FEBRERO 22, 2019 10:26 AM | ERICK CARVAJAL
Óscar Arias, expresidente de la República en dos ocasiones (1986-1990 y 2006-2010). Archivo CRH/Con fines ilustrativos
Carla Bonilla Ballestero, jueza que solicitó el sobreseimiento a favor del expresidente Óscar Arias, en el caso Crucitas, indicó en su resolución que pese a que se contaba con pruebas que vinculaban al exmandatario a los hechos, nunca se le indagó en los plazos que se debía hacer.
La resolución fue dada a conocer la noche del jueves 21 de febrero y en la misma se hace ver que los delitos denunciados contra Arias Sánchez ya estaban prescritos.
“En el caso de marras llama poderosamente la atención de que a pesar de que Óscar Arias Sánchez figuró desde hace varios años como persona de interés para lainvestigación de la sumaria 08-000011-033-PE y se contó con diversas probanzas que lo vinculaban con los hechos denunciados no se le indagó dentro de los palzos de vigencia del delito que se le imputaba (prevaricato); siendo que al no haberse realizado gesión alguna de imputación -como primer acto de formal interrupción- es lo que genera que la causa continuara con el transcurso normal del tiempo y feneciera fatalmente, sin que se logre acreditar”, indicó la jueza Ballestero.
El exmandatario fue acusado de dos presuntos delitos de prevaricato al firmar en 2008 un decreto de conveniencia nacional para beneficio del proyecto minero que procuraba realizar la compañía canadiense Infinito Gold Mining en Cutris de San Carlos.
La causa contra Arias Sánchez fue separada del expediente por el Ministerio Público, en momentos que el Fiscal General era Jorge Chavarría. Chavarría nunca indagó a Arias y aseguró que todo se hacía con el fin de “esperar una prueba que se había solicitado a Canadá”.
El expediente 12-000124-0621-PE seguido contra Arias por posible prevaricato se abrió tras una denuncia hecha por Mining Watch Canada.
En se momento se señaló que, aparentemente, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso recibió una donación de $200 mil por parte de Infinito Gold, justo días antes de que se firmara el decreto de conveniencia nacional.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó desestimar –en setiembre de 2014– la causa contra Arias al considerar que no existían pruebas para una imputación.
Dicha decisión fue tomada pese a que en aquel entonces existía la posibilidad de negociar con el país norteamericano para que entregara nueva documentación para el caso.
Pese a que la información se consideró necesaria para esclarecer el caso, la Fiscalía General liderada Chavarría evitó seguir con la solicitud de ampliación de la prueba. En 2015, un juzgado penal dictó sobreseimiento.
En el 2014, Chavarría dijo que no se tenían pruebas para acusar a Arias.
“Señalamos las responsabilidades penales que correspondían conforme a la prueba, en el caso del expresidente Arias señalamos la insuficiencia probatoria que teníamos para establecer su responsabilidad”, dijo el exfiscal Chavarría el 3 de noviembre del 2014.