Los que más ganan con la minería no son los que pagan el precio más alto.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el sitio de Canadian Dimension y fue escrito por Viviana Herrera, Coordinadora del Program para América Latina de MiningWatch Canadá.
Ha pasado un poco más de un año desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en Perú, y Boluarte no ha perdido el tiempo haciendo grandes cambios para atraer la inversión extranjera y garantizar la expansión de la minería industrial.
Tras la destitución y detención del ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Boluarte -que entonces era vicepresidenta- asumió el cargo, a pesar de las protestas generalizadas que pedían su dimisión y la convocatoria de nuevas elecciones generales.
El país sudamericano se encuentra inmerso en una grave crisis democrática, tras haber pasado por cinco presidentes en tres años. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando la policía reprimió a los manifestantes, hubo más de 1.200 heridos y al menos 49 muertos, según Amnistía Internacional.
Desde entonces, Boluarte ha consolidado el poder y ha intensificado sus esfuerzos para atraer inversiones extranjeras en minería. El gobierno también ha emprendido reformas para cambiar la forma en que se aprueban los proyectos mineros cuestionados en el país. El pasado mes de noviembre, el gobierno lanzó el "Plan Unidos", una estrategia multisectorial para el crecimiento económico post-pandemia que, entre otras medidas, pretende agilizar los permisos mineros y designa el avance de siete proyectos mineros como prioridades económicas. Ese mismo mes, Boluarte promulgó un decreto supremo para agilizar la obtención de permisos para el uso del agua en la minería, decreto que se suma a varias otras reformas ya en marcha que, según el Ministro de Energía y Minas, tienen por objeto "desbloquear los proyectos mineros y atraer más inversiones [al] país".
Según la Red Muqui, una red de instituciones peruanas que abogan por los derechos humanos y el desarrollo sostenible, desde la llegada de Boluarte, "los gremios mineros … han montado una campaña comunicativa sin precedentes [para] despejar y facilitar los trámites administrativos en lo que los empresarios llaman la “tramitología minera” [con el fin de] reducir plazos, fusionar instituciones ambientales, eliminar requisitos y reducir la fiscalización ambiental en el sector minero”. En su nota la Red Muqui apunta: “En el fondo, se busca hacer minería donde sea y como sea, en el menor tiempo posible, y con una limitada participación de la gente”.
La diplomacia económica de la embajada de Canadá en Perú
Más de 70 empresas mineras canadienses operan actualmente en Perú. En conjunto, controlan casi 10.000 millones de dólares en activos, lo que equivale al 4,5% del PIB de Perú en 2021. Con el surgimiento del régimen más favorable a la minería de Boluarte, estas empresas están viendo una gran oportunidad. Incluso cuando Perú estaba en medio de una espiral de crisis política a principios de 2023 y miles de peruanos y peruanas confrontaban la violencia policial mientras protestaban en las calles en contra del gobierno de Boluarte, la Embajada de Canadá en Perú se reunía con asociaciones de la industria minera y funcionarios del gobierno peruano para promover el aumento de la inversión minera canadiense en el país. El embajador Louis Marcotte no ha hecho más que intensificar su campaña de relaciones públicas que incluye una serie de entrevistas con medios locales para promover la minería canadiense e identificar al Perú como un socio minero estratégico. La embajada, por su parte, hace uso de las redes sociales para circular infografías que describen cómo la minería - en particular la minería canadiense - hace posible la vida en Perú, desde carros eléctricos a productos de limpieza a Xbox y consolas de videojuegos.
Puede que el Plan Unidos de Boluarte se centre en el sector minero como pieza clave para reactivar la economía tras la pandemia, pero los esfuerzos por atraer inversiones mineras al país no son nuevos. Incluso antes de la COVID-19, gobiernos anteriores ya estaban promoviendo la inversión minera en litio y cobre como forma de asegurar el crecimiento económico tratando de capitalizar en la transición energética mundial. Canadá sigue manteniendo que ambos países pueden beneficiarse de la minería para la transición energética, haciendo hincapié en que el Perú tiene reservas de cobre, litio, zinc y minerales de tierras raras, entre otros, y las empresas canadienses tienen los conocimientos en "minería climáticamente inteligente y sostenible" para hacerlo realidad.
Este año, Perú vuelve a ser uno de los principales países patrocinadores de la conferencia anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC). El Ministerio de Energía y Minas utilizará su plataforma en PDAC 2024 -la conferencia minera más grande del mundo, que reúne a decenas de miles de representantes de la industria y funcionarios del gobierno- para mostrar las últimas y esperadas reformas mineras del país, en un esfuerzo por hacer del Perú un destino principal para el capital minero canadiense.
Lo que no se compartirá, sin embargo, son los casos ampliamente documentados de violaciones de derechos humanos y estragos ambientales cometidos por las empresas mineras que operan en Perú.
La experiencia demuestra que la minería no es rentable
La provincia de Puno, en el sur de Perú, alberga numerosas explotaciones mineras, algunas en fase de exploración y otras en producción. Durante las protestas nacionales de principios de 2023, Puno fue el escenario de la represión policial más severa, ya que las comunidades indígenas y campesinas pedían soluciones a los pasivos medioambientales tóxicos dejados por los proyectos existentes y exigían que su derecho al consentimiento fuera respetado por futuros proyectos. Mientras minimizaba la violencia policial y trataba de distanciarse de las poderosas muestras de organización ciudadana en Puno, la presidenta Boluarte dijo entonces: "Puno no es Perú", lo que llevó a Red Muqui a plantearse la importante pregunta: "Si Puno no es Perú, ¿a quién pertenece el litio? ¿Y quién es responsable de abordar los problemas sociales, medioambientales, económicos y sanitarios asociados?".
Más minas canadienses parecen estar en el horizonte de la provincia. El proyecto de plata Corani de Bear Creek Mining Corporation, que ya ha sido acusado de no facilitar información a las comunidades afectadas sobre las implicaciones e impactos de su proyecto propuesto, ha sido nombrado en el Plan Unidos como uno de los siete proyectos prioritarios, pese a no haber obtenido el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.
Otras dos concesiones de propiedad canadiense son los proyectos de litio-uranio Macusani y Falchani, que se extienden alrededor y sobre el glaciar Quelccaya, el mayor glaciar tropical del mundo. Como se documenta en un reciente informe del Atlas de Justicia Ambiental y MiningWatch Canada, las comunidades y organizaciones locales de Puno han denunciado la falta de información sobre los proyectos, la ausencia de marcos normativos para gestionar adecuadamente las minas y los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente, incluidos los altos niveles de radiactividad y los riesgos para el paisaje arqueológico, como las pinturas rupestres. También preocupa que American Lithium junto con los Gobiernos canadiense y peruano esté utilizando la transición energética para comercializar estas minas como "minas verdes", a pesar de que las concesiones invaden el frágil ecosistema glaciar de Quelccaya, que es una fuente de agua clave y un regulador del clima.
Priorizar los beneficios mineros a costa de las personas y el planeta
Para Red Muqui, priorizar las ganancias de las empresas transnacionales y acelerar los grandes proyectos extractivos contrasta con las necesidades reales de la población en un momento de varias crisis entrecruzadas.
“Estamos hablando … de invertir en el sector agropecuario, que en tiempos de pospandemia, crisis alimentaria y de crisis climática debería ser un eje central de cualquier discusión seria en nuestro país. El tema del agua es otro aspecto clave que se debe abordar, ya que no solamente va escasear sino que los conflictos en torno a su acceso serán cada vez más frecuentes y sobre ello ni una sola palabra en los planes del gobierno nacional o de los gobiernos regionales”.
Mientras el gobierno de Boluarte prioriza el crecimiento del sector minero, con el pleno apoyo de la embajada de Canadá, organizaciones como Red Muqui la tienen clara: en tiempos de creciente presión ambiental, los que más ganan con la minería no son los que pagan el precio más alto.