(Ottawa-Toronto-Quito-Cuenca) El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador representa una grave amenaza para los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador y debe ser rechazado por las y los legisladores canadienses, ha declarado hoy una coalición de organizaciones de la sociedad civil canadiense, amplificando las preocupaciones de las y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y mujeres en Ecuador.
Esta semana, líderes gubernamentales de Canadá y Ecuador anunciaron la finalización de un polémico acuerdo comercial que, de ser ratificado, perjudicará los derechos y los modos de vida de las naciones indígenas que se encuentran en la primera línea del cambio climático. Promocionado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en vísperas de las elecciones nacionales en su país, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador avanza en medio de la oposición de la organización indígena más grande del Ecuador y de varias naciones indígenas que ya se enfrentan a abusos de los derechos humanos en relación con proyectos mineros canadienses en sus territorios.
De especial preocupación, el acuerdo propuesto incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), a pesar de que los ecuatorianos votaron en un referéndum constitucional en el 2024 para prohibir la inclusión del ISDS en futuros acuerdos comerciales. Múltiples organismos y expertos de la ONU han recomendado que el ISDS no se incluya en los nuevos acuerdos comerciales y que se elimine de los ya existentes, advirtiendo que el ISDS obstaculiza los esfuerzos de los Estados para combatir el cambio climático y para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
«El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, firmado por Daniel Noboa, solo favorece a las transnacionales mineras y a los intereses privados de la familia presidencial», dijo Zenaida Yasacama, presidenta-encargada de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización indígena más grande del país.
«La minería canadiense opera sin respetar los derechos de las comunidades, promoviendo el despojo, la contaminación del agua y la criminalización de quienes defienden la vida y el territorio. Los pueblos y nacionalidades indígenas no permitiremos que se entregue el país a intereses extranjeros mientras destruyen nuestras tierras y criminalizan nuestra resistencia».
El pasado octubre, Yasacama fue una de las cuatro defensoras parte de una delegación de mujeres indígenas y campesina que viajaron a Canadá para dar la voz de alarma sobre las negociaciones comerciales en curso, en particular, el espectro de la expansión de la minería canadiense en regiones ecológicamente sensibles de Ecuador y el daño que una mayor minería supondría para sus vidas y territorios. En la gira, las delegadas se reunieron con legisladores, periodistas, líderes indígenas y grupos de la sociedad civil en Toronto, Ottawa y Montreal.
Al menos 15 empresas mineras canadienses tienen operaciones activas en Ecuador. Dundee Precious Metals (DPM) es una de las empresas canadienses que se enfrenta a recientes acusaciones de abuso en su intento de avanzar en una consulta relacionada con su proyecto de oro-cobre Loma Larga en el páramo de Kimsakocha. Las comunidades de la zona ya han votado a favor de la protección del agua y en contra de la minería en tres consultas populares anteriores. Sin embargo, los grupos indígenas y de campesinos locales de esas comunidades dicen que la empresa minera y las autoridades ecuatorianas están presionando para que se realice una nueva consulta que solo incluiría a las personas a favor del proyecto.
«Ya es bastante difícil defendernos de las empresas mineras canadienses que intentan llevar a cabo proyectos en nuestro páramo de Kimsakocha sin nuestro consentimiento», dijo Hortencia Zhagüi, miembro de la Escuela de Mujeres de Agroecología Kimsakocha y de la junta directiva de los Administradores de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui, en la provincia de Azuay.
«Y será aún más difícil si el poder de empresas como Dundee, dueña del proyecto Loma Larga, se ve reforzado por este acuerdo de libre comercio entre Canadá y Ecuador. Este acuerdo pondrá en peligro nuestras fuentes de agua, nuestra soberanía alimentaria y nuestros derechos».
En lugar de exigir responsabilidades a las empresas mineras canadienses y garantizar un intercambio de información y una comunicación significativa con las comunidades afectadas, Canadá apoyará a estas empresas mediante la inclusión de mecanismos como el ISDS, que se han utilizado para socavar la oposición local a proyectos a gran escala. Las empresas mineras canadienses suelen utilizar el ISDS para demandar a los países en tribunales supranacionales privados, por ejemplo, si se les niegan los permisos de explotación minera. Esto restringe la capacidad de los gobiernos para denegar permisos con el fin de proteger sus territorios y el agua o los derechos humanos de sus ciudadanos.
El año pasado, el Comité Permanente de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense estudió las negociaciones de libre comercio entre Canadá y Ecuador y publicó un informe en el que recomendaba que «no se aplique ningún acuerdo sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados en Ecuador».
En medio de las amenazas arancelarias del Presidente Trump, Canadá presenta este nuevo acuerdo como una oportunidad para diversificar los socios comerciales en la región. «En realidad, es una falta de visión seguir adelante con un acuerdo comercial cuyo proceso de negociación ha sido denunciado repetidamente por las comunidades indígenas ecuatorianas y las organizaciones de la sociedad civil, alegando falta de transparencia y ausencia de consulta», dijo Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá. Estas preocupaciones, que se compartieron directamente con los funcionarios canadienses en octubre, han sido completamente ignoradas. “Hoy, más que nunca, las y los legisladores canadienses deben apoyar los derechos humanos y rechazar este acuerdo negociado a espaldas de las comunidades”, agregó Herrera.
Citas adicionales de líderes comunitarios en Ecuador:
«La poca información pública que existe indica que el acuerdo prevé contener mecanismos de arbitraje internacional, pese a que estos mecanismos son incompatibles con los derechos humanos, y pese a que en la Consulta Popular del 2024, el pueblo ecuatoriano votó en contra de permitir el arbitraje internacional. Instamos a los legisladores en Ecuador y Canadá a votar en contra de este acuerdo, ya que el proceso de negociación ya amenaza el medio ambiente y los derechos humanos, y va contra la voluntad del pueblo»
–Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva
«Hemos sido hostigados e intimidados por oponernos a un proceso de consulta ambiental ilegítimo para el proyecto La Plata de la canadiense Atico Mining. Queremos asegurarnos de que estos proyectos mineros no se lleven a cabo en zonas pobladas, en zonas agrícolas, en zonas donde la gente está organizada. Queremos que la vida sea valorada y respetada. No queremos nuestros territorios militarizados para avanzar proyectos mineros canadienses. Este tratado de libre comercio entre Canadá y Ecuador, del cual no se nos ha informado, va a ahondar más el conflicto socio ambiental en nuestro país ».
–Rosa Masapanta, presidenta de la Asociación Flor de Caña, una cooperativa local de caña de azúcar en el norte de Ecuador
«Desde las organizaciones que defendemos los derechos humanos colectivos y de la naturaleza, denunciamos que las negociaciones de este tratado, primero se hicieron a espaldas de quienes defendemos los derechos humanos. No existió nunca una evaluación de impactos de derechos humanos sobre lo que significa este tratado realizada de forma participativa de conformidad con los estándares internacionales. Nunca nos enviaron la información que solicitamos varias veces para poder analizarla y evaluarla. Todas las negociaciones se desarrollaron bajo un velo de secreto. Y ahora afirman haber llegado al final de las negociaciones. En estas condiciones, un acuerdo comercial como el que se ha concluido responderá a los intereses de quienes hayan participado en este proceso de negociación: los gremios empresariales y el Estado ecuatoriano. Los defensores que defienden la vida en los territorios, que se ven afectados por los proyectos mineros, y los miembros de la sociedad civil no fuimos invitados a participar [en este proceso]».
–Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador
Citas de organizaciones de la sociedad civil de Canadá:
«La conclusión de este Tratado de Libre Comercio y la inclusión de privilegios exorbitantes para los inversores a través del ISDS (Sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados) exponen las verdaderas prioridades de Canadá en Ecuador: defender los intereses de las empresas mineras por encima de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Existe una preocupación generalizada de que este acuerdo comercial conduzca a un aumento de la violencia y la impunidad en relación con las operaciones mineras canadienses en el país. ¿Cómo se alinea esto con la política exterior feminista y de derechos humanos de Canadá?».
–Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá
«Las mujeres defensoras de la tierra ecuatorianas arriesgaron valientemente sus vidas para viajar a Ottawa el pasado mes de octubre. Compartieron un escalofriante testimonio de la brutalidad policial, la degradación medioambiental y la violencia sexual a las que se enfrentan sus comunidades en relación con las actividades mineras canadienses. Este acuerdo, negociado a toda velocidad, no las protege y expondrá a un mayor riesgo a las mujeres y naciones indígenas que están en primera línea de la protección medioambiental en Ecuador. Refleja una desconexión preocupante y duradera entre el enfoque comercial de Canadá y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.».
–Ketty Nivyabandi, secretaria general de la sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá
«La inclusión de un proceso de resolución de controversias entre inversores y Estados en este acuerdo contradice los derechos de los pueblos indígenas protegidos internacionalmente. Contradice los deseos del pueblo ecuatoriano, que votó abrumadoramente en contra de los tribunales corporativos en un referéndum el año pasado. Y contradice cualquier noción de comercio inclusivo promovida por el gobierno canadiense».
–Stuart Trew, investigador principal del Centro Canadiense de Políticas Alternativas y director del Proyecto de Investigación de Comercio e Inversión del Centro.
«Es profundamente inquietante que, a puerta cerrada y con la pretensión de ser «inclusivo», el gobierno canadiense siga tomando decisiones sin tener en cuenta los efectos negativos en la vida y el sustento de las personas. Es impactante que Canadá incluya un proceso de solución de controversias entre inversores y Estados en este acuerdo comercial cuando ellos mismos han argumentado que el ISDS prioriza los derechos corporativos sobre los gobiernos soberanos y ha costado a los contribuyentes canadienses cientos de millones de dólares».
–Caren Weisbart, coordinadora de la coalición Fronteras Comunes
«Las industrias extractivas de Canadá han tenido un impacto profundo y duradero en la vida y el bienestar de las personas de las comunidades indígenas y rurales de Ecuador, especialmente de las mujeres y las niñas. Pedimos a Canadá que respete sus derechos y no ratifique este acuerdo perjudicial».
– Silvia Vásquez Olguín, Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA)
Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con:
- Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canadá, viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264
- Cory Ruf, responsable de prensa de la sección canadiense de Amnistía Internacional (sección anglofona), media@amnesty.ca, 647-269-1795
- Caren Weisbart, coordinadora de la coalición Fronteras Comunes, coordinator@commonfrontiers.ca, 647-466-6643
- Stuart Trew, Centro Canadiense de Políticas Alternativas (sección anglofona), stuart@policyalternatives.ca, 613-293-2282
- Silvia Vasquez Olguin, Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA), SVasquez-Olguin@kairoscanada.org, 647-909-7654