Santa Cruz, Bolivia. El 12 de octubre de 2021, dirigentes del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y miembros del Consejo Municipal de Potosí bloquearon la entrada a la planta de óxidos de San Bartolomé, propiedad de la empresa canadiense Andean Precious Metals (TSX: APM) en Potosí, Bolivia. Afirman que las operaciones mineras de la empresa son responsables de la actual destrucción del Cerro Rico de Potosí, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y wak´a sagrada para la nación indígena Qaraqara.

En agosto, con una dramática nube de polvo, la última parte de la cima de la montaña colapsó. El sitio había sido declarado como "Patrimonio en Peligro" desde 2014 debido al aumento de los derrumbes. El 10 de agosto, COMCIPO resolvió tomar medidas si el gobierno boliviano no detenía inmediatamente las operaciones de la empresa y la obligaba a pagar una indemnización por los daños ambientales.

A pesar del derrumbe y al ignorar las exigencias de la COMCIPO, la Empresa Minera Manquiri, subsidiaria de APM, no redujo sus actividades de la planta y, por el contrario, fue filmada recientemente trabajando en zonas de hundimiento. Los bloqueos se producen en respuesta a la negativa de la empresa a reunirse con el Consejo Municipal para presentar un informe detallado sobre sus actividades, a medida que aumentan los hundimientos y los accidentes.

Aunque la explotación minera en el Cerro Rico se ha llevado a cabo durante más de 500 años, la última década y media de minería industrial ha alterado significativamente la estabilidad de la montaña y ha producido enormes cantidades de relaves. Cuando la empresa estadounidense Coeur vendió sus operaciones en 2019 a Argentum Investments, el presidente de entonces dijo en una entrevista que aceleraron la venta debido a los [altos] costos de cierre. A los ciudadanos les preocupa que una empresa aún más pequeña deje un desastre medioambiental y su importante patrimonio destruido.

"Nos queda claro que las operaciones de Manquiri están dañando la montaña. Tienen que cumplir con sus obligaciones de remediación ambiental, y rápidamente", dijo la presidenta del Consejo Municipal, Mirta Guzmán Canelas.

Según los informes técnicos de la propia empresa, desde que se iniciaron las operaciones en 2008 se han procesado más de 16 millones de toneladas. La planta procesa 5.500 tn/día y la empresa informa que se alimenta de yacimientos minerales superficiales, pero también de la compra de óxidos de plata a las cooperativas de pequeños mineros que explotan el Cerro Rico y las zonas rurales que lo rodean. Más del 40% del suministro actual de la planta procede de estos pequeños mineros cuyas condiciones de trabajo son precarias y extremadamente peligrosas.

El 9 de octubre, tras varios informes sobre continuos hundimientos, líderes de la nación indígena Qaraqara celebraron una ceremonia de desagravio y hicieron una k'oa en la que solemnemente pidieron perdón a la montaña sagrada por los continuos daños. Para ellos, el Sumaj Orko era una wak´a sagrada antes de la colonización española y donde se realizaban ceremonias y ritos:

"Hoy estamos aquí desde la nación Qaraqara y sus grandes Ayllus para pedir perdón a nuestro Sumaj Orko por tanto sufrimiento. Es nuestra obligación porque nuestra sangre está aquí y nuestros hermanos están descansando en esta montaña,"* dijo un kuraka en la ceremonia.

Incluso mientras continúa la producción de plata doré para refinerías de los EE.UU, la empresa no reconoce el importante significado espiritual de la montaña para la nación Qaraqara. En el informe técnico de APM, fechado el 1 de septiembre de 2020, solo se hace una muy breve referencia a la designación como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y no se reconoce su condición de wak'a indígena.

Kirsten Francescone, de MiningWatch Canadá, que ha pasado varios años investigando la tragedia y se encuentra actualmente en Bolivia, señala: "Mientras la montaña se derrumba dramáticamente ante nuestros ojos, es imperativo que la empresa deje de negar su responsabilidad. Sus métodos de explotación a cielo abierto y sus compras extraoficiales son claramente las responsables, y la empresa tendrá que pagar la costosa reparación. Las comunidades exigen que cesen sus operaciones y deberían ser escuchadas."

Para más información o para entrevistas, póngase en contacto con:

• Kirsten Francescone, Coordinadora del Programa para América Latina (actualmente de licencia y en Bolivia), +59 17 536 5974 (WhatsApp/Signal/Telegram)

*Traducción del video original en quechua gracias a Wilson Montes