(Chiapas, México City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, e integrante de REMA, fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

Lo anterior, fue señalado en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca.  La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para acallar las protestas en la comunidad, aún cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida, que finalmente concluyo al ser asesinado. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación.”

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que, las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos identificados por los querellantes, no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria y profunda a pesar de que la ley le exige usar como criterio de revisión el interés público, para garantizar una fiscalización pública adecuada sobre las acciones de los funcionarios públicos de Canadá relacionadas con los conflictos mineros ocasionados alrededor del mundo. 

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá, tal como recurrentemente sucede en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se les percibe cada vez con mayor desconfianza,” afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de por qué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá, y sobre las cuales, los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano. 

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá propaga y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal. 

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan a facilitar las operaciones de empresas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia.”

Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propio gobierno.” 

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá, presentamos una queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciamos nuestra intención de llevar la denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendamos nuestro compromiso para lograr se efectúe la rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, estamos preparándonos para ejercer nuestro derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación. 

Para mas información: 

• Yavar Hameed, Hameed Law, [email protected], (613) 627-2974
• Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, [email protected], 250-572-2625
• Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), [email protected]

Antecedentes 

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire. 

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todas las partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos: 

• Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá. 
• Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.
• Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.