Hoy, seis organizaciones ambientales y de derechos humanos estadounidenses y canadienses han presentado una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que apoyan la solicitud urgente de ampliar las medidas cautelares para los activistas que se oponen a la mina de Escobal en Guatemala. El emplazamiento de la mina se ha enfrentado a una fuerte oposición local desde el día en que inició sus operaciones en 2011. Tal oposición ha encontrado una violenta represión, amenazas y campañas de difamación por sectores interesados en el proyecto extractivo. Tahoe Resources vendió la mina Escobal a Pan American Silver en 2019, desde cuando los riesgos para los defensores han persistido y van en aumento.
La carta respalda la solicitud presentada por Robert F. Kennedy Human Rights y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de inseguridad que enfrentan las comunidades y los activistas que se oponen a la mina Escobal. De esta forma se solicita a la CIDH que monitorea la situación de seguridad de las comunidades en resistencia y los líderes Xinka participando en el proceso de consulta; que extienda las medidas cautelares para los líderes Julio David González Arango, Juan Eduardo Donis, Pablo Adolfo Valenzuela Lima, Edwin Alexander Reynoso Bran y Luis Fernando García Monroy; y que solicite información al Gobierno de Guatemala sobre los riesgos para los defensores y las medidas que se están tomando para protegerlos.
Desde 2011, las comunidades Xinka y campesinas se han organizado para oponerse pacíficamente a la mina en el sureste de Guatemala. Casi 100 personas han sido acusadas penalmente por su papel en la oposición, todas ellas finalmente absueltas por falta de pruebas. Hoy la mina está cerrada, a la espera de una consulta con el pueblo Xinka, tal y como ordenó el máximo tribunal del país en septiembre de 2018.
Durante dos años, el pueblo indígena Xinka fue excluido de la participación en la consulta y denunció ilegalidades y discriminación en el proceso. En octubre de 2020, los Xinka llegaron a un acuerdo con el gobierno sobre la participación de sus representantes elegidos y el inicio de la fase de preconsulta, desde cuando la situación sigue deteriorándose. En enero, hombres armados dispararon e hirieron gravemente al líder de la comunidad, Julio González. El abogado del Parlamento Xinka y otros representantes Xinka que participan en el proceso de consulta reciben regularmente amenazas de muerte. Las recientes protestas en todo el país por la corrupción del gobierno y la cooptación de los tribunales ponen de manifiesto la falta de protecciones institucionales para los defensores Xinka y la falta de un respaldo independiente contra las ilegalidades en el proceso de consulta (la carta contiene un resumen histórico detallado).
Aunque Pan American Silver es una empresa minera más grande y diversificada que Tahoe Resources, la mina Escobal sigue siendo un activo importante para la empresa. De los catorce proyectos mineros con reservas minerales establecidos, Escobal representa el cuarenta por ciento de las reservas de plata de Pan American Silver, lo que la empresa califica como «catalizador» para el crecimiento del negocio.
Pan American Silver ha expresado su intención de reabrir la mina al concluir el proceso de consulta, lo que revela una clara falta de respeto por la autodeterminación del pueblo Xinka y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, consagrado en el derecho internacional.
La carta puede ser consultada aquí.
Contactos:
- Ellen Moore, Earthworks, [email protected], 202-887-1872 x128
- Maria Reyes, Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, [email protected] (Spanish only)
- Viviana Herrera Vargas, MiningWatch Canada, [email protected]
- Jen Moore, Institute for Policy Studies – Global Economy Program, [email protected]
