(xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) y səlilwətaɬ (Tsleil Waututh)/ Vancouver, B.C.) La Unión de Jefes Indios de la provincia de Columbia Británica (Union of B.C. Indian Chiefs o UBCIC) y el Parlamento Xinka de Guatemala piden al gobierno canadiense y a Pan American Silver que respeten la decisión del Pueblo Xinka que busca el cierre permanente de la mina Escobal de acuerdo con su derecho a la autodeterminación según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración de las Naciones Unidas). El 8 de mayo, el Pueblo Xinka anunció su negativa inequívoca a dar su consentimiento para la reapertura de la mina como culminación de un proceso de siete años por mandato judicial.

El Gran Jefe Stewart Phillip, Presidente de UBCIC, declaró: "Las luchas de los pueblos indígenas por la autodeterminación tienen muchas similitudes más allá de las fronteras, sobre todo cuando se enfrentan a grandes empresas con mucho dinero y una considerable influencia política, lo que a menudo resulta en el tipo de acoso y amenazas que nuestros amigos Xinkas han sufrido durante años. Nos unimos para instar a la empresa, basada en Vancouver, y a la embajada de Canadá en Guatemala a que respeten la decisión del pueblo Xinka de acuerdo con la Declaración de la ONU y la decisión de la Corte de Constitucionalidad que ordenó la consulta."

La mina Escobal, originalmente propiedad de la empresa Tahoe Resources, fue impuesta y entró en operación a principios de 2014 utilizando la represión violenta de la seguridad privada, la policía y el ejército, así como una campaña para difamar y criminalizar a líderes de las comunidades. Un ataque a tiros de la seguridad privada de la empresa contra manifestantes pacíficos frente a la mina en 2013 dio lugar a una demanda civil contra la empresa ante los tribunales de Columbia Británica. En un acuerdo histórico, la empresa Pan American Silver pidió disculpas a las víctimas y a la comunidad en 2019, reconociendo que el tiroteo de abril de 2013 vulneró los derechos humanos de los manifestantes. Pero esto no resolvió el conflicto más amplio.

"Nuestra preocupación por los daños actuales y potenciales a los que podríamos enfrentarnos con la reactivación de la mina Escobal, como la contaminación del agua y la pérdida de fuentes de agua vitales, no ha hecho más que aumentar. Nuestras propias autoridades gubernamentales en Guatemala han demostrado una grave falta de capacidad para garantizar nuestros derechos a un medio ambiente sano, al agua y a la supervivencia como pueblo, por lo que decimos no a la mina", manifestó Marisol Guerra, presidenta de la Comisión de Mujeres Xinka.

La consulta ordenada por los tribunales se ha enfrentado a numerosos obstáculos, entre ellos la cooptación del sistema judicial del país, así como el acoso, las amenazas y los ataques persistentes contra líderes y miembros del Pueblo Xinka. A finales del año pasado, el último presidente del Parlamento Xinka y su familia tuvieron que huir del país. Otras personas han abandonado también el país por temor a perder sus vidas.

"Hemos sufrido terribles costes dentro de nuestras comunidades por la persecución legal, la violencia, las amenazas y las divisiones sociales como consecuencia de que se nos impusiera esta mina sin nuestro consentimiento. Pedimos a las autoridades canadienses que hagan todo lo que esté a su alcance para abogar por nuestra seguridad y por el pleno respeto de nuestra autodeterminación como Xinka", dijo Marta Muñoz, delegada en el proceso de consulta de la comunidad San Antonio Las Flores, Mataquescuintla.

Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con:

• Gran Jefe Stewart Phillip, Presidente, 250-490-5314
• Miriam Shaftoe, Xinka Rep, MiningWatch Canada, miriam@miningwatch.ca
• Jen Moore, Xinka Rep, Instituto de Estudios Políticos, jen@ips-dc.org

UBCIC es una ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Para más información, visite www.ubcic.bc.ca