Estimada honorable MP Diane Ablonczy,
A lo largo del último año, se han producido reiterados intentos de impedir que un grupo de defensores de derechos humanos en el municipio de San Rafael Las Flores y su grupo de apoyo legal ejercan sus derechos civiles y políticos de participar en las decisiones tomándose de torno a la mina de plata Escobal, propiedad de la Tahoe Resources, compañía registrada en British Columbia y en donde la empresa minera canadiense Goldcorp tiene 40% de las acciones. Nos ha provocado consternación escuchar en semanas recientes que una nueva ronda de alegaciones aparentemente sin fundamento han sido interpuestas contra estos defensores y defensora. Nos preocupa, además, que esto estuviera pasando en un momento en que se estaban circulando informes de la prensa guatemalteca dando a conocer de un cabildeo de alto nivel de parte de la industria frente al gobierno nacional de Guatemala, para expeditar los permisos que restan para que se autorice la fase de explotación de esta mina.
A principios de agosto, se presentaron querellas en contra del Dr. Yuri Melini y cinco más personas. El Dr. Melini es director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS). CALAS es una organización que se fundó en 2000 para trabajar en defensa de los derechos ambientales por vías legales y políticas. Dr. Melini fue galardonado en 2009 con el Premio de Front Line Defenders para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Riesgo. Anteriormente, el y otros miembros de CALAS han recibido amenazas por su trabajo, inclusive una tentativa de homicidio en contra de Dr. Melini en septiembre de 2008. De acuerdo a Front Line Defenders, el Dr. Melini no conoce al referido grupo de denunciantes.
Los demás contra quienes pesan querellas son todos miembros del Comité en Defensa de la Vida y la Paz en San Rafael Las Flores (“el Comité San Rafael”). Entre sus diversas actividades en respuesta a este proyecto minero, recientemente se han empeñado en el intento de organizar una consulta municipal en San Rafael Las Flores que brindaría a los residentes locales la oportunidad de expresar su opinión sobre el desarrollo del proyecto minero de plata Escobal. CALAS y el Comité San Rafael niegan enérgicamente las reclamaciones que se les interpuso en contra, sin embargo, se les niega la oportunidad de apelar la decisión y así, un proceso de justicia equitativo y debido.
Las alegaciones registradas llevaron a un dictamen provisional de un juez de una corte distrital que encontró a Dr. Melini, los Srs. Rudy Pivaral, Oscar Morales y Gustavo Martínez culpables de “violencia contra mujeres”, y la Abga. Andrea Marcilia Hernández Melini culpable de “amenazas”. El Juez Estuardo de Jesús Barrientos Archila, Justicia de Paz de San Rafael Las Flores luego rechazó un recurso para reconsiderar esta decisión, interpuso por otro representante legal de CALAS. Según Front Line Defenders, rechazar tal recurso violenta la ley guatemalteca. Más sin embargo, el Juez procedió a emitir un apremio en contra del representante de CALAS, Rafael Maldonado, acusando que el abogado le había calumniado, y amenazó con denunciarlo ante las autoriades pertinentes si volviera a iniciar acciones similares a futuro.
Este es lo último en una serie de intentos para criminalizar los y las defensores del medioambiente en torno al proyecto de Tahoe que Front Line Defenders tiene documentado. Anteriormente, se llevaron denuncias en contra de varios miembros del Comité San Rafael que incluye reclamos por “usurpación de funciones” por el involucramiento de algunos miembros como representantes de la sociedad civil en un comité que delibera sobre la posible consulta comunitaria, y un amparo en contra del sacerdote quien daba eco a la solicitud para una consulta, y a pesar de que este mecanismo legal se aplica a las autoridades públicas y no a los individuos privados.
Mientras que suceden estos intentos para reprimir la oposición al proyecto, informes de prensa en Guatemala de las últimas dos semanas de agosto también indican que representantes de la industria han estado en reuniones con altas autoridades guatemaltecas para agilizar el proceso de otorgamiento del permiso ambiental que requiere Tahoe en orden a proceder con la fase de explotación de esta mina controvertida. La Prensa Libre reportó el 17 de agosto que la Cámara de Industria de Guatemala -CIG- expresó su preocupación al Presidente Otto Pérez Molina de torno al proceso aparentemente lento con el cual se procesan las licencias mineras en Guatemala. En una movida poco usual, al presidente del CIG Andrés Castillo se le cita haber mencionado una compañía y un proyecto, declarando que “el más urgente” es el de la Minera san Rafael (subsidiaria guatemalteca de Tahoe) en el departamento de Santa Rosa.
Nos dirigimos a su persona para pedir que su oficina se informe de este caso, que inste a las autoridades Guatemaltecas a asegurar un proceso de justicia justo y transparente para estos defensores de derechos humanos, y que insistiera que la compañía desista de cualquier táctica de presión que pudiera estar usando, avalando o tolerando para avanzar su proyecto y hacer valer sus intereses al costo de los derechos de los residentes locales y defensores que los apoyan. De lo contrario, creemos que nuevamente se está preparando el escenario para un conflicto prolongado, socialmente divisivo y potencialmente violento, tal como se ha documentado ampliamente en la mina Marlin de la Goldcorp en el noroccidente de Guatemala, donde también se ha utilizado la criminalización para reprimir a los y las defensores del medioambiente, tal como se ha hecho en relación también con otros mega-proyectos en el país.
Gracias por su pronta atención y respuesta a estas inquietudes.
Atentamente,
- Atlantic Regional Solidarity Network
- BC CASA/Café Justicia BC - Vancouver
- Canada-Philippines Solidarity for Human Rights (CPSHR), Vancouver
- Center for International Environmental Law, Washington
- Maquila Solidarity Network
- Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
- Mining Justice Alliance, Vancouver
- MiningWatch Canada
- Mining Working Group, Maritime Conference, United Church of Canada
- Network in Solidarity with the People of Guatemala, US
- Rights Action - US/Canada
- Social Justice Coalition - Montreal, Canada
cc: Canadian Ambassador to Guatemala, Mr. Hugues Rousseau