El 1ro de junio, la Minera San Cristóbal, reportó que por dos casos COVID-19 en sus trabajadores, toda una unidad de la industria entraba en cuarentena. Esa información dejó en explícito que las operaciones están imparables. Y ese mismo día, siete Organizaciones No Gubernamentales del mundo, dieron a conocer que en 18 países entre ellas siete de América Latina, donde está vigente la cuarentena sanitaria, las operaciones mineras ya habían registrado al menos 3.000 personas contagiadas con coronavirus, pero con el agravante de poner en riesgo pueblos íntegros, entre comunidades campesinas y naciones indígenas.
El informe denuncia que, desde marzo, cuando en países como Brasil, Ecuador, México, Honduras, Panamá, Colombia, Chile, entre otros países del mundo, donde se declaró la cuarentena sanitaria, paradójicamente la industria minera ha sido declarada “esencial”, permitiéndoles seguir operando en medio de las medidas de paralización, con resultados devastadores.
“En 61 centros mineros o minas de 18 países del mundo, han surgido brotes de coronavirus. En este momento el país afectado, considerado como uno de los brotes más emblemáticos, es Perú. Esta semana ha superado 800 casos positivos con COVID-19. Una de esas minas es Antamina”, sostiene en contacto con El Día, Kirsten Francescone, coordinadora del programa para América Latina, MiningWatch Canadá.
Bolivia, no figura en el reporte porque supuestamente la cuarentena ha logrado paralizar dicha actividad o por lo menos no ha reportado casos graves. Francescone, sin embargo, menciona que, por sus características complejas, el extractivismo minero del país es de alta preocupación, como sucede ya con la Minera San Cristóbal. “No está subrayado en el reporte como tal, pero sí tenemos a Bolivia en nuestra base de datos”, argumenta.
Sitios de contagio inminente. El informe revela que la industria minera global se beneficia de la pandemia, tanto así que pone en grave riesgo no solo a los trabajadores, sino a las comunidades donde mueve sus operaciones. Mientras estas comunidades atinan poner alguna observación o resistencia, son objetos de represión y desregulación, conculcando sus derechos fundamentales.
“Como resultado del comportamiento de la industria en medio de la pandemia, los autores hacen notar que, mundialmente, los sitios mineros se han vuelto puntos importantes para el contagio”, refiere el informe.
El hecho que la gran industria minera global considera que las operaciones continúen a pesar de los riesgos sustanciales, hace que esta se convierta en vectores clave de la propagación del virus. En muchos casos las comunidades indígenas y rurales ya se enfrentan a un grave riesgo por el virus, especialmente las comunidades cuya salud se ha visto afectada por la contaminación generada por el extractivismo minero. Todas ellas están luchando por protegerse de los posibles brotes de la enfermedad.
Como consecuencia de esta situación, los brotes masivos se registran en las minas de Cobre Panamá (Panamá), Olimpiada (Rusia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú). Esos contagios no fueron reconocidos mientras cientos de trabajadores dieron positivo.
Según los analistas, la falta de pruebas en muchos lugares y la falta de vigilancia, podría significar que el número de contagiados sea mucho mayor. Las y los defensores del territorio y del agua viviendo bajo cuarentena están enfrentando mayores riesgos a su seguridad.
Reportes desde los territorios muestran cómo las empresas y los gobiernos están utilizando la pandemia para sofocar o reprimir las protestas comunitarias de larga data, como es el caso en las Filipinas, Honduras, Turquía y Ecuador.
Una situación despiada. Las mayores incidencias donde las empresas mineras ignoran la pandemia y continúan operando, según el informe tiene el proyecto de la mina de arenas petrolíferas Kearl Lake en el norte de Alberta, Canadá, donde las operaciones continúan incluso después de que 45 trabajadores dieron positivo. El brote provocó brotes en cuatro provincias y está relacionado con la muerte de dos ancianos indígenas Dene en la provincia vecina de Saskatchewan.
La mina de cobre Antamina en Perú, donde las operaciones no se cerraron sino hasta el 30 de abril, después de que un trabajador fue reportado muerto y otros 210 infectados. La mina Cobre Panamá en Panamá, donde las operaciones continuaron a plena capacidad hasta el 7 de abril, cuando las autoridades gubernamentales mandaron a cerrarla, a pesar de informes de múltiples infecciones y la muerte de un trabajador por contrato días antes.
Donde los gobiernos de todo el mundo están callando protestas legítimas y promoviendo el sector minero, en la región latinoamericana se tiene a Ecuador, donde la policía llevó presos a tres funcionarios públicos de Morona Santiago (Amazonía ecuatoriana) por impedir que los camiones de la empresa, transportarán minerales de la mina Fruta del Norte de Lundin Mining, por temor a un brote.
El otro es México, donde durante los primeros dos meses de medidas de cuarentena dos periodistas y cuatro defensores de los derechos humanos fueron asesinados, tres de los cuales estuvieron involucrados en la defensa de la tierra y el medio ambiente.
En tanto en Colombia, donde se han planteado serias preocupaciones con respecto a los nuevos riesgos que representa la pandemia COVID-19 para líderes sociales, defensores y comunidades bajo amenaza de violencia. 36 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde que se identificó el primer caso del virus.
En cambio, en otros lugares las empresas están también asegurando cambios regulatorios para beneficiarlos ahora y en el futuro. Y ese es Brasil, el informe anota que un video revelado por la Corte Suprema de este país muestra al ministro del Medio Ambiente diciendo que la pandemia representa una “oportunidad para desregular las políticas medioambientales”. En los últimos dos meses, el Gobierno de Jair Bolsonaro ha despedido a altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ambiental, por haber hecho su trabajo de controlar la minería ilegal en la Amazonía.
“Desde que Bolsonaro asumió el cargo, nuestras tierras indígenas están cada vez más amenazadas. Y con la crisis de COVID-19, las actividades ilegales de mineros, madereros, misioneros, narcotraficantes y otros invasores representan una amenaza aún mayor, ya que pueden llevar el virus a nuestros territorios y comunidades”, Nara Baré, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía brasileña (COIAB).
Esos hechos, menciona el informe, ilustran cómo los protectores de la tierra y el agua, que se ven obligados a permanecer en sus casas para proteger su salud y la de sus comunidades, corren un riesgo aún mayor de sufrir violencia, persecución legal y represión. “Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos que presten atención y condenen activamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y las empresas mineras durante la pandemia y el período de recuperación posterior”, cierra con un pronunciamiento de estas organizaciones que alertan al mundo y los gobiernos, la dramática situación como efecto de la minería global.
El informe, al que tuvo acceso El Día, tuvo contribuciones de Earthworks (USA), Institute for Policy Studies - Global Economy Program (USA), London Mining Network (UK), MiningWatch Canada, TerraJusta, War on Want (UK) and Yes to Life No to Mining y muchas organizaciones más.
Aún en tiempos de pandemia la minería es indolente donde llega
En la región. El informe, entre muchos aspectos salientes, menciona que defensores y líderes de los pueblos, en gran parte indígenas están siendo amenazados y asesinados con mayor intensidad en países como Colombia y México. En algunos casos, se está implementando nuevas legislaciones que podría criminalizar aún más a la protesta social o permitir mayor represión.
“El extractivismo que es depredador que no ha parado un minuto, sumado a esta pandemia, no solo buscan provocar un ecocidio ambiental sino un etnocidio. Los indígenas estamos viviendo momentos de dolor. Están, haciendo desaparecer nuestra comunidades y pueblos indígenas”, denunció a El Día, en las últimas horas, José Gregorio Díaz Mirabal, vocero de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
En Bolivia. El defensor de la comunidad Uchupiamona, perteneciente al pueblo Tacana, Alex Villca, ha manifestado que en la zona de la Amazonía del norte de Bolivia, las actividades extractivas de la explotación del oro no para; al contrario, las empresas auríferas Chinas y Colombianas, en plena cuarentena sanitaria, han intensificado su arremetida contra el medio ambiente y en algunas comunidades ha provocado el éxodo de sus habitantes de su territorios, dañando los ríos y los grandes afluentes, mediante la utilización del mercurio.
“Estas empresas chinas, con representantes bolivianos, con el apoyo de algunos malos comunarios, han desplazado una treintena de maquinarias de empresas entre chinas y colombianas que explotan oro en toda la región amazónica del norte de La Paz. Y lo peor es que a esa actividad se prestan las autoridades locales y la misma Policía Nacional”, denunció, estos días en contacto con El Día, Ever Gonzalo uno de los líderes del pueblo indígena Leco.
Amazonia. Y la situación, en el caso de los pueblos indígenas de la región no es diferente a ninguno donde se desarrolla la actividad minera en el planeta entero. “Por esta razón, exigimos que se detenga inmediatamente cualquier actividad económica en nuestros territorios, garantizando así la protección de todos nuestros niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos sabios y nuestros familiares en aislamiento voluntario”, añade Baré, desde la Amazonía brasileña.
Miranda Mundial
La mina Olimpiada en Siberia, donde más de 866 trabajadores dieron positivo y donde se llamó a los militares para garantizar que los mineros continúen trabajando mientras la mina funciona a plena capacidad.
Turquía y Filipinas, donde las protestas contra la mina Didipio de OceanaGold en Filipinas y la mina Kirazlı de Alamos Gold en Çanakkale, Turquía, fueron desalojadas violentamente de sus campamentos por las autoridades, citando medidas sanitarias COVID-19.
En las Filipinas, el Gobierno de Rodrigo Duterte está utilizando la pandemia para continuar con sus ataques hacia los derechos humanos y los defensores del territorio. En abril, los campamentos pacíficos de protesta a la mina Didipio de Oceana Gold, fueron desalojados de manera violenta por las fuerzas policiales.
Barrick Gold, conocido por violaciones atroces de los derechos humanos, realizó importantes donaciones en efectivo a varios gobiernos africanos por el COVID-19, causando preocupación por la transparencia y corrupción.
El gigante minero Vale, conocido por sus catastróficos desastres de relaves que causaron daños irreparables a las personas y al planeta, compró millones de kits de prueba para sus operaciones.
Newcrest Mining donó millones para la investigación de vacunas y un fondo de apoyo comunitario, pero está acusado de afectar gravemente la salud y el bienestar de las comunidades en Ecuador, Costa de Marfil y Papua Nueva Guinea.
Originalmente publicado aquí.