El 1 de marzo de 2019, 30 organizaciones ecuatorianas escribieron una carta abierta a la compañía minera canadiense Cornerstone Capital Resources. Su carta denuncia sus actividades de exploración en curso y destaca sus esfuerzos a nivel nacional para resistir a la compañía.

La compañía tiene actividades de exploración en curso en las provincias de Imbabura, Carchi, Azuay y Loja.

La carta explica:

[Translated by Kirsten Francescone, MiningWatch Canada’s Latin America Coordinator]

¿QUÉ ESTÁ DETRÁS DE LAS ACTUACIONES DE LA EMPRESA JUNIOR CORNERSTONE CAPITAL RESOURCES INC, EN ECUADOR?

PRONUNCIAMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS Y COLECTIVOS SOCIALES QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS Y LA NATURALEZA, EN ECUADOR

Ecuador, 1 de marzo de 2019

La empresa de exploración minera canadiense Cornerstone Capital Resources Inc. está afectando negativamente, con su presencia y actividades exploratorias, a varias provincias del Ecuador: Carchi, Imbabura, Azuay y Loja.

En la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi, esta empresa, conjuntamente, con la empresa nacional minera, realiza exploración inicial en el proyecto Río Magdalena 1 y 2, ubicados en la parroquia García Moreno de la zona Intag-Manduriacu, interceptando el Bosque Protector Los Cedros (el proyecto cubre el 68% de este bosque) y el límite sur de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, poniendo en riesgo al mencionado Bosque Protector y decenas de especies en peligro de extinción (como el mono araña de cabeza café). Asimismo, atenta contra la integridad de la Reserva Manduriacu, ubicada en las inmediaciones de las concesiones mencionadas.

De acuerdo a medios de comunicación nacionales, el personal de Cornerstone y Enami asegura que en la etapa de prospección minera no se produce impacto alguno porque el personal camina entre trochas existentes y no requiere de campamento permanente sino solamente de temporales), sin embargo, denuncias de la población en contra de la empresa por tala de tala de árboles nativos y apertura de caminos en el bosque protector Los Cedros, ya han sido presentadas.

La intervención de Cornerstone, en estos dos proyectos potencialmente afectaría a las comunidades Brilla Sol, Magdalena Alto, San José de Magdalena, El Paraíso, El Corazón, Río Verde, Cielo Verde y Santa Rosa. Estas comunidades se ubican río debajo de dichas concesiones y temen que sus fuentes de aguas y la vocación agrícola y turística de la zona sean afectadas por el proyecto minero.

Por otra parte, Cornerstone, con la misma empresa minera nacional, interviene en las concesiones Playa Rica 1, 2 y 3, las mismas que comprometerían 13.300 hectáreas de las parroquias Cuellaje y Peñaherrera, ubicadas en la misma zona de Íntag-Manduriacu.

Estas concesiones afectarían, además de la cabecera parroquial de Cuellaje y a las siete comunidades que conforman la parroquia: El Rosario, Magdalena, San Joaquín, Playa Rica, Nápoles y San Antonio. Además de que se verían comprometidas decenas de micro cuencas que alimentan el Río Cristopamba y miles de hectáreas de reservas hidrológicas comunitarias creadas para conservar el agua y la biodiversidad. Cabe señalar que los alrededores de la zona de San Antonio de la parroquia Cuellaje, es la única zona en que se halla la especie de rana conocida como “Rana Príncipe Charles”.

Habitantes de Cuellaje temen la afectación a la salud de los pobladores, la destrucción de cultivos y bosques y con ello, la pérdida de fuentes ocupacionales como la agricultura, el turismo y más actividades productivas locales; sin mencionar la conflictividad social a la que está dando lugar la actividad exploratoria de la empresa: confrontaciones familiares y comunitarias, que atentan contra las genuinas organizaciones sociales locales.

Cuellaje es la parroquia, cuyos miles de habitantes han manifestado reiteradamente en asambleas públicas, su rechazo a la presencia de empresas mineras. Más aún cuando la provincia de Imbabura ha obtenido del Ministerio de Turismo la calificación para ser “Geoparque Mundial”1.

En la provincia de Carchi, la empresa Cornerstone junto a la empresa nacional minera explora en el denominado proyecto Espejo, que afecta el 92% del Bosque Protector Cerro Golondrinas, ubicado en las parroquias Chical, Maldonado y Goalta, caracterizado por sus cascadas y vertientes y su alta diversidad de flora y fauna silvestres. Este bosque provee de agua a 13.000 familias de las parroquias mencionadas, dedicadas a la agricultura.

Ante estas concesiones, en asamblea parroquial de Chical, realizada en julio de 2017, las y los pobladores de la parroquia resolvieron pronunciarse por “no a la minería”. Igualmente, uno de los vocales del gobierno parroquial de Maldonado manifestó que existe inconformidad en esa parroquia ante la concesión del Cerro Golondrinas y más áreas del sector2.

Por su parte, comunidades y organizaciones sociales del norte del país, participaron una gran marcha anti-minera, en abril de 2018, con la consigna “fuera Cornerstone fuera”. Contexto en el cual las comunidades del noroccidente del Carchi, la gran familia Awá binacional (ecuatoriana-colombiana), la comuna Pasto La Esperanza, el Consejo de Comunas de Montufar denunciaron en un comunicado público, la incursión ilegítima e irregular de empresas mineras en sus territorios, así como la campaña de desinformación de Cornerstone y de funcionarios públicos, respecto a las consecuencias de la mega- minería metálica.3

Ante estas arbitrarias las comunidades y organizaciones mencionadas exigen dejar sin efecto las concesiones mineras, pues han sido otorgadas sin respetar los derechos humanos de los pueblos campesinos, indígenas, montubios y urbanos de la zona; la reversión de las áreas concesionadas en territorios indígenas, fuentes y nacimientos de agua, zonas de recarga hídrica, zonas especiales para la conservación, en ecosistemas frágiles y en bosques protectores que conservan los últimos remanentes de vegetación en el noroccidente del país; exigen la no imposición de un modelo minero a poblaciones que se reconocen como agricultoras y que se dedican a actividades alternativas como el turismo. Estas demandas no se restringen a la población de Carchi, sino que recogen el clamor nacional de oposición a los proyectos mineros que violentan derechos humanos y colectivos, en todo el país.

A pesar de estas expresiones de la población en contra la presencia de Cornerstone, esta empresa y funcionarios del gobierno están permanentemente en el territorio, confundiendo, engañando y dividiendo a la población. Más aún, sin conocimiento ni consentimiento de las comunidades ingresan a los predios de quienes se oponen a su presencia.

En la provincia del Azuay, en las zonas de Santa Isabel, Girón, San Fernando, Pucara, y Cuenca, la empresa enfrentó la resistencia activa de la población local desde 2006 y tuvo que prescindir de varias concesiones. De las más de 50.000 has que poseía en 2009, en la actualidad cuenta con 2.300 has y enfrenta la resistencia de la población local.

En la provincia de Loja, junto a la empresa Soldgold, Cornerstone está interviniendo en la concesión Caña Brava en el cantón Loja, parroquia Gualel en una superficie de 1.150 hectáreas, realizando exploración avanzada. Igualmente, en asociación con esa misma empresa, realiza exploración inicial en el proyecto Tíoloma, en una superficie de 4.950 hectáreas. Adicionalmente, en la concesión Bramaderos en el cantón Paltas realiza exploración avanzada en una superficie de 4.948 has.

En esta provincia, la cordillera de Fierrourco es una zona de páramos donde brota abundante agua que alimenta a cuatro cuencas hidrográficas del sur del Ecuador, por lo que es considerada una estrella hídrica y en caso de afectarse ocasionaría una catástrofe ambiental, que afectaría sistemas de agua para consumo humano y para riego, y destruiría las zonas de cultivo que dan vida a las comunidades, así como al bosque de páramo, a la ceja andina, y a lagunas como la de Siriguiña.

Este territorio de Gualel concesionado a la Cornerstone es un asentamiento de comunidades ancestrales de origen Palta, que realizan actividades agropecuarias de auto- sustento. La presencia de la empresa minera ha sido a través de engaños y actualmente está provocando división en la población local, cooptando a determinados dirigentes de los sistemas de agua locales, intentando resquebrajar su tejido social histórico. (A ello, se suma sus auspicios políticos y financiamiento para campañas electorales, que incluye la repartición de bienes, para lograr la adhesión de la población a sus proyectos).

En enero y febrero de este año, moradores de Gualel han denunciado, al igual que en la provincia de Carchi, la presencia de helicópteros dotados con equipos electrónicos de exploración, sobrevolando la zona concesionada, sin contar con los permisos correspondientes. Además, en el presente año, han llegado amenazas de muerte a moradores líderes defensores del medio ambiente de la parroquia de Gualel.

Frente a este peligro los pueblos de Fierrourco se han congregado y durante los últimos tres años han realizado cuatro encuentros en los que han expresado su voluntad de defender las fuentes de agua, bosques y tierras de cultivo, y agotar todas las instancias para declarar la zona libre de minería metálica.

“Están atentando a las cuencas hídricas, a las vertientes de donde nace el río Gualel, es nuestra gran preocupación ... solicitamos que se vaya fuera Cornerstone de nuestro territorio porque atenta al agua, al medio ambiente, a la flora y a la fauna”,afirma campesino de Gualel (Loja, febrero de 2019).

Preocupa que entidades oficiales del Gobierno pronuncien un discurso de oportunidades mineras en Ecuador sin tomar en cuenta la grave afectación a la riqueza natural y ecosistémica de nuestro país y la diversidad cultural que en ella se reproduce. La Constitución de la República reconoce y dispone el respeto de los derechos de la naturaleza, pues de la permanencia e integridad de ríos y bosques depende el buen vivir y la soberanía alimentaria de ecuatorianas y ecuatorianos.

Nos ofende que entidades oficiales ecuatorianas y empresas mineras como Cornerstone hablen solamente de los supuestos beneficios de la minería a gran escala, ocultando los perjuicios ambientales y sociales que efectivamente ya están experimentado las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de las áreas concesionadas, así como de los posibles graves impactos que una posible etapa de explotación minera ocasionaría.

Este tipo de eventos que pretenden traer inversiones mineras al Ecuador exacerban el clima de malestar y conflictividad social que ha experimentado el país durante años de intervención minera. Es importante mencionar que, a pesar de las decisiones mineras tomadas por los sucesivos gobiernos, el 4 de febrero de 2018, durante la consulta nacional, el 69% de la población ecuatoriana expresó su voluntad de proteger las áreas naturales frente a la actividad minera.

No es posible que el poder económico y político minero transnacional, maquillado de “minería responsable” y con el respaldo de los gobiernos, continúe atropellando a la población y nuestros preceptos constitucionales; destruyendo los territorios ecuatorianos, ríos y vertientes de agua, enfermando nuestros valiosos ecosistemas y afectando la gran riqueza sociocultural que en ellos se asienta.

La comunidad internacional no puede sucumbir ante el falso imaginario creado por el poder económico minero transnacional que ahora pretende instalarse en Ecuador.

Las mujeres y hombres del mundo debemos asumir plenamente nuestro derecho a la verdad y a ejercer, de manera responsable y compartida, la defensa de la naturaleza, del agua y del planeta y no dar paso a intereses particulares de empresas que buscan sus réditos económicos, empleando para ello, falsos discursos de supuestos “beneficios nacionales”.

Basta con visitar el territorio amazónico de Tundayme, para verificar la pérdida irreversible de miles de hectáreas de bosques tropicales donde moraban especies endémicas de valor científico incalculable, así como la contaminación y destrucción de cientos de nacimientos de agua dulce que amenazan la integridad de la cuenca amazónica. Todo ello, provocado por las actividades mineras del proyecto “Mirador”, en el que aún no se inicia la explotación minera. A ello, se suma el despojo de tierras y desalojo violento que sufrieron decenas de familias indígenas y campesinas, así como el inminente riesgo de desplazamiento forzado, que sufren las comunidades indígenas Shuar de la Cordillera del Cóndor.

Todas estas son razones suficientes para afirmar que la minería a gran escala es imposible en nuestros ecosistemas, y por ello, las organizaciones firmantes, RECHAZAMOS la presencia de la empresa Cornerstone en Ecuador.

Comunidades y organizaciones ecuatorianas firmantes:

• Confederación Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI
• Corporación de Pueblos kichwas de Saraguro, CORPUKIS

• Colectivo Defensores del Agua y la Vida de Loja

• Juntas de Riego Gualel

• Comités de Agua de Gualel

• Comité de Defensa del Agua en Gualel

• Comuna de Sinangoe

• Junta Parroquial de Cuellaje

• Yasunidos Piñas

• Acción Ecológica

• Defensa y Conservación de Íntag, DECOIN

• Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OSMASNE

• Parroquia El Chical - Carchi

• Comunerxs de Las Juntas – Carchi

• Centros de la Nacionalidad Awá – Gualpi Alto, Gualpi Medio, Gualpi Bajo, Río

  Tronquería

• Colectivo Caminantes

•  Red de Medios Digitales

• Comunidad Cordillera del Cóndor, CASCOMI

• Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU

• Mancomunidad del Chocó Andino

• Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el

  Medio Ambiente, CEDENMA

• Grupo Kanaka

• Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas,REDCONE

• Yasunidos Guapondelig

• Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag, ACAI

• Colectivo Mindo es Vida

• Pastoral social Cáritas de Loja

• Asamblea de los Pueblos del Sur
• Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, AUCC
• Coordinadora de Mujeres de Íntag