(Ottawa y Toronto) Las organizaciones Alerta Minera Canadá, Common Frontiers, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos (United Steelworkers – USW), y el Consejo de Canadienses reciben con agrado la noticia que la Policía Montada Real Canadiense (RCMP) allanó las oficinas en Calgary de Blackfire Exploration, la compañía privada cuya mina de barita en Chiapas, México ha atraído la atención de los medios desde el asesinato del activista anti-minería Mariano Abarca en noviembre del 2009.

El periódico nacional The Globe and Mail informa que la policía allanó las oficinas de Blackfire el 20 de julio del 2011, alegando que Blackfire “le pagó de forma ilegal alrededor de $19.300 (CDN) al alcalde local Julio César Velazquez Calderón ‘para mantener la paz y prevenir que miembros locales de la comunidad se alcen en armas contra la mina.’”

“Nos alienta que se investiguen las operaciones de Blackfire como lo indica la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros,” dijo Jamie Kneen, portavoz de Alerta Minera de Canadá. “Es la única ley que responsabiliza a compañías canadienses por sus acciones fuera del país. Esperamos que traiga algo de justicia para este caso.”

“Si un caso tan claro como éste no se puede llevar a juicio con éxito, quedan pocas esperanzas para responsabilizar a nadie en los innumerables casos sobre los que escuchamos quejas.”

Luego del asesinato de Abarca, y conforme lo solicitó la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Alerta Minera Canadá, Common Frontiers y el USW organizaron una delegación de investigación en Chiapas. La delegación dio luz a una gama de serios impactos sociales y ambientales por parte de la mina que se hicieron públicos, y llevó a la solicitud de una investigación por soborno, con el apoyo de nueve organizaciones incluyendo el Consejo de Canadienses.

“La investigación por parte de la policía es un avance, pero a su vez es solamente la punta del iceberg,” indicó Rick Arnold, antiguo coordinador de Common Frontiers, que acompañó a la delegación. “Los habitantes del área con quienes dialogamos responsabilizaban a Blackfire por el asesinato de Mariano Abarca, que por su lado aún no se ha investigado por completo.”

Luego del fusilamiento de Abarca frente a su casa el 27 de noviembre de 2009, se encarceló a tres antiguos empleados de la compañía, pero aún se hallan a la espera de una cita en la corte en relación al asesinato.

A pesar de que la compañía afirma que su forma de trabajo es responsable en el contexto ambiental, la delegación no halló ningún indicio de mitigaciones ambientales en la mina, la cual continúa suspendida desde diciembre del 2009. La compañía inició una demanda en las cortes de Chiapas para intentar revocar la decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda (SEMAVI) de suspender la mina.

“Blackfire debería retirarse de Chiapas de una vez por todas, y disculparse públicamente ante las comunidades”, dijo Mark Rowlinson, abogado del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos que también participó en la delegación. “Nosotros mismos vimos los impactos de la compañía en la vida humana y en el medio ambiente en Chicomuselo. Los costos para la comunidad han sido demasiado elevados.”

José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca, que se ha vuelto dirigente de su comunidad desde el asesinato de su padre, llegó a Canadá en septiembre del 2010. Durante su visita mostró su apoyo para la promulgación de leyes más robustas que regularan a las compañías canadienses en el extranjero. “Creo que el gobierno canadiense debería tener más cuidado con estas compañías que vienen a México y nos maltratan,” le dijo Abarca a la publicación Embassy Magazine en Ottawa. “Le solicito al gobierno canadiense que haga algo porque somos lo mismo que cualquier otro ciudadano. Nosotros también tenemos derechos.”

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