(Ottawa/Montreal/Toronto) – Mariano Abarca, líder comunitario mexicano, fue asesinado en el 2009 en el contexto del ejercicio a su derecho por la defensa de su territorio, en Chicomuselo, Chiapas, en contra de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, la cual actuó, a partir de la fuerte comunicación e injerencia que tuvo de parte de la embajada canadiense en México.

Este lunes, José Luis, hijo del Sr. Abarca, en conjunto con organizaciones mexicanas y canadienses, entregaron una denuncia administrativa al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, solicitándole formalmente una investigación sobre las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, mismas que consideran incrementó el peligro que enfrentaron el Sr. Abarca y otros habitantes de Chicomuselo.

“Mi papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes, estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire, y poco después, fue arraigado bajo acusaciones falsas hechas por la empresa. La embajada tuvo conocimiento de todo esto, sin embargo, dio su aval a la empresa, al incidir con autoridades chiapanecas para proteger los intereses de la Blackfire,” comentó José Luis Abarca.

La documentación obtenida bajo la ley de transparencia en Canadá, demuestra que, a pesar del conocimiento significativo que tuvo la embajada canadiense sobre los hechos entre la empresa Blackfire y el Sr. Abarca -inclusive las amenazas de muerte que este enfrentaba-, prefirió acudir al gobierno estatal de Chiapas solicitándole controlar las protestas contra la minería en la comunidad. La denuncia administrativa que se presenta argumenta que esta violó políticas dirigidas a la protección de los derechos humanos, dejando de lado uno de sus roles fundamentales propiamente expresados en “facilitar un diálogo abierto e informado entre todas las partes.”

“La Embajada canadiense pudo haber usado su influencia para defender la vida y el bienestar tanto del Sr. Abarca como de los otros pobladores de Chicomuselo, pero hizo el contrario. Debe haber una investigación por el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública, en torno al peligro que esto creemos generó para la vida del Sr. Abarca, y en su caso, emitir recomendaciones correspondientes para que este tipo de hechos no sucedan nuevamente,” constató el abogado Miguel Angel De Los Santos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Días después del asesinato del Sr. Abarca, la mina de barita de Blackfire fue clausurada por violaciones ambientales, dando razón a la lucha del Sr. Abarca y otros pobladores. Sin embargo, la embajada seguía respaldando a la empresa, al proporcionarle asesoría para que esta demandara al estado mexicano utilizando los términos del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN).

“Desde el asesinato del Sr. Abarca, la incidencia de persecución, amenazas y violencia en contra de los y las defensores de la tierra y del medioambiente se ha intensificado. Dada la importancia de la inversión canadiense en el sector minero mexicano, estamos sumamente preocupados sobre el papel que juegan las autoridades canadienses, en donde las comunidades luchan para proteger su territorio y su agua, de los impactos negativos ocasionados por las operaciones mineras canadienses,” dijo Libertad Díaz de Otros Mundos Chiapas.

“Las minas canadienses se han estado expandiendo precisamente en unas de las zonas más violentas de México, inclusive con el aval abierto de la embajada canadiense. Es urgente que haya una investigación plena e imparcial sobre el caso de Mariano Abarca, y que se tomen medidas para proteger las vidas y el bienestar de las comunidades afectadas, y evitar que se sacrifiquen pueblos mexicanos a cambio de ganancias canadienses,” concluyó Miguel Mijangos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

La denuncia administrativa presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública, fue preparada por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa ubicada en la Facultad de Derecho Osgoode en Toronto y la Universidad de Thompson Rivers en Kamloops.

Durante su estadía en Canadá, la delegación mexicana participará en eventos públicos en Ottawa, Montreal y Toronto.

•      Tues Feb 6, 7-9 p.m. - Carleton University, Senate Room, 608 Robertson Hall, 1125 Colonel By Drive, Ottawa;

•      Wed Feb 7, 5-9:30 p.m. - Chaufferie de Université du Québec à Montréal (UQAM), 175, avenue du Président-Kennedy, Montréal;

•      Thurs Feb 8, 7-9:30 p.m. - OCAD University, Room 330, 113 McCaul Street, Toronto.

La delegación mexicana es respaldad por Alerta Minerá, el Fondo de las Humanidades del Sindicato de Mineros y Metalúrigcos, Fronteras Comunes, el Fondo para la Justicia Social de la Alianza de la Administración Pública de Canadá, el Sindcato de Empleados Públicos de Canadá, el Consejo de Canadienses, el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Inter Pares, KAIROS, el Grupo de Monitoreo sobre los Derechos Civiles Internacionales, e otros.

Para más información:

• Jen Moore, MiningWatch Canada, (613) 569-3439; [email protected]
• Shin Imai, Justice and Corporate Accountability Project, (647) 524 2312; [email protected]

Para más detalles sobre eventos y el caso: justice4mariano.net.