Barrick Gold Corp. (Barrick) ha decidido, una vez más, no celebrar su Junta General Anual de Accionistas en persona en Toronto este año y, en su lugar, ha trasladado el acto a un formato en línea altamente controlado. Durante muchos años, miembros de las comunidades, a menudo pueblos indígenas, y de comunidades cercanas a las minas de Barrick han viajado desde lugares tan lejanos como Papúa Nueva Guinea y Chile hasta Toronto para poder hablar directamente con los accionistas y su consejo de administración. Esta oportunidad de escuchar a las personas más directamente afectadas por las operaciones de Barrick se ha visto limitada por el formato virtual de la Junta General Anual de Accionistas. La participación en línea resultó estar controlada por el proceso virtual el año pasado, según informó el Globe and Mail, donde se acusó a la empresa de «utilizar el formato virtual para su Junta General Anual con el fin de suprimir las preguntas críticas de las partes interesadas».

«Ya es bastante malo que escuchemos cada vez más casos de represión de la libertad de expresión de la población local en sus propios países, pero que esto se extienda a Canadá es muy problemático», afirma Catherine Coumans, de MiningWatch Canada. «Los accionistas canadienses y el público en general necesitan escuchar las voces de estas comunidades, pero el proceso virtual del año pasado ha minado la confianza en que se les permite expresarse libremente».

Mientras Barrick se prepara para celebrar su Junta General Anual de Accionistas, integrantes de la Red de Solidaridad contra la Injusticia Minera se manifestarán frente a la sede de Barrick en Toronto para dar voz a las protestas de las comunidades que rodean las minas de Barrick en todo el mundo.

Las comunidades afectadas por las minas de Barrick, y quienes trabajan con ellas, comparten mensajes que los accionistas y los canadienses deben escuchar sobre sus preocupaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente.

ARGENTINA

La Asamblea Jáchal No Se Toca ha documentado y denunciado sistemáticamente los vertidos tóxicos en la mina Veladero de Barrick desde 2015, así como la respuesta (o la falta de ella) del Gobierno y la empresa. Sin embargo, siete años después de que se presentaran cargos contra funcionarios locales, las comunidades siguen sin obtener justicia.

La Asamblea Jáchal No Se Toca afirma:

“El lobby de Barrick en Argentina no permite hacer el juicio por el derrame de cianuro y mercurio en 2015 que se ha calificado como “el peor desastre ambiental minero de la Argentina”. La mina Veladero continua contaminando.

La Asamblea Jáchal No Se Toca exige el cierre definitivo de la mina Veladero y que avance el juicio

CHILE

Cinco años después de que un tribunal chileno dictara una sentencia histórica ordenando el cierre definitivo del proyecto Pascua Lama de Barrick Gold en Chile, las comunidades indígenas afectadas denuncian que Barrick intenta desarrollar su proyecto de exploración «El Alto» en la misma zona. Se trata de un área protegida, una biosfera que alberga varios glaciares importantes que sustentan el valle agrícola circundante.

Los pueblos indígenas de Diaguita Patay Co afirman:

“Aunque Barrick ha cambiado de ejecutivos, su forma de operar no ha cambiado en absoluto: continúan actuando con arrogancia, sin diálogo real con las comunidades locales, presentando proyectos técnicamente deficientes, con información incompleta y sin evaluación del daño ya causado…

[P]edimos a los inversionistas de este proyecto que tomen responsabilidad ética, entendiendo que están respaldando una iniciativa que vulnera derechos, afecta territorios ancestrales y se emplaza en una zona protegida por la justicia ambiental chilena. Invertir en Pascua Lama o “El Alto” es insistir en un modelo extractivista fracasado, que ha dejado destrucción, división y desconfianza en las comunidades del Valle del Huasco. Les pedimos que se retiren y que no sigan financiando un proyecto que representa exactamente los mismos errores y abusos de Pascua Lama.” 

Lea su declaración completa aquí.

REPUBLICA DOMINICANA

Expresando su profunda preocupación por la ampliación de las presas de residuos, el Comité Nuevo Renacer, que representa a 450 familias que viven aguas abajo de la mina Pueblo Viejo, algunas a menos de 500 metros de la enorme instalación de almacenamiento de residuos El Llagal, afirma que no quiere formar parte de las «más de 100 víctimas mortales» previstas en caso de rotura de la presa. Quieren que Barrick y sus accionistas sepan que están pidiendo urgentemente su reubicación antes de que se produzca una tragedia.

PAPUA NUEVA GUINEA

Un informe elaborado por la reconocida organización de líderes indígenas de Porgera, la Asociación de Propietarios de Tierras de Porgera (the Porgera Landowners Association (PLOA) en inglés), plantea serias preocupaciones sobre su falta de conocimiento y participación en los acuerdos que permitieron que la mina New Porgera Limited reanudara sus operaciones en 2004: «Nosotros, los propietarios de tierras de SML, estamos preocupados porque varios acuerdos clave relacionados con el proyecto aurífero de Porgera se firmaron sin nuestra participación ni consentimiento. (...) Cuestionamos la imparcialidad, la equidad y la transparencia de estos acuerdos, ya que no se nos consultó ni se nos involucró en el proceso de negociación. Nos preocupa que nuestros derechos e intereses no estén adecuadamente protegidos en virtud de estos acuerdos». La PLOA lleva mucho tiempo abogando por el reasentamiento de los clanes de Porgera lejos de la zona minera.

En una carta enviada en abril de 2025 a la Autoridad de Conservación y Protección del Medio Ambiente de Papúa Nueva Guinea, la organización de base de derechos humanos Akali Tange Association pide que «los casos pasados y actuales de violencia sexual, desalojos forzosos y degradación medioambiental que afectan a las comunidades locales» se incluyan en una próxima auditoría de la mina.

BALUCHISTAN

Analistas expresan su escepticismo sobre la posibilidad de que una mayor militarización resuelva los problemas subyacentes de la falta de licencia social del pueblo indígena baluchi para la mina de Reko Diq: «Incluso si el Gobierno satisface las demandas financieras del Cuerpo Fronterizo (FC) para proteger el proyecto de Reko Diq, los retos en materia de seguridad persistirán. (...) Solo se logrará una paz duradera y un entorno verdaderamente favorable a los inversores si se respetan las aspiraciones de la población local, se abordan sus reclamaciones con empatía y se adoptan medidas significativas para ganarse su confianza». Lateef Johar, defensor de los derechos humanos asociado al Consejo de Derechos Humanos de Baluchistán, afirma: «Las principales preocupaciones de los indígenas locales y los defensores de los derechos humanos son la transparencia, el acceso a los documentos y datos relativos al proyecto, y la militarización de la zona alrededor de la mina asociada a abusos de  derechos humanos.»

TANZANIA

Los indígenas Kuria de las comunidades cercanas a la mina de oro North Mara, en Tanzania, han presentado dos demandas en Canadá contra Barrick por presuntos «actos de violencia extrema cometidos por la policía minera al servicio de Barrick en la mina North Mara y sus alrededores». El 26 de noviembre de 2024, las demandas fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Los abogados de los demandantes han apelado esta sentencia. En un nuevo informe, MiningWatch Canada reflexiona sobre los procedimientos judiciales.

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Barrick se enfrenta a graves acusaciones de violaciones de derechos humanos en relación con su mina de oro de Kibali, en la República Democrática del Congo, como consecuencia del presunto desalojo forzoso de unas 2500 familias que se quedaron sin hogar. En 2024, tras una investigación de tres años, la organización no gubernamental holandesa PAX informó que había encontrado «pruebas abrumadoras de que la ampliación de la mina de Kibali ha significado un despojo y una violencia a gran escala que afectan a las comunidades locales».

Para más información, póngase en contacto con: 

• Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264 (español/inglés)