Se solicita la colaboración de las personas interesadas en participar de una acción urgente en favor de los derechos humanos de las poblaciones de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en vista de los sucesos ocurridos durante la primera semana de diciembre de 2006.

Militares atropellan los derechos humanos de la población civil en Zamora Chinchipe, Ecuador

En la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, el 3 de diciembre del 2006 se hizo una marcha pacífica para expresar su desacuerdo con la actividad minera desarrollada por la empresa Ecuacorriente S.A., la misma que sin previa consulta pretende explotar oro, cobre y otros minerales. La explotación minera además de generar contaminación privará de la tierra e impedirá que la comunidad continúe asentada en el lugar.

Represión militar

El 3 de diciembre del 2006 la población se desplazaba por la vía pública, sin embargo, cuando se acercó al destacamento militar, Batallón 63 de Gualaquiza, fueron reprimidos con gas lacrimógeno por más de una hora, posteriormente, en horas de la tarde la represión se reinició a pesar de que en ese momento ingresaba al lugar un grupo de miembros de la Policía Nacional, quienes también resultaron afectados por la represión.

Producto de la represión se han dado una serie de atropellos a los derechos humanos, tales como privación ilegal de la libertad, agresión física, tortura, agresión sexual, restricción a la actividad periodística y amedrentamiento. La población afectada es numerosa; sin embargo, presentamos algunos casos:

Maria Lucrecia Mankas fue detenida por miembros del Ejército ecuatoriano y llevada al campamento de Ecuacorriente, donde le han amarrado los brazos, las piernas y le tenían parada frente a los militares, quienes tocaron los senos y sus partes íntimas, luego le han entregaron a varios militares con la orden de violarla. Un militar con grado de Cabo discrepó con lo ordenado e impidió que la violaran. Sin embargo la tuvieron amarrada, le pusieron una funda con gas y luego fue traslada al Comando Militar N-62 Zamora en el helicóptero de la empresa Ecuacorriente. Posteriormente la entregaron al Comando Policial N-18 Zamora donde se desmayó, siendo trasladada después a un centro de salud donde permaneció por dos días.

Margarita Catalina Mendoza Samaniego fue agredida por miembros del Ejército ecuatoriano, le pusieron gas lacrimógeno, la empujaron, la golpearon con una manguera. El Capitán Ibán Córdoba pidió el gas en polvo y luego se lo frotó en la cara. Luego de varias horas los militares volvieron a reprimir: usaron balas de goma y algunas de estas impactaron en el cuerpo de Margarita lesionando su cuerpo. Luego de ser detenida fue trasladada hasta el campamento de la empresa Ecuacorriente en una camioneta de propiedad de la misma empresa. Al interior del campamento la cocinera de la empresa le hizo un cacheo.

Ramiro Bravo, periodista del Diario la Hora y TV Cable, y Delfín Montoya fueron detenidos, puestos de rodillas, retirados de sus pertenencias incluido un recargador de la batería de la cámara filmadora. Atados los pies y las manos con cinta de embalaje fueron trasladados en una camioneta de la compañía Ecuacorriente hasta el campamento de la misma. Ramiro fue despojado de sus credenciales de comunicador social. Dentro del campamento permanecieron en una furgoneta, luego fueron trasladados al destacamento militar y posteriormente fueron devueltos al campamento; mientras permanecieron detenidos estaban custodiados por militares que les prohibían pararse: estaban obligados a permanecer sentados y si ellos pedían pararse eran reprimidos con gas. Las credenciales de Ramiro Bravo no han sido devueltas hasta el momento.

El Diputado Salvador Quishpe fue detenido por los militares, atado de pies y manos, y llevado al Campamento de la empresa Ecuacorriente donde ha sido vejado. Posteriormente recuperó la libertad a través de un Hábeas Corpus. A decir de testigos de la detención, al interior del campamento, militares comentaban que al Diputado debían matarlo y luego decían que se trataba de una bala perdida.

A decir de varios afectados, los miembros del Ejército ecuatoriano que participaron en esta represión estaban acompañados por personas civiles quienes les daban disposiciones. Durante la detención se escuchaba las órdenes de disparar a la gente. Además de estos actos de represión, varios miembros de la comunidad han sido recibido amenazas contra su vida y sus viviendas.

Hasta el momento en la zona existe una fuerte presencia militar lo cual puede llevarnos a determinar que existe una militarización que afecta el normal desarrollo de la vida en el lugar. Esta situación, así como los hechos antes narrados hacen presumir que existe una fuerte vinculación entre el Ejército ecuatoriano y la empresa minera Ecuacorriente. Frente a esta situación, desde CEDHU, expresamos nuestra preocupación por lo ocurrido y solicitamos a usted su intervención a fin de se solicite lo siguiente:

Al Presidente del Ecuador y al Ministro de Defensa:

• Que expliquen cuál es la relación que existe entre la empresa Ecuacorriente S. A con el Ejército ecuatoriano.

• Por qué miembros del Ejército ecuatoriano hacen acciones de seguridad a favor de la empresa Ecuacorriente S A.

• Por qué el Ejército ecuatoriano, el día de los hechos, continuó la represión a pesar de que llegaron al lugar miembros de la Policía Nacional, quienes están facultados por la Constitución y la Ley para hacer control del orden.

• Por mandato constitucional, todas las personas tenemos derecho a la libertad de reunión, el mismo que está siendo ejercido por la población de Gualaquiza, El Pangui, Yantzaza, Nagaritza y otros cantones de Zamora y Morona, ante lo cual solicitamos que desde esta instancia se disponga a los mandos militares abstenerse de realizar acciones que lesionen éste u otros derechos.

A la Ministra Fiscal General del Estado:

• Que a través de los fiscales con jurisdicción y competencia en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, se proceda a investigar todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos aquí detalladas a fin de que se determine la identidad de los agresores, que se proceda a su juzgamiento y se imponga las sanciones correspondientes.

Direcciones

Presidencia de la República del Ecuador
Dr. Alfredo Palacio
Dirección: García Moreno y Chile. Palacio de Carondelet.
Telefax: 258000 ext. 256
Email: [email protected]

Fiscalía General del Estado
Dra. Cecilia Armas de Tobar
Dirección: Av. Eloy Alfaro N-32-250 y Av. República
Telefax: (593-2) 255-9957 / 255-9958 Ext.: 131/223/226
Fax Despacho Fiscal General: 2558561

Ministerio de Defensa Nacional
General (R) Marcelo Delgado Alvear
Dirección: Exposición 208, La Recoleta
Teléfonos: 02 584 324 / 02 287 800 / 02 287 802 / 02 580 431
Email: [email protected]