(Ottawa) El anuncio de hoy del gobierno sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha desaprovechado el importante consenso alcanzado por la industria y organizaciones de la sociedad civil sobre la manera de asegurar que las operaciones de las empresas extractivas canadienses en el exterior se adhieran a las normas internacionales de derechos humanos y medio ambiente. Hace casi dos años, las diversas partes interesadas del Grupo Asesor de las mesas redondas nacionales sobre la RSE en el sector extractivo presentó su informe de consenso al gobierno canadiense. Hoy día la respuesta tan esperada hace caso omiso de las recomendaciones centrales del informe.
"Dirigentes de la industria y de la sociedad civil pedian la adopción de normas claras que se aplicaran a todos las empresas extractivas canadienses que operan en los países en desarrollo", dijo Alex Neve, Secretario General de Amnistía Internacional Canadá. "Pero lamentablemente, el gobierno ha optado por pautas voluntarias que están muy por debajo de las normas internacionales de derechos humanos. Es difícil ver cómo esto representa algún avance significativo".
El informe del Grupo Asesor pedía el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas que podría dar lugar a sanciones para las empresas que no cumplan con las normas recomendadas. "El gobierno no es serio acerca de garantizar que las empresas cumplan con altos estándares de RSE", dijo Mary Corkery, Directora Ejecutiva de KAIROS-Iniciativas Ecuménicas Canadienses de Justicia. "El anuncio de hoy deja a las comunidades mineras sin tener a quien recurrir, mientras el comportamiento irresponsable de las empresas puede continuar con impunidad."
Las recomendaciones de consenso también demandaban la creación de un Defensor del Pueblo, que podría investigar las denuncias e informar públicamente sobre los resultados. "La respuesta de hoy socava el principio de independencia para la determinación de los hechos, dejando las posibles investigaciones sólo a instancias de las empresas" dijo Karyn Keenan de la Iniciativa Halifax.
El informe de consenso recomendaba vincular la provisión de apoyo financiero y político gubernamental a las empresas extractivas canadienses con el cumplimiento de las normas ambientales y de derechos humanos. El hecho que el gobierno no adoptara esta recomendación implica que los fondos públicos seguirán apoyando a las empresas que no cumplan con los valores públicos como el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
La estrategia del gobierno anunciada hoy deja de hacer frente a los graves abusos de los derechos humanos y ambientales asociados con las empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero. Las empresas canadienses siguen siendo objeto de denuncia en numerosos foros internacionales. Muy recientemente, el gobierno noruego retiró sus inversiones de Barrick Gold, debido a la contribución de la empresa a los "graves daños al medio ambiente."
Contactos:
Beth Berton-Hunter, Amnesty International, 416-363-9933, ext. 32
Adiat Junaid, KAIROS, 416-463-5312, ext. 223
Karyn Keenan, Halifax Initiative, 613-789-4447
153 rue Chapel Street, # 104, Ottawa ON K1N 1H5
Tel: (613) 789-9368
Fax: (613) 241-4170
E-mail/courriel:[email protected]