(Ottawa/Washington, D.C.) El Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y Alerta Minera Canadá expresaron hoy su profunda preocupación por la presión política que se ha ejercido sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal organismo en el continente americano para la protección de los derechos humanos. Bajo fuertes presiones gubernamentales, la CIDH resolvió a finales de diciembre pasado modificar una orden previa sobre la controvertida Mina Marlin de Guatemala, imputada en una queja sobre derechos humanos. Aunque la CIDH mantuvo varias medidas, revocó su recomendación de que las operaciones de la mina se suspendieran.
CIEL y Acción Minera Canadá advirtieron que la medida no constituye una prueba del comportamiento responsable de la empresa ni de que se hayan solucionado las violaciones a los derechos humanos o las amenazas al bienestar de las comunidades en Guatemala. Advirtieron que la decisión de la CIDH y la presión política que la antecedió son un punto de alerta para organizaciones y comunidades que velan por la defensa de los derechos humanos en el continente americano.
"Si Goldcorp realmente respetara los derechos humanos como alega, no estaría celebrando esta decisión", comentó Kristen Genovese, abogada de CIEL. "Además de la CIDH, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo y el Relator Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas también han recomendado que las operaciones de la mina se suspendan hasta que las comunidades locales hayan sido consultadas. La Evaluación de Derechos Humanos sobre la Mina Marlin, realizada por la empresa misma, también recomendó que la empresa suspendiera la adquisición de tierras y la expansión de la mina hasta que se realizara la consulta. La empresa pasa por alto estas recomendaciones a conveniencia propia, de la misma manera que apoyó la oposición del gobierno de Guatemala a una orden de suspensión anterior emitida por la CIDH.”
Este es tan solo el último ejemplo de cómo los países presionan --e incluso amenazan-- a la CIDH para desobedecer resoluciones sobre derechos humanos. Hace varios meses, frente a la amenaza de que Brasil retiraría su aporte financiero, la CIDH se retractó de una orden en la que establecía que Brasil debía detener la construcción de la controvertida represa de Belo Monte basándose en acusaciones de que no se había respetado el derecho de las comunidades indígenas locales a la consulta libre, previa e informada.
"Surgen varias preguntas sobre qué tipo de presión enfrentó la CIDH cuando tomó la decisión de modificar su orden", comentó Jennifer Moore, Coordinadora para el Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. "No puede creerse que la CIDH esté de acuerdo con las pruebas presentadas por el comité de agua patrocinado por la empresa y por el gobierno de Guatemala. El más reciente estudio hidrogeológico aprobado por el gobierno no resuelve la incógnita de si la mina está contaminando el agua potable de la zona, y además la imparcialidad del estudio ha sido ampliamente criticada por las autoridades locales. Asimismo, me sorprende que no se hayan mencionado otros estudios independientes que señalan el agotamiento de fuentes de agua superficial, la contaminación por arsénico y las posibles fugas del estanque de residuos."
La modificación de la orden de la CIDH no afecta la petición principal que actualmente está siendo revisada por la Comisión, la cual afirma que el gobierno no obtuvo el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades antes de autorizar las actividades de la Mina Marlin. Según las medidas cautelares que siguen vigentes, Guatemala tiene la obligación permanente de asegurar que las fuentes de agua utilizadas por las comunidades tengan una calidad adecuada para su uso doméstico y para el riego. Las medidas modificadas también solicitan al gobierno que informe a la CIDH de qué manera está cumpliendo con esta obligación.