(Guatemala/Montreal/Ottawa/Reno/Tatamagouche/Toronto/Washington, DC) Organizaciones de la sociedad civil canadienses y estadounidenses reciben con entusiasmo la decisión del Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica que Vancouver constituye el foro más adecuado para conocer una demanda civil contra Tahoe Resources por violencia hacia manifestantes pacíficos en contra de su mina de plata en Guatemala.

La decisión fue anunciada la semana pasada y permite el avance de la demanda por negligencia y agresión física que interpusieron los siete guatemaltecos que resultaron heridos por disparos en el 2013 en una manifestación pacífica contra Escobal, el proyecto argentífero de la empresa canadiense. Tahoe Resources está registrada en Columbia Británica y cuenta con oficinas en Reno. Cuando ocurrió el violento ataque, el único proyecto que tenía Tahoe era la mina de plata Escobal en el suroriente de Guatemala, la cual comenzó la etapa de producción comercial a principios del 2014.    

“Este proyecto ha sido un desastre desde el principio y ya era hora que se responsabilice a la empresa”, indicó Ellen Moore, de Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN). “Las comunidades se vienen oponiendo a la mina desde mucho antes que ésta empezara a operar, lo que llevó a la empresa a desarrollar una estrategia militarizada de seguridad para suprimir el disentimiento. Cundió el temor en las comunidades, y Tahoe aprovechó la situación para avanzar con el proyecto.”

“Casi un centenar de personas resultaron sindicadas con cargos infundados y algunas incluso han debido pasar meses en la cárcel antes de ser absueltas. El hecho que la seguridad privada de Tahoe Resources abriera fuego ante una manifestación pacífica en abril del 2013 demuestra que nada detendría a la empresa para garantizar que el proyecto siguiera adelante. Urge en este caso un poco de justicia de verdad”, agregó Becky Kaump de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA).

Unas pocas semanas antes del tiroteo, el Ministerio de Energía y Minas había aprobado la licencia de explotación del proyecto sin considerar los más de 200 recursos presentados por pobladoras/es en base a inquietudes que la mina afectara negativamente su salud y entorno. El ministro, que renunció en el 2015, se ha visto implicado en un escándalo de corrupción en Guatemala y actualmente está prófugo en Estados Unidos. Mientras tanto, se ha documentado evidencia de casas con grietas, escasez de agua y una notable contaminación ambiental en los alrededores de la mina.

“La impunidad reina en Guatemala. Celebramos la decisión que indica que Canadá es el lugar más apropiado para tratar estos abusos,” agregó Kelsey Alford-Jones del Centro para el Derecho Internacional Ambiental.

“Llevamos años acompañando a comunidades afectadas por la minería en Guatemala y nos alienta que el tribunal haya considerado seriamente la precaria situación del sistema jurídico en Guatemala, sobre todo en casos donde entran en juego poderosos intereses económicos y políticos", indicó Lisa Rankin, de la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas de Canadá y Guatemala. “En base a lo que hemos observado, concurrimos con el tribunal de apelaciones en que si la causa no se conoce en Canadá, puede que no haya justicia para las víctimas.”   

Es la primera vez que un tribunal de apelaciones canadiense acepta una demanda sobre las operaciones en el extranjero de una empresa minera canadiense por ser Canadá el foro legal más apropiado para conocerla, en base al concepto jurídico conocido como “fórum non conveniens”. La causa contra Tahoe Resources se suma a varias otras que se encuentran en los tribunales canadienses, incluyendo tres contra HudBay Minerals por su negligencia en cuanto a la violencia en el oriente de Guatemala y otra contra Nevsun, también por negligencia en relación al uso de mano de obra esclava en Eritrea.

“La decisión es transcendental. Es primordial que los tribunales canadienses estén disponibles para hacer justicia dada la prevalencia de los conflictos violentos y daños vinculados a las operaciones de la minería canadiense en Guatemala, Latinoamérica y en todo el mundo”, dijo Jackie McVicar de United for Mining Justice.

“Es admirable la valentía de los querellantes guatemaltecos al presionar para que se haga justicia en contra de una empresa que ha reaccionado despiadadamente ante la oposición pacífica contra el proyecto Escobal. Expresamos nuestro apoyo continuo en esta dura y larga batalla, y nuestro júbilo ante el hecho que está avanzando”, señaló Caren Weisbart de la Red de Solidaridad contra la Minería Injusta.

“Buenas noticias como ésta son muy necesarias cuando la represión y la violencia selectiva contra comunidades que luchan por su tierra y su bienestar se han vuelto la norma. Reafirma nuestro compromiso de seguir luchando por el respeto a la autodeterminación de las comunidades y por mayores protecciones jurídicas para las poblaciones afectadas por la industria minera globalizada de Canadá”, concluyó Jen Moore de Alerta Minera Canadá.

Pinche aquí para ver el comunicado de los abogados y querellantes de la causa.

Contactos:

• Lisa Rankin (Guatemala, Guatemala) - Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas de Canadá y Guatemala, +011 (502) 4906-5626, btscoordinator(arroba)gmail.com
• Jen Moore (Ottawa, Canadá) - Alerta Minera Canadá, 613-569-3439, jen(arroba)miningwatch.ca
• Caren Weisbart (Toronto, Canadá) - Red de Solidaridad contra la Minería Injusta, caren.weisbart(arroba)gmail.com
• Becky Kaump (Guatemala, Guatemala) - NISGUA, +011 (502) 5575-2058, becky(arroba)nisgua.org
• Ellen Moore (Reno, Estados Unidos) - PLAN Nevada, 775-348-7557, emoore(arroba)planevada.org
• Jackie McVicar (Montreal, Canadá) - United for Mining Justice, 902-324-2584, unitedforminingjustice(arroba)gmail.com
• Kelsey Alford-Jones (Washington, DC, Estados Unidos) - Centro para el Derecho Internacional Ambiental, 202-742-5854, kalford(arroba)ciel.org