(Bozeman, Montana, EE.UU./Ottawa, Ontario, Canadá) Organizaciones de las sierras centro-sur de Ecuador instan a las autoridades a declarar los páramos que rodean la tercer ciudad más grande del país, libre de minería.
En una carta dirigida a funcionarios del gobierno federal y provincial, inhabitantes de la ciudad de Cuenca y alrededores indicaron su profunda preocupación por la futura integridad del ecosistema de páramos que rodean la ciudad dadas las actividades mineras propuestas. Este ecosistema andino representa una importante fuente hídrica para las comunidades aguas abajo ya que de ella dependen las actividades domésticas y agrícolas de esta población, tales como la producción de lácteos. A su vez, la presencia de los páramos es significativa en relación al cambio climático por su rol en la retención de carbono.
Se adjuntó a esta carta un informe pericial elaborado por Kuipers & Associates de EE.UU., basado en la revisión de estudios disponibles sobre los propuestos proyectos, Loma Larga de la empresa minera canadiense INV Metals y Río Blanco, la mina aurífera que propone la empresa china Junefield Mineral Resources. Kuipers recomienda que no se desarrollen las minas debido al alto riesgo de contaminación de los cuerpos de agua cercanos con arsénico y metales pesados, e importantes alteraciones en la calidad y cantidad de agua que podrían resultar de actividades mineras subterráneas en estos frágiles páramos. A su vez, Kuipers clasifica los dos proyectos mineros como de alto riesgo económico, lo que aumenta la posibilidad de que las empresas no inviertan en medidas de mitigación ambiental adecuadas y que los costos sociales y ambientales sean mucho más elevados que los beneficios.
Los grupos de la zona indican que el páramo del Macizo de Cajas debe declararse libre de minería ‘a fin de garantizar el derecho al agua, el derecho a la salud, la soberanía alimentaria y las actividades económicas de los ciudadanos/as de Cuenca y otras poblaciones afectadas’. Sostienen que de acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador, al igual que el trabajo paralelo en Colombia para hacer de este ecosistema vital un área libre de minería, urge que se aplique el principio de precautela para evitar daños ambientales.
Las empresas, INV Metals y Junefield, deberían haber perdido sus concesiones mineras de acuerdo al mandato constitucional del 2008 – llamado el mandato minero – que establece la extinción de concesiones mineras que hayan sido otorgadas sin consulta previa a las comunidades afectadas y si se superponen con fuentes de agua o áreas protegidas, entre otros criterios. Si bien este tipo de mandatos a nivel constitucional es obligatorio y no está sujeto a recursos de amparo o de revisión, las autoridades ecuatorianas no han ejecutado esta medida en este caso ni en otros.
El día de hoy el colectivo urbano Yasunidos Guanpondélig, junto a la Asamblea de los Pueblos del Sur, presentó la carta a las autoridades con casi 400 firmas individuales adjuntando el informe de Kuipers. Hace más de diez años que comunidades del área de Cuenca vienen luchando para proteger sus fuentes de agua ante las propuestas mineras.
Para mayor información:
• Lewis Gordon, EDLC, lewis(arroba)edlc.org, (406) 586-8294
• Jen Moore, Alerta Minera Canadá, jen(arroba)miningwatch.ca, (613) 569-3439
