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Comunicado

Organizaciones Norteamericanas Soliciten que CICIG Abre una Investigación sobre Violencia en Minas de Propiedad Canadiense en Guatemala

Organizaciones canadienses y estadounidenses soliciten que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) inicie una investigación para determinar la identidad de los responsables por la reciente violencia en torno al proyecto Escobal de Tahoe Resources y para que se exponga el caso ante la justicia.

Entre el 11 y 12 de enero de 2013, murieron tres personas, entre éstas dos miembros de las fuerzas de seguridad privada de la compañía, y resultaron heridos seis guardias.

Las organizaciones norteamericanas expresan su profunda preocupación que la investigación actual podría verse perjudicada por acusaciones infundadas, agregando que las alegaciones en contra de pobladores que defienden sus derechos, incluyendo el derecho a vivir en un ambiente sano, los pone en riesgo de mayor violencia o de ser sujeto de demandas legales sin fundamento.

También manifiestan su profunda consternación en relación al incidente que ocurrió el 8 de enero de 2013 en la mina Marlin de la empresa Goldcorp, cuando informaron trabajadores que los guardias de seguridad privada les dispararon por protestar sobre prácticas injustas de contratación, resultando heridos cinco trabajadores. Solciten que estos casos también se investiguen en su totalidad y se lleven a juicio.

Atn:

Dra. Claudia Paz y Paz Bailey,
Fiscal General de la República, Jefe del Ministerio Público, Guatemala
 
28 de febrero de 2013
 
Re: Violencia reciente en minas de propiedad canadiense
 
Estimada Dra. Claudia Paz y Paz:
 
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante las noticias de la reciente violencia en varias minas durante la semana del 7 de enero, y sobre todo en cuanto a la que aconteció en el proyecto Escobal, de la compañía Tahoe Resources, en horas de la noche del viernes 11 de enero y en la madrugada del sábado 12 de enero. Goldcorp mantiene una participación del 40% de las acciones de Tahoe Resources, la cual opera el proyecto Escobal a nivel local mediante su filial, Minera San Rafael.
 
Condenamos esta violencia, y hacemos un llamado a que se procese a los responsables. Sin embargo, nos preocupa que vistos los comentarios públicos y otras indicaciones la investigación podría verse perjudicada por acusaciones infundadas. Las alegaciones en contra de pobladores que defienden sus derechos, incluyendo el derecho a vivir en un ambiente sano, los pone en riesgo de mayor violencia o de ser sujeto de demandas legales sin fundamento. Solicitamos que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) inicie una investigación para determinar la identidad de los responsables por la reciente violencia en Santa Rosa y para que se exponga el caso ante la justicia.
 
Tenemos entendido que poco antes de la medianoche, el viernes 11 de enero, se dañaron adrede varios postes de luz en Santa Rosa, dejando en la oscuridad a una buena parte del departamento. En menos de media hora, se oyeron tiros y murieron tres personas, entre éstas dos miembros de las fuerzas de seguridad privada de la compañía, y resultaron heridos seis guardias.
 
Poco después de los acontecimientos del 11 y 12 de enero, según comunicaron los medios, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, insinuó que existían posibles vínculos entre estos acontecimientos y la resistencia pacífica local al proyecto de Tahoe Resources. En sus declaraciones, más adelante, el Sr. López Bonilla indicó que se habían infiltrado en la resistencia local a la mina individuos asociados con el crimen organizado y el narcotráfico. Sostuvo a su vez que el conflicto social que resulta de las operaciones mineras en todo el país no existe, sino que es una expresión del vandalismo y de la delincuencia[1]. Hasta la fecha, no existe evidencia alguna que indique que las comunidades locales que vienen insistiendo de manera pacífica sobre el derecho a que se les consulte sobre el proyecto minero Escobal de la compañía Tahoe estén involucradas en ninguna de estas actividades, y aseverarlo públicamente como lo ha hecho el Ministro podría ponerlas en peligro de criminalización o violencia.
 
En los últimos dos años, las comunidades locales de San Rafael Las Flores y municipios aledaños de Jalapa y Santa Rosa han manifestado de manera pacífica su oposición al proyecto de Tahoe el cual, a pesar de no contar con una licencia de explotación, ha invertido millones de dólares en la construcción de infraestructura minera. En noviembre del 2012, la municipalidad de Mataquescuintla celebró una consulta comunitaria en la cual el 96% votó en contra de la minería en el municipio. Por mucho tiempo, se ha obstaculizado el trabajo para realizar una consulta comunitaria a nivel municipal en San Rafael Las Flores mediante varios intentos de criminalizar a los y las defensoras de derechos humanos de las comunidades y a sus abogados. Sin embargo, el 17 de febrero la comunidad de San Juan Bosco llevó a cabo una consulta comunitaria en la que el 93% votó en contra del proyecto minero. Esta es la primera de una serie de 26 consultas que se esperan en el municipio de San Rafael. La constante resistencia local indica no sólo que la compañía carece de licencias para seguir adelante con la mina, como lo reconoció en un comunicado de prensa del 14 de enero[2], sino también que carece de licencia social para operar.
 
Además, querríamos manifestar nuestra profunda consternación en relación al incidente que ocurrió el 8 de enero de 2013 en la mina Marlin de la empresa Goldcorp, cuando informaron trabajadores que los guardias de seguridad privada les dispararon por protestar sobre prácticas injustas de contratación, resultando heridos cinco trabajadores. Esperamos que estos casos también se investiguen en su totalidad y se lleven a juicio.
 
Por último, instamos a que no se utilice la violencia que ocurrió en las minas a principios de enero como una excusa para militarizar estas áreas, como se recomendó en declaraciones recientes del Sr. López Bonilla[3]. Esta manera de proceder muy probablemente resultaría en una mayor represión de las poblaciones locales.
 
A modo de conclusión, comprendemos que este tipo de violencia, la cual ocurre con preocupante frecuencia en y alrededor de las minas que se hayan en Guatemala, ya sean éstas de propiedad extranjera o de entes guatemaltecos, es también un grave problema global. Estamos buscando determinar el grado de responsabilidad que  tienen las compañías con base en Estados Unidos y Canadá en las regulares olas de violencia y represión para garantizar que también se las responsabilice.
 
Le agradecemos su atención a esta solicitud y nos mantenemos a la espera de su apreciada respuesta.
 
Organizaciones firmantes:
 
Atlantic Regional Solidarity Network (Canadá)
BC CASA (Canadá)
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (Canadá)
Canada-Philippines Solidarity for Human Rights (CPSHR) (Canadá)
Center for International Environmental Law (CIEL) (US)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) (Quebec)
Guatemala Human Rights Commission (US)
Mining Justice Action Committee – Victoria (Canadá)
Mining Justice Alliance – Vancouver (Canadá)
MiningWatch Canada
Network in Solidarity with the People of Guatemala – NISGUA (US)
OXFAM
Rights Action (Canadá/US)
The Social Justice Committee of Montreal (Quebec)
 
[1]    Castañon, Mariela. “Cuatro órdenes de captura por ataque en mina San Rafael.” La Hora 7 de febrero de 2013. http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/173135-cuatro-ordenes-de-captura-por-ataque-en-mina-san-rafael

[2]    http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoe-reports-incident-and-updates-escobal-project/

[3]    Ibid.

cc:
 
Erick Archila Dehesa
Ministro de Energía y Minas
 
Ing. Fernando Castellanos
Director General de Minería
 
Marcia Roxana Sóbenes Garcia
Ministra de Ambiente y Recursos Naturales