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Honduras: Un cementerio sobre una montaña de oro enfrenta a un pueblo con una minera

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La Opinion (Los Angeles)

Los restos de cientos de personas se interponen entre las intenciones de la minera canadiense Aura Minerals de expandir sus operaciones para extraer oro en una mina a cielo abierto en la comunidad de Azacualpa y los habitantes del lugar

Los muertos del cementerio de Azacualpa descansan sobre una montaña de oro. Foto: KAREN SPRING / BBC

Por: BBC Mundo

Desde hace más de 200 años, los pobladores de Azacualpa entierran a sus familiares en el mismo sitio.

Se desconoce los restos de cuántas personas yacen en el cementerio pero sí que descansan sobre una montaña de oro.

Ello tiene enfrentados a los habitantes de esta comunidad del noroeste de Honduras con la minera canadiense Aura Minerals.

El conflicto es apenas el último de una serie en el país que involucra a humildes comunidades y grandes empresas, con las autoridades, locales y estatales, en el medio.

La industria minera, que cada año aporta el país entre US$100 y US$150 millones, es el detonante de un sinnúmero de pleitos.

En Azacualpa el origen del diferendo es la mina a cielo abierto de San Andrés, en operación desde 1983 y en manos de Aura Minerals, que la opera a través de la filial Minerales de Occidente S.A. (Minosa) desde 2009.

"La mina quiere quitarnos el cementerio y la comunidad no quiere eso”, le dice a BBC Mundo Genaro Rodríguez Montoya, fiscal del Comite Ambientalista de Azacualpa. Foto: AFP

El motivo de la actual escalada de tensión entre la comunidad y la minera se remonta a un acuerdo realizado en 2012 que todavía no se ha concretado.

“La minera no ha cumplido nada de eso. Quieren que nosotros demos todo y ello no dan nada. La mina quiere quitarnos el cementerio y la comunidad no quiere eso”, le dice a BBC Mundo Genaro Rodríguez Montoya, fiscal del Comite Ambientalista de Azacualpa.

El acuerdo

El convenio establecía que para agosto de 2015 Aura Minerals habría entregado 396 nuevas viviendas para los pobladores en la localidad de Palania, a unos 8 kilómetros de distancia.

A cambio, los habitantes de Azacualpa -unas 3.000 personas- se comprometían a autorizar individualmente el traslado del cementerio y permitir la identificación y reubicación de los restos.

La mina San Andrés emplea a 900 personas. Foto: KAREN SPRING

Rodríguez Montoya asegura que la minera no cumplió con la totalidad de la entrega y que las viviendas son más pequeñas que lo acordado.

Aura Minerals afirma que hasta que la comunidad no acceda a que los restos sean llevados a otra parte no se terminarán de entregar las casas.

En conflicto

Desde fines del año pasado un grupo de pobladores ha realizado bloqueos esporádicos a la mina como forma de protesta, llegando a detener la operación, y desde entonces ambas partes se encuentran enzarzadas en esta disputa en la que media el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).

“Ellos de ninguna manera han cooperado para acceder a relocalizar los restos”, le dice a BBC Mundo Jim Bannantine, director ejecutivo de Aura Minerals.

Bannantine reconoce que el asunto del cementerio “es delicado para cualquier comunidad” pero advierte que si su compañía no logra explotar esa área, la viabilidad del proyecto, que da empleo a 900 personas, está en riesgo.

De la mina San Andrés se extraen unas 80.000 onzas (2,2 toneladas) de oro al año y le genera a Aura Minerals ingresos anuales de US$100 millones.

La industria minera, que cada año aporta el país entre US$100 y US$150 millones, es el detonante de un sinnúmero de pleitos. Foto: AFP

“El cementerio es la diferencia entre que la mina opere por dos o tres años más o que lo haga por diez años”, explica, “y todos los empleos que genera la mina se acabarán si no se mueve”.

Aura Minerals reconoce la “tremenda importancia espiritual, religiosa y cultural” del cementerio y por ello asegura haber dedicado “grandes inversiones en tiempo y recursos” para investigar cuál es la mejor forma para realizar su traslado.

La compañía hace hincapié en que no tocará el cementerio hasta no recibir la aprobación de los familiares y que el proceso cuente con el visto bueno de la Conadeh y el Ministerio de Salud.

Este último, le aclara el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) a BBC Mundo, junto a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), dictaminaron que el camposanto por “sus condiciones físicas y geológicas corre un gran riesgo de venirse abajo”.

“Si hay un riesgo probado, nuestra opinión es el traslado del cementerio”, explica la subdirectora de minería del instituto, Ericka Molina.

El motivo de la actual escalada de tensión entre la comunidad y la minera se remonta a un acuerdo realizado en 2012 que todavía no se ha concretado. Foto: AFP

La funcionaria asegura que se tienen registros de 335 cuerpos pero no descartan que sean más porque no siempre se ha dejado constancia de los entierros.

El instituto forma parte de las mesas de diálogo y Molina rechaza las acusaciones de organizaciones no gubernamentales de que el gobierno termina poniéndose de lado de las mineras para garantizar que las inversiones sigan llegando al país.

“Categóricamente no, como gobierno hemos sido veedores y garantes del proceso de diálogo con todas las partes involucradas”, señala.

¿Coacción?

“Es difícil sino imposible llamar ‘negociación’ a este proceso porque claramente la comunidad está siendo coaccionada”, explica por su parte Karen Spring, de la Red de Solidaridad con Honduras (HSN, por sus siglas en inglés).

Spring es la autora del informe “Minería en un estado de impunidad: negociaciones coaccionadas y desplazamiento forzado por Aura Minerals en el occidente de Honduras” publicado el mes pasado en conjunto con la organización Alerta Minera Canadá (MiningWatch Canada).

Aura Minerals

“Aura Minerals y el gobierno de Honduras están fijando la mayoría, sino todas las condiciones del ‘diálogo'”, dice Spring mientras que Rodríguez Montoya describe un ambiente de “represión psicológica” durante los encuentros.

Molina rechaza que las autoridades favorezcan a las mineras: “Si fuera así ya el gobierno sin haberse sentado durante año y media hubiera autorizado el traslado del cementerio”.

Pero esta funcionaria admite que mientras el gobierno no debe “desconocer los derechos de lo pueblos”, también existe la responsabilidad de respetar “la seguridad jurídica de una inversión extranjera”.

“El país está abierto a la minería”, añade, “pero bajo un concepto de vinculación favorable con las comunidades donde los proyectos se encuentran.”