(Washington, DC, Ciudad de Guatemala) -- Después de más de dos años de retraso, el Ministro de Energía y Minas de Guatemala anunció el miércoles, 3 de abril, la aprobación de la licencia de explotación para el proyecto minero Escobal de Tahoe Resources en San Rafael Las Flores, Guatemala. La aprobación ocurre a menos de dos semanas después del secuestro de cuatro líderes indígenas del pueblo Xinca mientras que regresaban de la consulta comunitaria en el Volcancito, San Rafael Las Flores, en la cual más de 99% de la población votó en contra del proyecto. El próximo día, uno de los secuestrados fue hallado muerto.

"Mientras que el Ministro de Energía y Minas otorga la licencia minera, la investigación sobre la muerte de nuestro compañero Exaltación Marcos Ucelo sigue pendiente. Eso, no solo es una ofensa a la memoria de Exaltación, sino también es una violación de nuestro derecho a ser consultados," dijo Roberto Gonzáles Presidente del Parlamento Xinca, que también fue secuestrado y liberado horas después. "Si prevalece la impunidad de un asesinato, ¿qué podemos esperar del gobierno guatemalteco cuando la mina contamina nuestros territorios?"

Más de 4,300 individuos de 43 países han firmado una carta a la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, pidiendo que su oficina involucre a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para llevar a cabo una investigación robusta sobre este ataque y el asesinato. La carta también exige al gobierno proteger los derechos humanos y a los defensores del ambiente, mientras que ejercen sus derechos de vivir en un medio ambiente seguro y saludable, tanto como el derecho a la consulta libre, previa e informada.

"La aprobación de esta licencia es injusta," dijo Kristen Genovese, abogada del Centro para el Derecho Internacional Ambiental. "La intensificación de la violencia solo resalta lo que a cualquier observador imparcial puede percibir: que el proyecto Escobal no tiene la licencia social para operar. Hasta ahora el gobierno de Guatemala prioriza las licencias mineras encima de la justicia y la protección de los derechos humanos, y ya es hora que la CICIG intervenga."

En una conferencia de prensa el jueves 4 de abril, Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), explicó que el proceso de aprobación de la licencia era "ilegal, arbitrario e oscuro." Agregó que, la otorgación de la licencia viene en medio de reportes de intimidación, violencia y provocación perpetuado por grupos armados clandestinos que presuntamente se les asocia a la seguridad privada de la mina y al aparato de seguridad del Estado.

"El ataque contra los lideres Xinca es uno de varios actos de intimidación y violencia contra las comunidades y sus aliados que están en resistencia al proyecto de Tahoe," dijo Ellen Moore de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala. "Por cierto, desde que se otorgó la licencia el pasado miércoles, han aumentado las amenazas contra opositores visibles a la mina. Las más de 4,300 firmas de la comunidad internacional se suman al llamado de las comunidades en Guatemala de poner fin a la impunidad que continua beneficiando a las empresas transaccionales a costa de las comunidades de dicha localidad."

Organizaciones locales y nacionales de derechos humanos y ambientales ya han anunciado su intención de recurrir a acciones legales para cuestionar la legalidad de la licencia minera (SEXT-015-11). Ya que existe una demanda penal abierta contra la mina por contaminación industrial del río Los Esclavos.

Contactos:
Amanda Kistler: Centro para el Derecho Internacional Ambiental, [email protected], (202) 742-5832
Ellen Moore: Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, [email protected], (510) 868-0612