Delegación pide al Parlamento canadiense censurar Blackfire y aprobar proyectos de ley C-300 y C-354
OTTAWA, 21 de abril 2010 - Una delegación canadiense que visitó Chiapas, México tras el asesinato del activista social Mariano Abarca y la participación de varios empleados de la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, ha concluido que Blackfire debe salir de Chiapas, y que el Parlamento canadiense tiene que actuar ya para prevenir que otros conflictos mineras internacionales se conviertan en mortales.
La mina de barita de Blackfire, cerca de la ciudad de Chicomuselo en el sureño estado mexicano de Chiapas fue cerrado por las autoridades ambientales estatales el 7 de diciembre de 2009. Mariano Abarca Roblero fue asesinado a tiros frente a su casa el 27 de noviembre de 2009.
“Lo que descubrimos durante nuestra investigación fue una comunidad devastada por la intimidación siempre presente, la violencia, las malas prácticas mineras, la destrucción del medio ambiente, y el acoso legal - y el asesinato sangriento de Mariano Abarca, quien habló en contra de esta destrucción,” dijo Rick Arnold, de Common Frontiers.
“Es la opinión de la familia Abarca que Blackfire es en última instancia, si no directamente, responsable de la violencia que siguió a la llegada de la mina y que culminó en el asesinato de Mariano,” dijo Dawn Paley, periodista e investigadora que participó en la delegación en nombre de Alerta Minera Canadá. “Este sentimiento es compartido por muchos en la comunidad de Chicomuselo.”
“Es indignante que cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda de Chiapas ha cerrado la mina, las autoridades han arrestado a varios empleados de la empresa, y la comunidad se ha pronunciado claramente en contra de ella, que Blackfire continúe tratando de revertir la clausura y busque el reinicio de los negocios como siempre,” subrayó el portavoz MiningWatch Jamie Kneen.
“Está claro de nuestros hallazgos de que el Parlamento de Canadá tiene que dar dos pasos inmediatamente. En primer lugar, una moción de todos los partidos de censura contra las actividades Blackfire debe ser introducido. Y en segundo lugar, el Parlamento debe aprobar los dos proyectos de ley sobre la responsabilidad de las empresas mineras que tiene ante sí, a saber, proyectos de ley C-300 y C-354,” dijo Mark Rowlinson, abogado del sindicato United Steelworkers.
La delegación de investigación se encontraba en México desde el 21 marzo al 27, por invitación de la Red Mexicana Antiminera, y incluyó representantes de Alerta Minera Canadá, Common Frontiers y United Steelworkers. Un informe completo sobre sus resultados se adjunta a continuación, con un resumen ejecutivo por separado.
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Contactos:
Jamie Kneen, Alerta Minera Canadá (613) 569-3439 (oficina), (613) 761-2273 (celular), jamie(a)miningwatch.ca
Dawn Paley, Investigadora (604) 619-1127 (celular), dawnpaley(a)gmail.com
Mark Rowlinson, United Steelworkers (416) 544-5983 (oficina), (647) 231-5983 (celular), mrowlinson(a)usw.ca