(Ottawa/Toronto) Hace cuatro años, nueve organizaciones canadienses elevaron una queja solicitando que la Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) investigue a Blackfire Exploration y a su filial por el soborno de un funcionario público en el marco de la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (“la Ley”). El día de hoy, los grupos reiteran su demanda para que se presenten cargos en contra de Blackfire y de sus altos funcionarios.
La documentación que se envió el 10 de marzo del 2010 demuestra que Blackfire efectuó pagos de al menos 204,022.69 pesos mexicanos (aproximadamente CDN$20,000) a Julio César Velásquez Calderón, cuando este último ejercía como alcalde de la municipalidad de Chicomuselo en el estado de Chiapas, México. La empresa operó una mina de barita a cielo abierto entre 2007 y 2009, y cerró por razones relacionadas al medioambiente unas pocas semanas después del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca a finales de noviembre del 2009.
En julio del 2011, las organizaciones canadienses recibieron con agrado la noticia del allanamiento de las oficinas de Blackfire Exploration por parte de la RCMP, para investigar el alegado pago de Blackfire al alcalde Calderón para “mantener la paz y prevenir que miembros de la comunidad se alcen en armas” contra la operación de Blackfire. Sin embargo, desde ese momento no ha habido avance público alguno en la investigación.
En general, han sido pocos los juicios y las condenas en el marco de la Ley. El caso del ex ejecutivo de negocios Nazir Karigar fue el primero en llegar a juicio en el marco de la Ley, otorgándole la Corte Superior de Ontario su condena en agosto del 2013.
En el 2011, la OCDE criticó la manera en que Canadá aplica la Ley y, si bien elogió el aumento en investigaciones por parte de la RCMP, indicó que Canadá “debe incrementar con urgencia sus esfuerzos para enjuiciar.”
“El caso Karigar se basó casi exclusivamente en evidencias documentales, sin requerir pruebas del gobierno extranjero o de los ejecutivos de la empresa”, observó Mark Rowlinson, abogado del sindicato de trabajadores metalúrgicos United Steelworkers, e indicó “esto reduce considerablemente los obstáculos jurídicos en tales juicios”.
Rowlinson agregó, “el caso Karigar también establece que la jurisdicción no debería prevenir un juicio, y que basta establecer conspiración para sobornar, en vez de pruebas del ofrecimiento o pago del soborno – aunque eso sí se puede probar en este caso”.
La Ley fue modificada en junio del 2013 para, entre otras cosas, ampliar su alcance jurisdiccional y que las autoridades canadienses puedan comenzar juicios con mayor facilidad sin importar el lugar en que se efectuó el presunto soborno.
En base a estas observaciones, las organizaciones canadienses consideran que existe suficiente jurisdicción y más que suficientes pruebas circunstanciales y documentales en contra de Blackfire y sus altos funcionarios para presentar cargos en el marco de la Ley, e instar a la RCMP y a la Fiscalía de Canadá (Public Prosecution Service) a seguir adelante con la mayor prontitud posible.
Para mayor información:
- Mark Rowlinson, United Steelworkers, mrowlinson(arroba)usw.ca, (416) 544-5952
- Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina, Alerta Minera Canadá, jen(arroba)miningwatch.ca, 613-569-3439
- Raúl Burbano, Director de Programas, Common Frontiers – Canadá, burbano(arroba)rogers.com, (416) 522-8615
- Stuart Trew, Campaña de Comercio, Council of Canadians, strew(arroba)canadians.org, (416) 979-0451