Una explotación minera. Crédito de la foto: eldoradogold.com
Por Rufo Valencia | [email protected]
El pasado viernes 14 de octubre, un tribunal adscrito al Banco Mundial, el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones, determinó mediante fallo unánime dado a conocer en Washington que la demanda de la minera canadiense Pacific Rim contra el Estado salvadoreño no tiene mérito y por lo tanto El Salvador no tendrá que pagar los 250 millones de dólares que la minera pretendía obtener.
Esta larga batalla jurídica lanzada por la empresa canadiense contra El Salvador le costó al pequeño y empobrecido país centroamericano unos 13 millones de dólares.
Este fallo debe poner fin al conflicto en torno a la explotación de oro y plata en la zona de El Dorado, en el departamento de Cabañas. El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por Oceana Gold, interpuso una demanda contra El Salvador ante la CIADI porque el Gobierno salvadoreño le negó permisos para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.
Jamie Kneen, miembro del organismo no gubernamental Alerta Minera Canadá, con sede en Ottawa. © YouTube
Para la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, una organización de la sociedad civil salvadoreña, esta decisión es un triunfo para la población salvadoreña, pero sobre todo para la región centroamericana, y añadió que hay necesidad de continuar con la defensa del territorio y del agua en la región.
El Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones, además de fallar a favor de El Salvador, también determinó que la empresa minera deberá indemnizar al país centroamericano con ocho millones de dólares para cubrir los costos de un litigio de siete años y medio. Pese a este pago, este fallo representa para El Salvador una pérdida de cinco millones de dólares.
En conversación con Radio Canadá Internacional, Jamie Kneen, miembro del organismo no gubernamental Alerta Minera Canadá, con sede en Ottawa, explica el contexto y las repercusiones de esta decisión del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas en Inversiones, que forma parte de las instituciones del Banco Mundial.