(Cusco/Ottawa/Toronto) Hoy la empresa minera canadiense, HudBay Minerals tuvo su reunión anual de accionistas en línea para discutir la salud financiera y el futuro de sus operaciones.

El enfoque en los estados financieros ocultaron de los accionistas importantes preocupaciones que tienen las comunidades afectadas por las operaciones de la empresa en el Perú (Mina Constancia) y en el caso histórico actualmente progresando dentro del sistema civil canadiense. En ambos casos las preocupaciones tienen enlaces directos con la salud y el bienestar de las personas y están siendo exacerbados por la actual pandemia COVID-19.

En Guatemala, las víctimas Maya de los ataques violentos del 2007-2009 recibieron una señal de esperanza en enero de este año cuando el Presidente Peter Kukielski declaró que la empresa buscaba una resolución del caso, para ya “meterlo en el pasado”. Sin embargo, la empresa negó este pronunciamiento y decidió apelar la última decisión del juez de Ontario de rechazar la solicitud de la empresa de negar a las querellantes presentar más pruebas lo que significó que se prolongará aún más el caso. Ahora, con COVID-19 las autoridades judiciales determinaron suspender el caso de forma temporal hecho que produjo mayor desesperanza y preocupación para las víctimas quienes están “pasando tiempos muy difíciles porque cuesta conseguir las necesidades básicas”.

Durante la reunión annual de los accionistas, la empresa dijo, “En el Perú, somos un líder en la salud y seguridad pública” y “estamos facilitando alivio para comunidades durante la pandemia COVID-19.”

Sin embargo las comunidades afectadas parecen tener otra perspectiva. En el Perú, las comunidades originarias afectadas por Constancia están permanentemente enfrentando los impactos producidos por esta mina y que podrían ponerlos en riesgo al contagio con el virus dado la cercanía de la operación con las comunidades locales. En un video dirigido a los accionistas de la empresa, un ex-dirigente del distrito de Velille, que sufre los impactos de polvo y ruido provocado por la minera, hizo conocer las preocupaciones que tienen las comunidades con respecto al posible contagio del virus.

“...ya sabemos que ese polvo produce problemas respiratorias que incrementa el riesgo a las infecciones...nosotros los pueblos originarios de Velille cercanos al proyecto minero tenemos el temor al contagio del COVID-19 a partir de 21 trabajadores que han dado positivo.. Por esta razón preguntamos a la junta de accionistas, ¿Que harán por no afectar a nuestro derecho a la salud por casos COVID que se han confirmado en sus propios trabajadores?”

Al final parece que los negocios corren como siempre para los accionistas de HudBay mientras son las comunidades y los trabajadores quienes tienen que soportar los impactos sobre sus derechos y ahora de la pandemia mientras las empresas mineras siguen con sus operaciones.

Angela Choc, hablando por la familia Choc y las víctimas de los ataques, envio este video a los accionistas:

“Nosotros podemos entender porque nuestro caso ha sido suspendido por el COVID-19, sin embargo HudBay continúa con sus operaciones en Perú y en Canadá. No puedo entender como una empresa puede seguir trabajando y así poner en riesgo la vida de las personas.”

Hace poco se informó que la empresa mintió a las autoridades locales en Perú sobre una posible brote de COVID-19 entre los trabajadores de la mina Constancia, donde más de 21 trabajadores han contratado el virus.

“En un momento cuando el mundo está reflexionando sobre las implicaciones de esta pandemia mundial, Hudbay sigue impulsando sus negocios como si todo fuese normal y son las comunidades en Perú y Guatemala quienes tendrán que esperar las consecuencias de sus acciones, lo cual afectaría a su salud y bienestar seguramente para muchos años más”, dijo Kirsten Francescone, de MiningWatch Canadá.

Las actualizaciones de la empresa no incluyeron referencias al brote de COVID-19 en la mina Constancia. La empresa optó por decir que sus operaciones habían vuelto a la normalidad la anterior semana, después de una orden del gobierno del Perú.

Tampoco incluyeron referencias al proceso legal.

Contactos:

• Oracio Pacori, Derechos Humanos Sin Fronteras, [email protected]
• Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected]
• Grahame Russell, Rights Action, [email protected]