(Ottawa) Ayer, Vicente Ribadeneira, el juez de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones en Quito, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la consulta popular en curso en Girón. El juez aceptó una petición para medidas cautelares que había sido presentada por el grupo pro minero "Unidos para el Desarrollo en los Cantones de Girón y San Fernando", quienes argumentan que el referéndum va en contra de sus derechos constitucionales. La suspensión es temporal hasta que el país reciba una decisión del Tribunal Constitucional sobre este asunto. Esta acción fue denunciada de forma inmediata por organizaciones locales (pronunciamiento disponible en esta nota).
MiningWatch Canada denuncia firmemente cualquier acción tomada por la empresa minera canadiense, INV Metals, que podría haber influido en las decisiones tomadas hoy.
Como hemos informado durante el mes pasado, la compañía ha participado en una campaña agresiva para negar la legitimidad del voto "No" en este proceso de la consulta. En principio, ellos argumentaron que la oposición al proyecto era mínima y luego que la oposición en Girón era insignificante para el desarrollo del proyecto. El 13 de febrero, INV Metals publicó que consideraba que el voto del referéndum era "inconstitucional" y que "consideraría nuevas acciones legales ..." y señaló que "otros desafíos de los grupos locales en contra de la constitucionalidad del referéndum propuesto y las acciones del CNE también están en marcha."
Nos preocupa mucho el segundo pronunciamiento y rechazamos enérgicamente cualquier acción tomada por la empresa para fomentar iniciativas locales, mociones y acciones que aumenten el estado general de tensión y conflicto entre las comunidades afectadas.
MiningWatch también informó que la empresa amenazó en los medios de prensa ecuatoriano que el arbitraje internacional era una opción en el caso de que el referéndum generaba problemas para el desarrollo futuro del proyecto. Esta amenaza fue repetida por el Viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, en la reciente conferencia anual de la Asociación de Prospeccion y Desarrollo Minero de Canadá (PDAC por sus siglas en ingles) en Toronto. Señaló, cuando respondía a una pregunta sobre el carácter vinculante del proceso de consulta en curso en Girón, que el referéndum podría potencialmente "resultar en una demanda internacional contra el país en el futuro". Fue muy preocupante escuchar a Benalcazar continuar con declarar la voluntad del gobierno de "acudir al Ministerio del Interior" en el caso de que manifestaciones o protestas para bloquear proyectos mineros que se consideran de "interés nacional" se presentasen.
Este tipo de amenazas provocan y / o alientan a los gobiernos a usar la fuerza para reprimir las protestas con el fin de evitar indemnizaciones millonarias. Al mismo tiempo, ponen en riesgo directo a los defensores del medio ambiente de ser criminalizados en el caso de optar para defender sus territorios y fuentes de agua contra la extracción minera.
MiningWatch repudia enérgicamente estas amenazas de arbitraje internacional que la empresa plantea hacia al gobierno ecuatoriano.
Ayer, la compañía emitió una declaración oficial en respuesta a la decisión del juez y aplaudió la decisión. El CEO Candace MacGibbon declaró:
INV Metals ha sido asesorado por su asesor legal, respaldado por desafíos anteriores del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, de que el referéndum no es constitucional, según los artículos 261 y 438 de la Constitución ecuatoriana. El artículo 261 establece que "el Estado central tendrá jurisdicción exclusiva sobre ... recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, recursos hídricos, biodiversidad y recursos forestales", mientras que el artículo 438 establece que "el Tribunal Constitucional emitirá un fallo previo y vinculante de constitucionalidad en Los siguientes casos, además de los estipulados por la ley: 2. Convocatorias a referendos a nivel nacional o de gobiernos autónomos descentralizados.
Su posición es clara y resuena con la postura problemática del gobierno central. El proyecto pasará si el gobierno dice que lo hará, independientemente de lo que las comunidades afectadas deseen para sus territorios.
Rechazamos esta lógica que nos hace pensar en una excavadora. Sólo traerá conflicto y violencia. Exigimos que INV Metals respete la posición de las comunidades locales en Girón y en otros lugares y que cese sus actividades.
Finalmente, apoyamos a las comunidades del Cantón de Girón y las demás comunidades afectadas cercanas al sitio de la mina Loma Larga que, durante más de una década, han expresado su oposición a la minería metálica en sus territorios.
Hace apenas un año (febrero de 2018), los residentes locales y regionales han rechazado la minería. Hace apenas diez meses, en febrero de este año, las comunidades en la región de Kimsakocha votaron abrumadoramente en oposición mayoritaria a la minería de metales en un referéndum popular. Cuando se les preguntó si estaban a favor de enmendar la Constitución ecuatoriana para prohibir, sin excepción, la minería metálica en todas sus fases en áreas protegidas, áreas "intangibles" (áreas de importancia cultural) y centros urbanos, residentes de la provincia de Azuay (la provincia donde se encuentra Loma Larga) votaron a favor de prohibir la minería (72% en general, y mayor en los cantones de Girón, Cuenca y San Fernando).
A pesar de una oposición generalizada, la empresa afirma que tienen una fuerte licencia social para operar en la regió y ayer pronunciaron que estan "extremadamante contentos con la decision" del juez. Sin embargo, sus acciones hablan más fuerte que sus pronunciamientos oficiales. Están utilizando todos los medios a su disposición para garantizar que los posibles inversores se queden en la oscuridad sobre la fuerza del movimiento de oposición a la minería en Girón y los cantones circundantes. Pero la oposición a la minería en la región solo está creciendo y la acción de hoy simplemente revela las bases débiles sobre las cuales INV Metals intenta sentarse.
Contacto:
- Kirsten Francescone, Coordinadora del programa para Latinoamérica, MiningWatch Canadá, kirsten(a)miningwatch.ca