Montreal/Ottawa/Toronto) Ante el inminente fallo del poco conocido tribunal de arbitraje para relaciones entre inversionistas y Estados del Banco Mundial, que podría obligar a El Salvador a pagarle a la empresa minera canadiense-australiana OceanaGold la suma de $301 millones, la semana entrante Canadá recibirá a una delegación salvadoreña que busca concientizar sobre el efecto negativo del arbitraje inversionistas-Estado en los procesos democráticos de toma de decisiones, salud pública y el medio ambiente tanto en ese país como más allá de sus fronteras.
OceanaGold ha interpuesto una demanda contra El Salvador por un monto que equivale al 5% de su producto interno bruto por no haberle concedido el permiso para operar una mina aurífera, aún si el proyecto no había cumplido con los requisitos reglamentarios. Pacific Rim Mining fue la que presentó la demanda en el 2009 luego de que el primero de tres presidentes salvadoreños consecutivos se comprometiera a mantener una moratoria de facto a nuevos proyectos de minería, debido a los posibles impactos de estas actividades en los ya limitados suministros hídricos. En el 2013, OceanaGold adquirió Pacific Rim Mining salvándola, por muy poco, de la bancarrota, y se ha mostrado obstinada en continuar con el proceso. Se espera que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en Washington emita su fallo en cualquier momento.
Del 11 al 15 de mayo, Yanira Cortez, Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Marcos Gálvez, presidente de CRIPDES (Asociación para el Desarrollo de El Salvador, la cual es miembro fundador de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica) viajarán de Montreal a Toronto, pasando por Ottawa-Gatineau. La delegación impartirá charlas públicas, y mantendrá reuniones con diputados con objeto de fomentar el apoyo a la lucha del pueblo salvadoreño y alertar sobre los peligros que le imponen a la población canadiense las disposiciones para inverstionistas que figuran en los acuerdos de libre comercio existentes y propuestos, incluyendo el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte, el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (AECG), y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés).
La población canadiense, mediante sus contribuciones tributarias, ya ha desembolsado decenas de millones de dólares para empresas extranjeras, y podría terminar pagando decenas de millones más si se interponen más demandas amparadas en el TLC por decisiones tomadas por el bien público. En un caso de inquietante parecido a la situación de El Salvador, Lone Pine Resources ha demandado a Canadá por $250 millones debido a la decisión en la provincia de Quebec de declarar una moratoria de minería de gas de esquisto, mejor conocida como fracking. Lo moratoria goza de un amplio apoyo en Quebec y se fundamenta en los posibles efectos nocivos de la actividad para la salud pública y el medio ambiente. Lone Pine Resources, cuya sede central se ubica en la ciudad canadiense de Calgary, presentó la demanda mediante su filial en Estados Unidos, y ha indicado con claridad que piensa continuar con la demanda a menos que Quebec levante la moratoria.
En los últimos años la cantidad de demandas entre inversionistas y Estados ha aumentado notablemente. Hasta el 2013, se estaban procesando 169 demandas de este tipo en el CIADI, mientras que en el 2000 existían sólo 3. Alrededor del 35% de éstas las habían presentado empresas petroleras y mineras, y cerca del 50% de las 169 demandas eran contra gobiernos latinoamericanos. En el caso de las demandas que se amparan en el TLC de América del Norte, la tendencia es parecida. En la última década, la cantidad de demandas se duplicó, y más del 70% se han interpuesto contra Canadá.
Mientras que los sucesivos gobiernos canadienses continúan promoviendo estas disposiciones sobre solución de controversias inversionista-Estado (SCIE) en acuerdos de comercio e inversiones, otros gobiernos están reevaluando el modelo. En El Salvador se reformuló la legislación nacional de inversiones para limitar el acceso de parte de empresas extranjeras a los tribunales de arbitraje internacionales tales como el CIADI. Brasil en ningún momento aprobó este tipo de disposiciones, lo que no le ha impedido gozar de un considerable nivel de inversión extranjera. En el 2011, Australia prometió no firmar ningún acuerdo más que diera acceso a la SCIE. Indonesia y Sudáfrica están contemplando la posibilidad de retirarse de acuerdos de inversión que incluyan disposiciones referentes a la SCIE, o dejar que caduquen los existentes. Otros, como Alemania y Francia, podrían oponerse a la SCIE en nuevos acuerdos entre la Unión Europea y Norteamérica. Bolivia, Ecuador y Venezuela se han retirado de la convención del CIADI, con lo cual no es posible utilizar ese foro para interponer demandas contra ellos.
Para programar entrevistas, favor de contactarse con:
- En Montreal: Marie-Eve Marleau, Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), marie.eve(at)cdhal.org, 514-257-8710 x334
- En Ottawa/Gatineau: Jen Moore, Alerta Minera Canadá, jen(at)miningwatch.ca, 613-569-3439
- En Toronto: Jim Hodgson, The United Church of Canada, jhodgson(at)united-church.ca, 416-231-5931 x4013
Programación de actividades:
Montreal
lunes 11 de mayo, 6:30-9:00pm
Panel en francés: "Arrêtez les poursuites! L’affaire OceanaGold ou comment des tribunaux internationaux peu connus menaçent les droits des peuples" con Nathalie Guay, CSN y RQIC
Alternatives, 2do piso, 3720 Av. Du Parc
Ottawa-Gatineau
martes 12 de mayo, 6:30-8:30pm
Panel en inglés con Yanira, Marcos y el Canadian Centre for Policy Alternatives
25One Community
251 Bank Street, 2do piso, Ottawa
miércoles 13 de mayo, 11:30am-1:00pm
Panel en inglés: “Whose Rights Are We Protecting?”
CCIC y CAIDP Congreso “International Cooperation Days”
Place du Centre, Blvd Maisonneuve, Gatineau
miércoles 13 de mayo, 1:00-2:00pm
Panel en inglés con la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa (Canadian Network on Corporate Accountability - CNCA): “When mining hurts development: addressing harm, achieving remedy”
CCIC y CAIDP Congreso “International Cooperation Days”
Place du Centre, Blvd Maisonneuve, Gatineau
miércoles 13 de mayo, 6:00-8:00pm
Panel en español: “Tratados de libre comercio y otras amenazas a los derechos humanos en El Salvador”
McNabb Community Centre, Sala de Reuniones C, 180 Percy St., Ottawa
Toronto
jueves 14 de mayo, 7:00-9:00pm
Estreno en Toronto del documental “Crude Gold” y charla en inglés
Beit Zatoun, 612 Markham St, Toronto
viernes 15 de mayo, 12:00-1:00pm
Actividad de teatro popular con la Red de Solidaridad contra la Injusticia Minera: “Stop the Suits, Close the (Kangaroo) Court!”
Distrito financiero de Toronto, 151 Yonge St.
viernes 15 de mayo, 6:00-8:00pm
Panel en español
Casa Maíz, 1280 Finch Ave. West Unit #204, Toronto
Antecedentes:
Los últimos tres presidentes de El Salvador han mantenido una moratoria a la minería debido a la amplia oposición nacional contra la minería metálica. Desde los poblados rurales hasta las instancias más altas de la Iglesia Católica, la población salvadoreña se muestra preocupada por los efectos nocivos que la minería aurífera podría ocasionar a las comunidades agrícolas locales y para los usuarios de agua río abajo, en un país que depende mayormente de un único suministro hídrico que de por sí se halla sobrecargado. Entre el 2009 y el 2011, fueron asesinados cuatro pobladores que se habían pronunciado en contra de la minería repetidas veces, y los asesinatos parecen estar vinculados a su activismo.
La demanda interpuesta ante el CIADI, que transcurre en un contexto muy alejado de cualquier proceso democrático o sistema jurídico, busca frenar las importantes decisiones sobre proyectos y políticas referentes a la mega minería en El Salvador. En particular, existe un proyecto de ley orientado a prohibir la minería metálica que se ha visto atascado en la Asamblea Legislativa durante años. A su vez, las comunidades afectadas por la minería carecen de acceso a la justicia por los daños que han sufrido. De igual manera, sus apelaciones sobre derechos humanos o el medio ambiente tampoco se han considerado relevantes en el sistema de tribunales estrictamente comercial del CIADI. Ante esta situación, las comunidades están comenzando la reconstrucción de la soberanía de base, utilizando consultas municipales para declararse libres de minería. Tres municipios del departamento de Chalatenango ya han tomado esa decisión.
Para mayor información:
“Desenmascarando ocho falsedades de la minera Pacific Rim Mining/OceanaGold en El Salvador” (disponible en inglés y en español)
“Extrayendo ganancias en tribunales internacionales: lecciones para el tratado transpacífico” (disponible en inglés y en español)
“After Decades of Struggle, Salvadoran Communities Declare Territory Free of Mining” (disponible en inglés)
“La defensa del agua: el corazón de la lucha contra el neoliberalismo en El Salvador” (disponible en inglés y en español)
Auspician esta gira:
Alternatives, Canadian Union of Public Employees (CUPE), Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Fronteras Comunes, Council of Canadians, L'Entraide missionnaire, Red de Solidaridad contra la Injusticia Minera-Toronto, Alerta Minera Canadá, Oxfam Canada, Oxfam Quebec, Public Service Alliance of Canada (PSAC), Coalición Quebequense sobre los impactos socioambientales de las empresas transnacionales en América Latina (QUISETAL), Red Quebequense sobre la Integración Continental (RQIC), SalvAide, The United Church of Canada, United Steelworkers