El día de ayer se hizo, en un evento virtual, el lanzamiento de la publicación “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?" elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) y MiningWatch Canadá. Acceder al informe completo aquí.
En dicho informe y evento, resaltamos lo siguiente:
Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los que opinan del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir. Ante esto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y situar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo.
Nos parece importante resaltar que el litio, como muchos otros minerales cuyo extractivismo se proyecta ampliar supuestamente en aras de reducir el calentamiento climático que afecta al mundo, no son minerales estratégicos para la transición energética, sino minerales útiles para ciertas cadenas productivas de mercados en expansión que, pintados de “verde”, representa falsas soluciones a la crisis socioambiental que enfrentamos a nivel global. Estos mercados alimentan un modelo energético, extractivista y de consumo que, lejos de buscar sustituir o reducir la huella ecológica que genera, adiciona energía y formas de consumo al mismo modelo extractivo de explotación.
Resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública con la que se pretende justificar la explotación de litio en México, y su promoción como parte importante de un proyecto de recuperación de soberanía nacional, toda vez que lo que ha avanzado es un proyecto claramente articulado con el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense, y que pone a disposición de las empresas automotrices estadounidenses los recursos de litio en México para la producción de automóviles individuales eléctricos.
Quienes hoy aplauden la creación de LitioMx, la entrega de 235 mil hectáreas del territorio sonorense para la zona de reserva minera de litio, o el Plan Sonora, no notan que son los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con quien el Estado mexicano planea consolidar acuerdos para vincular las cadenas de procesamiento y producción de vehículos eléctricos a costa de los territorios (agua, tierra, biodiversidad y cultura) y las vidas de las comunidades. Este plan está principalmente diseñado para aprovechar los nuevos requisitos para la fabricación regional de componentes esenciales de vehículos de pasajeros o ligeros en el marco neoliberal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y servir a la carrera del sector automotriz estadounidense en contra del control de China en toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos.
Lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son modificaciones minúsculas a la ley que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. Muy por el contrario, lo que se apertura es un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras.
Las modificaciones que se han dado en los últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Los proyectos prioritarios del gobierno actual, como el Tren Maya o el Corredor Interoceånico, nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos necesarios, el ocultamiento de la información, la desinformación y la manipulación para fabricar la aceptación social del proyecto, el linchamiento mediático y político de quienes se oponen, la criminalización y uso de la fuerza pública, la posibilidad de expropiaciones directas, y la continuidad de la impunidad por todos los daños a la salud y al territorio que generar los proyectos, terminando con la creación de zonas de sacrificio.
Si bien el gobierno de México ha promovido la supuesta nacionalización del litio como parte de un proceso paralelo al boliviano y al de gobiernos del Cono Sur, buscando resaltar con ello la idea de que es parte de un proyecto de integración latinoamericana de “izquierdas”; la integración norteamericana es la que marca las decisiones que se están tomando desde México, al tiempo que la realidad no ha sido tan alentadora en el sur de nuestro continente. El esquema bajo el cual se ha promovido la explotación de litio en Bolivia, por ejemplo, ha generado fuerte endeudamiento público a pesar de poseer recursos de litio mucho más grandes que los de México. Al respeto, Jorge Antonio Campanini Tejerina, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDHIB), señaló durante su participación en el evento que “el proyecto de industrialización del litio en Bolivia no ha superado ni siquiera la fase de concentración primaria, es decir que ni siquiera ha logrado concentrar importantes cantidades de litio como materia prima. Lleva más de 10 años ejecutando la mayor inversión realizada por el Estado, en minería, que hasta el día de hoy continúa generando una serie de cuestionamientos e incertidumbres tecnológicas, ambientales y económicas”.
Las modificaciones que se han dado en los últimos meses alrededor del litio y, particularmente su consideración como un mineral de utilidad pública y, prácticamente, estratégico, sí facultan al Estado para promover acciones impositivas alrededor de estos proyectos. Acciones que impidan el acceso a la información y la rendición de cuentas sobre el avance de estos proyectos, el uso de los recursos públicos destinados, y posibilita el uso de la fuerza pública (militar y civil) en contra de las poblaciones que se opongan a dichos proyectos.
Los impactos socio-ambientales que podemos prever con la explotación que se proyecta hacer del litio en México son similares a los de la minería a cielo abierto, lo que debería generar una fuerte preocupación por, entre otras cosas, los volúmenes de consumo y contaminación de agua requeridos, particularmente porque las zonas de prospección de litio identificadas por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), ya son regiones afectadas por sequías y escasez hídrica severa.
La mayor parte de los recursos de litio que el SGM ha reconocido con mayor viabilidad, están en depósitos de arcilla, un tipo de depósito del cual no hay explotación comercial, lo que agrega preocupación en torno a los daños socioambientales y las las pérdidas económicas por la especulación que se hará con el erario público para el uso de tecnologías nuevas de aprovechamiento de minerales.
La transición energética que proponen desde los centros de poder económico, es una transición de mercado, basada en la tecnología y el capitalismo rapaz que sigue empoderando, enriqueciendo e incrementando las desigualdades. Deja sin atender las verdaderas necesidades con las que se enfrentaría la crisis climática, como un recorte fuerte en la demanda energética y material, lo cual, entre otras cosas, tendría que implicar una fuerte inversión en el transporte colectivo y no individual, especialmente en los países más ricos y más consumistas del mundo.
En este contexto, las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a los pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos.
Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, una propuesta de supuesta soberanía nacional basada en fomentar el extractivismo minero, no es un camino hacia la mayor libertad, dignidad o bienestar para el pueblo mexicano. Por el contrario, consideramos que generará más incertidumbre y riesgo, más despojo y destrucción, más sequía y contaminación y mayor división social, coacción, manipulación, militarización y violencia. ¿Cómo se puede hablar de un decreto y una propuesta “en favor del pueblo mexicano” cuando pondrá en peligro sus bienes naturales, sus territorios y la vida en sí misma?
Por esta razón desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería (REMA) decimos NO a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de los demás minerales. La verdadera utilidad pública de los minerales, es la determinación de dejarlos en el subsuelo.
POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)