jueves, 06 de diciembre del 2012

En México hay una "falta de respeto sistémica por los derechos humanos colectivos de comunidades y trabajadores afectados por la minería", así como impunidad de las empresas del sector y sus aliados, señaló la coordinadora del programa para América Latina de la organización no gubernamental Alerta Minera de Canadá (Mining Watch Canada), Jen Moore.

En nombre de esta organización, la experta se reunió con ejidatarios de La Sierrita e integrantes de la sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros en Durango, quienes denunciaron que la empresa canadiense Excellon Resources Inc. incumplió acuerdos y envió golpeadores para desalojar un plantón fuera de la mina La Platosa.

Moore indicó: "La falta de respuesta de Excellon a las preocupaciones sencillas de ejidatarios y trabajadores en la mina La Platosa es un ejemplo indignante" de la violación de derechos que de manera reiterada sufren estos sectores.

Según la organización no gubernamental Prodesc (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), por dos años los afectados han tratado de dialogar con la empresa y exigir la intervención de los gobiernos mexicano y canadiense; sin embargo, la empresa ha obstaculizado y corrompido estos esfuerzos. En julio, sin opción de diálogo, los ejidatarios se plantaron frente a la mina y la paralizaron.

"Sin embargo, el 29 de agosto más de 100 elementos del Ejercito, así como policías estatales y municipales, con el pretexto de una inspección laboral, irrumpieron en las instalaciones con apoyo de trabajadores del Frente Nacional Minero, en una franca provocación. En octubre, trabajadores de otras secciones del Frente Nacional Minero destruyeron el campamento con maquinaria de la propia empresa y quemaron las casas que los ejidatarios habían construido con permiso de los dueños del predio, agresión que se dio en presencia del gerente de operaciones de la mina".

La activista consideró lamentable que la empresa recurriera a la intimidación, además de que cabildeó con el gobierno de Canadá. "Me parece que la mina será sorprendida por demandas y un conflicto que al parecer no terminará pronto", agregó.

Sostuvo que Mining Watch ha dado seguimiento a otras violaciones a los derechos humanos relacionados con las actividades de mineras canadienses en México. En Chicomuselo, Chiapas, activistas locales siguen luchando contra la impunidad de la empresa canadiense Blackfire Exploration por la muerte del activista Mariano Abarca, en noviembre de 2009.

La policía federal de Canadá también está investigando a Blackfire por corruptelas que involucran a funcionarios del ayuntamiento de Chicomuselo.