programas mineros mediante una serie de regulaciones  favorables al sector.   En ese contexto llega a El Salvador  la corporación canadiense Pacific Rim el año 2002. Su objetivo era extraer el oro del  yacimiento “El Dorado”, ubicado en el departamento de Cabañas, en la cuenca del Río Lempa.  Como respuesta a la empresa y a la actividad minera en general, las comunidades comenzaron a organizarse, y el año 2005 fundaron la Mesa Nacional contra la Minería Metálica (MNFM). Se trata de una coalición de organizaciones sociales y comunitarias que tiene el objetivo de proteger el agua de la minería en El Salvador, un país  muy vulnerable al cambio climático, que tiene  más del 90% de sus aguas contaminadas y que sufre un alto grado de deterioro ambiental.

Desde su llegada, Pacific Rim – absorbida el año 2013 por la corporación minera canadiense-australiana  Oceana Gold -,  desplegó una serie de estrategias corporativas para lograr su objetivo.  Se trata de un viejo libreto usado por las empresas para materializar sus proyectos, y al que el movimiento en El Salvador tuvo que enfrentarse por más de una década.

2. El libreto corporativo de Pacific Rim/Oceana Gold en El Salvador

Basadas en la forma en que operan, estas  estrategias pueden situarse en dos escenarios. Uno de carácter  “persuasivo”, que incluye la creación de una fundación destinada a  realizar actividades filantrópicas para buscar el apoyo de las comunidades;  pero también las viejas estrategias de lobby destinadas a influir en el sistema político. El segundo escenario tiene un carácter más “coercitivo”, e incluye los intentos de la empresa por dividir a las comunidades locales, que luego derivaron en la generación de tensiones sociales, además del aumento de  los riesgos y amenazas hacia los activistas ambientales. En este escenario se adscribe por supuesto la millonaria  demanda que entabló Pacific Rim el 2009  en contra de El Salvador en un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones – CIADI (del Banco Mundial), después de que el gobierno le negara los permisos para explotar el yacimiento de “El Dorado”.

A continuación desarrollamos la forma en que la empresa aplicó estas estrategias, pero también la forma en que las comunidades y la campaña de solidaridad internacional respondieron.

Creación de la Fundación “El Dorado”

La creación de fundaciones “filantrópicas” por parte de las corporaciones es una vieja estrategia que permite a las empresas insertarse en las dinámicas locales y ganarse la confianza de la población local. En El Salvador, el año 2005, con la certeza de la existencia de oro en el país, Pacific Rim creó la Fundación “El Dorado” en el departamento de Cabañas. Amparada en un discurso de responsabilidad social empresarial, esta fundación se ha convertido en la cara pública de la empresa y la principal promotora de sus intereses. Para ello implementó una serie de programas y proyectos sociales en salud y educación,  capacitación de grupos de mujeres, proyectos de infraestructura, etc., que le permitieron presentarse ante las comunidades como una entidad benefactora de “desarrollo”. La fundación incluso habría llegado a donar recursos y  a apadrinar equipos de futbol y fiestas patronales, involucrándose en espacios mucho más íntimos de la población local.

Para Saúl Baños, es claro que la Fundación se constituye en el brazo social de la empresa, que se aprovecha de las necesidades de la gente para buscar adeptos y personas simpatizantes a la minería. “Hay que decir que Cabañas, de acuerdo al mapa de pobreza, es uno de los 14 departamentos de El Salvador en condiciones de pobreza… Entonces la empresa, a través de su fundación El Dorado, encontró un nicho de personas altamente necesitadas”, afirma.

Jen Moore por su parte, señala que la fundación maneja un doble discurso de cara a las comunidades y a sus accionistas.  “Los estatutos (de la fundación) dicen que están haciendo programas para generar desarrollo en comunidades aledañas a su proyecto minero, pero cuando la empresa habla a sus accionistas sobre la fundación, está diciendo que las actividades están dirigidas a construir la ruta hacia la minería en esa zona”, señala.  Esa es la lógica con la que la empresa y su fundación llevan adelante sus actividades, algunas de las cuales  han sido muy conflictivas, como cuando se asociaron con alcaldes pro-mineros para la realización de actividades educativas sin autorización del gobierno nacional, de tendencia anti minera.  Jen Moore, en entrevista con el Centro para la Democracia,  advierte  que “esto puede generar no solamente tensiones políticas, sino también tensiones sociales entre familiares que están recibiendo beneficios, y otros que se oponen fuertemente a la minería… sembrando semillas para la violencia”.

Durante años las comunidades y organizaciones aliadas han denunciado la intromisión de esta Fundación en la dinámica local, instrumentalizando las necesidades de la gente para ganar apoyo a su proyecto minero.  Esto no ha hecho más que generar  tensiones y divisiones en el tejido social, que, como bien señalan los expertos, ha “sembrado las semillas de la violencia” que a lo largo de los años se ha hecho más explícita.

Promesas de riqueza y empleo

Junto con sus promesas de inversión e ingresos, Pacific Rim también prometió empleos a la gente para ganarse su apoyo, generando falsas expectativas e ilusiones en la población.  La empresa incluso habría promovido listas de potenciales candidatos para obtener empleos en el proyecto. Lo que la empresa no menciona, y que confirman varios estudios, es que los grandes proyectos mineros son economías de enclave altamente maquinizadas, en la que  la mano de obra local es  destinada generalmente a trabajos menos remunerados y en peores condiciones que los trabajos especializados. Por sus características propias,  se trata de una actividad que no genera el tan prometido desarrollo local, y que por el contrario, cuando terminan, sólo deja ríos contaminados  y comunidades divididas.

En opinión de Jen Moore, las promesas de desarrollo y empleo de Pacific Rim/Oceana Gold, “son promesas muy engañosas”. Según la experta, esto puede contribuir a elevar todavía más las tensiones e incluso amenazas, debido a que la empresa “está generando falsas expectativas de trabajo entre ciertos grupos… y que pueden generar represalias para quienes siguen en la resistencia en contra de la minería, generando una situación general muy tóxica”.

Para Saúl Baños estas promesas también son un engaño. “Las empresas mineras, sobre todo las transnacionales como Oceana Gold, tratan de que los gobernantes y la gente en los países empobrecidos crean que la minería es una tabla de salvación para su maltrecha condición económica, cuando eso no es así. Los empresarios mineros aquí (en El Salvador) han planteado que a través de la minería se van a crear miles de empleos directos e indirectos… lo cual hemos desdicho”, señala.

Campaña de comunicación y relaciones públicas

“Los niños son el futuro de San Isidro”, “Trabajamos en base a valores para mejorar nuestra comunidad”, “La Minería Responsable cuida el medio ambiente”.  Éstas son algunas de las consignas que la Fundación El Dorado y Minerales Torogoz (subsidiaria de Oceana Gold en El Salvador) difunden en sus redes sociales.  Se trata de sus estrategias de comunicación y relaciones públicas con las que la empresa busca abrir el camino de la minería en El Salvador.

Según Pedro Cabezas, esta campaña se intensificó después de Octubre de 2016, fecha en la que el CIADI emitió su fallo en la demanda de la empresa en contra de El Salvador, en el que desestimó el  millonario pago que la empresa le exigía al gobierno por no haberle otorgado los permisos de explotación en “El Dorado”.  Después de esto, afirma Cabezas, “la empresa contrató a una firma de relaciones públicas para montar una campaña de ‘Minería Responsable’”, un concepto ampliamente explotado por la empresa en todas sus comunicaciones. Esta estrategia  se tradujo en la contratación de  más espacios en los medios de comunicación, periódicos, revistas,  etc., destinados a buscar apoyo social y político.  En respuesta a estas acciones,  la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica denunció públicamente la conducta de Oceana Gold, exhortándole  a pagar los 8 millones de dólares por gastos procesales que había ordenado el CIADI, además de exigirle abandonar el país. En entrevista con el Centro para la Democracia, Vidalina Morales afirmó indignada: “Imagínese! la empresa Oceana Gold, que está obligada a pagar esta demanda, recobra fuerzas  intentando convencer a las comunidades de que la industria minera es buena”.

Oceana Gold por su parte se limitó a decir mediante un comunicado que estaban revisando el fallo del CIADI, pero que continuarían realizando sus actividades en El Salvador. Lo que la empresa estaba diciendo es que el fallo no cambiaba su estatus legal en el país. Para Pedro Cabezas, “es el régimen legal que les favorece lo que les permitió quedarse después de haber perdido el laudo arbitral…  y eso siguió haciendo (la empresa), cabildeando y en campaña permanente para lograr su objetivo final, que era la de conseguir los permisos para explotar el oro”.

En opinión de Jen Moore, el problema de fondo era que esta nueva campaña “de Minería Responsable” impulsada por la empresa, podía “restablecer esperanzas entre actores económicos y políticos que podrían tener un interés en revivir el proyecto minero, y que podrían incluso fomentar las condiciones para aumentar la violencia”.

Lobby en las esferas de gobierno

El Lobby o cabildeo es una de las prácticas más comunes que llevan adelante las corporaciones para  lograr apoyo político a sus proyectos. En opinión de Jen Moore, Pacific Rim  utilizó muy bien su rostro filantrópico para este fin. “Jugó a la política al llevar adelante esfuerzos para forjar relaciones y realizar actividades sociales con los alcaldes locales que apoyaban la minería en Cabañas, aún sin la aprobación de la administración departamental y nacional, cuya tendencia era de rechazo a la minería”, señala.

La empresa también intentó incidir en las esferas del gobierno de forma directa, principalmente después de la moratoria a la explotación minera implementada por los gobiernos salvadoreños a partir del año 2008.  En ese contexto,  la empresa habría intentado convencer a las autoridades para cambiar la Ley de Minería. Incluso redactaron un proyecto de ley, intentando – sin éxito – convencer a la Asamblea Legislativa para que lo aprobara.  En palabras de Saúl Baños, “los funcionarios de turno siempre han sentido la presión de las empresas transnacionales, así  como de los gremios y empresas nacionales, que tienen interés en desarrollar la minería en el país”.

En una entrevista con un medio local, el Abogado Defensor de El Salvador en la demanda en el CIADI, el Dr. Luis Parada, afirmó que “desde que Oceana Gold compró a Pacific Rim en 2013, tuvo ciertos acercamientos directos con funcionarios del gobierno de El Salvador”.  Para el abogado esto transgredió la formalidad en litigios convencionales,  en donde lo normal es que cuando una de las partes quiere llegar a un acuerdo, debe comunicarse a través de sus abogados. Parada afirma que la empresa incluso intentó  detener la emisión del fallo del laudo en el CIADI en los últimos momentos, con el objetivo de negociar con el gobierno de El Salvador.  “Me enteré que la empresa habría estado haciendo ofrecimientos desde antes de que saliera el laudo a algunos funcionarios,  con el deseo de llegar a un arreglo que le permita a la empresa explotar oro y plata en El Salvador”, afirma Parada. Según el experto, si bien el fallo del CIADI no les obliga a irse del país, no tiene sentido que continúen insistiendo en quedarse, a no ser que tengan alguna esperanza de tratar con funcionarios de alto nivel.

Para Manuel Perez-Rocha del IPS, es un descaro que Oceana Gold todavía se encuentre en El Salvador, tratando de incidir en el gobierno para que le permitan operar los yacimientos mineros. Según indica, esta actitud es parte de una estrategia de la empresa que consiste en esperar a que los vientos políticos cambien a su favor. “Ellos no tienen nada que perder quedándose y esperando en El Salvador. Ellos saben que el oro está en el subsuelo, y pueden esperar todo el tiempo que quieran. A ellos lo que les interesa son sus acciones, y mientras puedan seguir diciendo que tienen una mina en El Salvador, que van a operar en el futuro, ellos pueden seguir esperando… así son las operaciones que tienen que ver con la financialización de la naturaleza”, afirma el experto.

Violación de DD.HH. y asesinatos de ambientalistas

A parte de impulsar acciones engañosas y corrosivas en los territorios, las corporativas multinacionales también se han visto envueltas históricamente en hechos de violencia y asesinato de ambientalistas alrededor de sus proyectos de extracción.  El caso del conflicto minero en El Salvador no ha sido la excepción. Lo más grave que ha sucedido en ese contexto, ha sido los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera Gómez, Dora Recinos Sorto (de 8 meses de gestación), y Juan Francisco Durán. Todos defensores ambientales que se oponían a la minería y que fueron asesinados entre 2009 y 2011.

En una declaración conjunta del 2014 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), el Institute for Policy Studies (IPS) y el Center for International Environmental Law (CIEL), señalan que “la intención de Pacific Rim Corporation de explotar una mina de oro en Cabañas ha generado conflictos, agravado divisiones sociales e incrementado amenazas y violencia, que aún deben de ser investigadas a profundidad. El surgimiento de una oposición local a la mina en Cabañas, llevó a que organizaciones comunitarias, sacerdotes y periodistas entraran en tensión directa con políticos locales que apoyaban a la empresa Pacific Rim”.  El documento cita al  Procurador de Derechos Humanos, quien señaló en su momento que estos actos de violencia “están relacionados entre sí”, lo que les permitía inferir que están vinculados al trabajo en defensa del medioambiente de las víctimas. Pese a estos argumentos, las autoridades judiciales desvincularon las causas de los asesinatos.

Para Saúl Baños,  no se debe olvidar que las personas asesinadas eran miembros de comunidades y miembros de la Mesa nacional frente a la minería metálica. “Nosotros siempre hemos mantenido la hipótesis de que su muerte y asesinato, su desaparición, ha estado vinculada a su trabajo para proteger el medio ambiente y luchar en contra de la minería metálica”, afirma. Mientras tanto, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica continúa exigiendo que se investiguen las causas de estos crímenes, incluyendo a los autores intelectuales, cosa que aún no se ha hecho.

Arbitraje internacional

Las demandas internacionales son una de las estrategias corporativas más usadas por las empresas para obligar a los gobiernos a ceder ante sus intereses. El caso de El Salvador tampoco fue distinto. El año 2009, ante la imposibilidad de conseguir los permisos para explotar los yacimientos  de “El Dorado” por incumplimiento de requisitos, Pacific Rim demandó a El Salvador en un tribunal del CIADI del Banco Mundial.  La empresa llegó a exigir una compensación de 314 millones de dólares, aunque luego  el monto se redujo a 250 millones.  Simultáneamente, la empresa cambió la sede de su filial de las Islas Cayman a Nevada, en Estados Unidos, con el fin de acogerse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica  (CAFTA, por sus siglas en inglés). Después de fracasar esa vía, el CIADI decidió dirimir el caso bajo la Ley de Inversiones de El Salvador, que se constituyó en la base jurídica que sostuvo la demanda[1].  Aunque posteriormente se modificó la ley de inversiones para impedir más demandas, el caso de Pacific Rim continuó su curso.

Finalmente, después de más de 7 años de batalla legal y una campaña internacional, el tribunal del CIADI anunció su decisión en Octubre de 2016. En ella establecía que la demanda de Pacific Rim/Oceana Gold era infundada, y que por lo tanto el estado salvadoreño no estaba en la obligación de que pagar nada a la empresa. Por el contrario, la empresa debía pagar 8 millones de dólares a El Salvador, para reponer los gastos procesales en los que incurrió en su defensa.

El caso de El Salvador, al igual que otros casos emblemáticos, evidencia una vez más que estas demandas se constituyen en un arma estratégica con el que la empresa busca chantajear a los gobiernos. En este caso concreto, la demanda básicamente buscaba obligar al gobierno salvadoreño a otorgarle los permisos para explotar “El Dorado”. Como señala el abogado Luis Parada, “lo que estaba en juego, es si una empresa internacional puede utilizar el sistema de arbitraje internacional para obligar a un Estado soberano a cambiar sus leyes, o si es el inversionista extranjero quien tiene que cumplir las leyes del país en que ha decidido invertir”.

Por otro lado, para allanar el camino de las demandas internacionales, las empresas aplican otra de sus estrategias favoritas, que es la de establecer filiales y subsidiarias en cualquier parte del mundo, con el fin de acogerse – generalmente  con mucho éxito – a acuerdos de inversión y comerciales de carácter bilateral, multilateral o de otra índole.  En opinión de Pedro Cabezas,  “La empresa que demandó a El Salvador, no fue la empresa Pacific Rim de Canadá ni la empresa Oceana Gold, sino que fue Pacific Rim Cayman, una empresa que abrieron en Nevada, un paraíso fiscal en Estados Unidos. Y eso es permitido por el sistema financiero internacional”.

Después de conocerse el fallo de CIADI, la Mesa Nacional publicó un pronunciamiento en el que manifestaba su contento con este resultado, aunque llamó a reconocer  que “El Salvador no ganó nada”, pues simplemente se decidió que el país no deberá pagar una compensación sólo por aplicar sus leyes.  Sin embargo y pese a todo, la noticia del fallo del CIADI dio vueltas al mundo y significó una victoria importante para las organizaciones que conforman la Mesa Nacional Mesa Nacional –respaldada por los aliados internacionales – y para el movimiento anti minero salvadoreño en general.

3. Lecciones en la lucha anti minera en El Salvador

Es importante señalar que cuando la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica nació en el año 2005, no sólo se planteó el objetivo de impedir el desarrollo del proyecto minero  “El Dorado”  y contrarrestar las estrategias corporativas y avances de Pacific Rim, sino que buscaba prohibir la minería metálica en su totalidad, y lo logró. A finales de Marzo de 2017, la asamblea salvadoreña  sancionó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Se trata de una ley de interés público y con carácter retroactivo, que permitirá frenar cualquier solicitud abierta para la exploración y explotación de minerales en el país.

Lograr esta hazaña no hubiera sido posible sin un trabajo sistemático de acumulación de fuerzas que allanaron el camino al éxito, en las que se incluyen una serie de iniciativas concretas llevadas adelante por las organizaciones frente a las situaciones coyunturales que se presentaron.   Según nuestros entrevistados y entrevistadas, existen al menos  5 lecciones que podemos rescatar de esta lucha.

Actuar temprano – no dejar que la corporación se instale

Sin duda uno de los pilares fundamentales de la victoria del movimiento anti minero en El Salvador fue la posibilidad de organizarse y tomar acciones antes de que la minería se consolide en el territorio. Esto facilitó la construcción de un espacio de reflexión crítica sobre los impactos de esta actividad a partir de experiencias de países vecinos, pero también de algunas experiencias propias.

Al igual que en el resto de Centro América, la actividad minera en El Salvador  fue abriéndose camino a lo largo de su historia, con la particularidad del conflicto armado que la retuvo por más de una década, pero que luego volvió a su curso en la década del 90. “Para el año 2002″, señala Pedro Cabezas, “se hizo una prospección de todos los sitios mineros en la zona norte del país y se determinó que habían 33 potenciales sitios de exploración minera”. Para entonces, continúa,  “las comunidades en El Salvador ya se estaban haciendo cuestionamientos  sobre  los impactos de la minería en la región y a informarse acerca de proyectos en países vecinos,  como la mina San Martin en Honduras, que para finales de los 90 ya había causado desastres ambientales y sociales”. A estas experiencias se unieron otras locales, como el de la contaminación del Rio San Sebastían en el Municipio de Santa Rosa de Lima, en donde hace algunas décadas operó la empresa estadounidense  Commerce Group, dejando graves impactos en el agua y el medio ambiente.

Según Pedro Cabezas, si bien algunas empresas lograron permisos de exploración durante esos años, ninguna obtuvo un permiso de explotación gracias a la “resistencia activa en muchas comunidades”. Posteriormente, las organizaciones y comunidades vieron la necesidad de conformar el movimiento nacional en rechazo a la minería, que, como afirma Cabezas,  “logró parar la industria a tiempo”.

Consultas Populares

Las consultas populares han sido utilizadas históricamente en varios países de América Latina como mecanismos de participación directa de la población en las decisiones y asuntos que afectan sus vidas. En el caso de El Salvador, las comunidades se ampararon en el código municipal que obliga a los municipios a realizar una consulta informada sobre temas de interés local, previa presentación de una solicitud firmada por el 40% de los votantes registrados en dicho municipio.

La moratoria gubernamental a la minería implementaba en el país desde 2008, gracias al movimiento anti minero, no era una garantía suficiente. Existía la necesidad de generar herramientas legales para asegurar la prohibición permanente de esta actividad.  Ante la incertidumbre en los vientos políticos para prohibir la minería a nivel nacional, las comunidades locales acompañadas por el movimiento nacional, optaron por la estrategia de trabajar con gobiernos locales y potenciar los mecanismos de toma de decisión en temas de interés local.  Es así que el 2014, el municipio San José Las Flores del departamento de Chalatenango, se convertía en el primer municipio declarado libre de minería después de que más del 99% de sus habitantes votaran a favor de la prohibición de la minería en su territorio. Fue un acontecimiento reconocido a nivel nacional e internacional, y, en los años siguientes y hasta principios de 2017, otros 4 municipios de Chalatenango y uno de Cabañas se declararon libres de minería.

Según Pedro Cabezas, los objetivos de la estrategia de consultas populares eran sobre todo de carácter político. Entre los más importantes se encontraban el “retomar la organización estratégica en los territorios afectados; perfilar a los liderazgos locales en la lucha nacional; involucrar a los gobiernos locales en la lucha por la prohibición a nivel nacional; y generar herramientas democráticas vinculantes dentro de la legislación salvadoreña para la defensa territorial”, concluye el experto.

Jen Moore por su parte, señala que “el proceso de los territorios libres de minería, han sido muy importantes para construir otro proceso paralelo de organización y de autodeterminación desde los distintos municipios… y reflejan una tendencia mucha mayor a nivel regional en donde vemos mayor movimiento para prohibir la minería en todas sus formas en los pueblos a nivel de comunidades, de municipios y de regiones, más que a nivel de gobiernos nacionales por todos los desafíos y retos que eso significa”. En efecto, el mecanismo de las consultas populares ha sido un éxito en El Salvador tanto para lograr sus objetivos principales, como para generar debate, posicionar temas en la agenda pública y generar alianzas, entre otros.  En ese sentido, quedan adscritas al amplio movimiento regional que ha encontrado en este mecanismo una forma de proteger su agua y medio ambiente, y de decidir directamente sobre los temas que afectan sus vidas.

Alianzas estratégicas en momentos clave

Entre los momentos más importantes en la lucha anti minera en El Salvador, se encuentra  el anunció del fallo del CIADI que desestimaba la demanda de la empresa. La noticia ayudó a posicionar la demanda de una ley de prohibición de la minería y fortaleció el movimiento en general. Oceana Gold se adelantó y lanzó su campaña de  “Minería Responsable”. Sin embargo, las organizaciones y el movimiento aprovecharon de forma más efectiva  el momento para impulsar sus objetivos.

Con consignas de “No a la minería metálica, Sí a la Vida”  y “El agua es vida, la minería muerte” , la  Iglesia, organizaciones sociales y otros aliados convocaron a una marcha el 9 de Marzo en el que participaron miles de personas para exigir a las autoridades a que traten y aprueben la Ley de Prohibición de la Minería. En el acto fue presentada una petición dirigida a la Asamblea Legislativa con 30 mil firmas recolectadas por la feligresía en menos de una semana.  La participación de la iglesia en esta fase de la lucha fue clave, afirma Pedro Cabezas. Fue el arzobispo de El Salvador, quien ya había manifestado una postura pública en contra la minería, quien tomó  acciones como la de presentar personalmente una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa. Todo esto “fue el catalizador que galvanizó la opinión de todos los sectores políticos y de las organizaciones sociales que movilizaron cientos y decenas de miles de personas”, afirma Cabezas.

Otra de las acciones claves en este proceso fue la visita que realizó una delegación proveniente de las Filipinas encabezada por el gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en donde se encuentra la mina de oro y cobre Dipidio de propiedad de Oceana Gold. La delegación visitó la comisión de la asamblea legislativa sobre el medio ambiente y el cambio climático que trataba la ley y dio a conocer la experiencia ambiental desastrosa de la “Minería Responsable” que promociona Oceana Gold en El Salvador. Invitaron a los salvadoreños a “juzgar a la empresa por la realidad de sus operaciones en Filipinas, más que por sus palabras o promesas” en el país. Esta capacidad de aprovechar los momentos oportunos y realizar acciones clave también fue una virtud del movimiento en El Salvador.

El Poder Movilizador de un Objetivo Claro

Los objetivos del movimiento anti minero en El Salvador fueron claros desde un principio: total rechazo a la minería.  Para Pedro Cabezas, esa es una lección muy importante de la lucha de las organizaciones locales y de los aliados internacionales, que supieron agruparse en torno a una sola demanda.  Ahora bien, esta demanda tuvo que ser justificada con  una narrativa muy bien fundamentada – que resaltaron el valor que tiene el agua sobre el oro, y otras similares –  construida en alianza con expertos a nivel nacional e internacional. En ese sentido, no sólo  se elaboraron estudios e investigaciones acerca de la inviabilidad de la minería en el país, sino que se tuvieron que afrontar y desmontar una serie de mitos creados por la empresa sobre el desarrollo, la creación de empleos, inversión extranjera, minería responsable, etc.

Lograr un objetivo común no es fácil, justamente porque existen mitos acerca de la minería que hacen que los gobiernos y la población tiendan a apoyar la actividad. Existen ocasiones en las que tampoco existe claridad en los objetivos, por más que se esté yendo en una sola vía. La promoción de la minería bajo consignas como “Minería Responsable” o “Minería Verde” también ayuda a sembrar dudas sobre los verdaderos efectos de la minería. En el caso de El Salvador, el movimiento anti minero y sus aliados internacionales si lograron mantenerse cohesionados alrededor de un objetivo común en torno al rechazo total a la minería metálica, lo que les hizo acreedores de un amplio apoyo popular, reflejado en distintos escenarios y coyunturas, que van desde las  encuestas y consultas, hasta, y fundamentalmente, las calles.

Solidaridad Sur-Sur

No cabe duda que la solidaridad internacional fue un elemento clave en la victoria del movimiento anti minero en El Salvador. Como comentan nuestros entrevistados y entrevistadas, el apoyo provino de grupos que estuvieron involucrados desde los tiempos del conflicto armado, pero también de grupos que trabajan en contra de la minería, en defensa del medio ambiente, el agua, etc. Toda esta cohesión de grupos logró  conformar una red amplia de solidaridad con las organizaciones en El Salvador en su lucha en contra de la minería en general, y en contra de la corporación Pacific Rim/Oceana Gold en particular.  En ese sentido, un elemento particular clave que surgió y que contribuyó a alcanzar la victoria, fue el apoyo transfronterizo del movimiento anti-minero regional de Centro América. Esta solidaridad “Sur – Sur”, se reflejó en la concordancia de organizaciones regionales reunidas bajo una misma necesidad: proteger el agua de la minería.

Es importante mencionar que El Salvador es un país con tendencias al estrés hídrico, pero que además comparte sus principales fuentes de agua con sus países vecinos. Su principal fuente de agua, el Río Lempa, nace en Guatemala, pasa por Honduras y llega a El Salvador, para finalmente desembocar en el Pacífico.  Es por eso que, en opinión de nuestros entrevistados y entrevistadas, prohibir la minería en El Salvador no garantiza la protección del Río Lempa y las otras fuentes de agua, por tanto se necesita prohibir la minería a nivel regional. “Nosotros aquí hemos desarrollado el tema de la minería transfronteriza, con Honduras y Guatemala, que son los más cercanos, para que también en esos países se prohíba la minería metálica”, señala Saúl Baños. En ese sentido, algunos miembros de la Mesa ya han hablado de la necesidad de establecer un Tratado de Aguas a nivel regional, además de otras iniciativas, para proteger el agua de la minería, pero también de otros proyectos extractivos.

Jen Moore también resalta esta lección. “Aprender de las experiencias vividas por las comunidades afectadas por la minería ha sido clave.  Se aprendió de los hermanos de Honduras y Guatemala. Más recientemente con las comunidades de las Filipinas. Y ese intercambio entre experiencias es necesario para desmentir los mitos y las mentiras que se van difundiendo desde las empresas”, señala.

Vidalina Morales también afirma, que “sin solidaridad, la lucha de los pueblos y las victorias de los pueblos no son posibles”. “Para nosotros no hay ninguna duda de que solo así podemos avanzar en los procesos de emancipación de nuestros pueblos”, concluye.

4. Un ejemplo de lucha para el mundo

“Una Victoria de David frente a Goliat”. Así es como califica Vidalina Morales a la victoria del movimiento anti minero en El Salvador.  “El saber que cuando nos organizamos somos fuertes”, señala. Son palabras que sin duda resumen todo el cúmulo de batallas que el movimiento ha tenido que lidiar por casi dos décadas para conseguir la victoria.  Durante todo este tiempo las organizaciones supieron enfocar muy bien sus energías tanto en la lucha nacional como en la lucha internacional – muy conscientes de que tienen que ir siempre de la mano.  La lucha por desmantelar el poder corporativo al nivel internacional y las batallas en el territorio son la misma lucha. Las comunidades en El Salvador año tras año han respondido a las estrategias de intervención de las empresas multinacionales con resistencias y estrategias creativas en alianza con organizaciones internacionales. Este esfuerzo les ha permitido frenar a Pacific Rim/Oceana Gold en los tribunales internacionales, en la lucha en el territorio, y ahora con una Ley Nacional de prohibición de la minería metálica.

En opinión de Pedro Cabezas,  es  importante celebrar y reconocer las victorias que se han logrado. No obstante, es importante mantener la guardia.  “Las empresas son implacables y no se detienen”, afirma.  Saúl Baños comparte ese criterio y afirma que “mientras haya oro (en El Salvador) las empresas estarán siempre pendientes y harán todo lo posible para estar aquí… de manera metódica y de manera brutal, porque al final a los accionistas y a los directores de las empresas no les importa que haya violencia. Están pendientes con nuevas estrategias”.

Estas palabras tienen eco, tomando en cuenta que los países de América Latina son dependientes del extractivismo y al mismo tiempo es el lugar más peligroso del mundo para ser defensor o defensora del medio ambiente, debido a la cantidad de asesinatos impunes y a la criminalización de la protesta  social que se dan alrededor de los proyectos extractivos. No cabe duda que las corporaciones y sus múltiples estrategias son las que contribuyen a que esto suceda, pues su presencia en territorios como El Salvador provoca conflictos de las que se benefician directamente, sin que exista ningún mecanismo de rendición de cuentas o en donde las comunidades puedan exigir justicia efectiva.  Es por eso que mientras avanzamos en la construcción de estos mecanismos al nivel internacional, son las luchas en el territorio que nos brindan lecciones importantes sobre la forma en que actúan las corporaciones, y que sin duda sirven a otros movimientos a lo largo de América Latina y el mundo para hacerse más fuertes.

[1] Para saber con más detalle sobre el caso y sobre la campaña internacional en apoyo a El Salvador, acceda al recurso: El Salvador – Cuando Las Semillas de La Resistencia Florecen